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16 noviembre, 2016

Cannabis medicinal: «El Estado tiene que garantizar que la sustancia es segura»

En la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de ley para legalizar el uso medicinal del cannabis en casos de epilepsia refractaria. Marcelo Morante, doctor especializado en el tema y profesor de la UNLP analizó los alcances de la normativa.

Marcelo Morante, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que viajó a Canadá en 2014 para especializarse en el uso legal del cannabis medicinal y el rol de Estado en este proceso fue entrevistado por Radio Sur.

Actualmente, Morante participa de las jornadas de debate en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde avanza un proyecto de ley para permitir el uso del cannabis en tratamientos médicos. El mismo es impulsado por el Frente para la Victoria que ya tiene dictamen de la Comisión de Salud, un escenario que el investigador calificó como “trascendente”, debido a la profundidad y masividad que ha alcanzado la problemática.

– Los fundamentos del proyecto tienen que ver con que es un avance medicinal, ¿cuál es la oposición que se plantea a esta ley?

– El dictamen está intentando dar respuesta a una patología bien particular que es la epilepsia refractaria y que se trata con un aceite puntual que actualmente entra desde Estados Unidos. Yo me formé en otro tipo de mirada que es el del 90% de las organizaciones del mundo que trabajan este tema, que tiene que ver con el tratamiento del dolor y del cáncer.

El proyecto avanza en dar una respuesta pero va a ser muy parcial si se concentra el uso únicamente para casos de epilepsia refractaria. Si bien son situaciones muy dolorosas para la familia, en muchas partes del mundo se ha comprobado que no es la única indicación médica para el cannabis medicinal.

– ¿Qué ejemplos en el mundo hay para la utilización del cannabis en el tratamiento de dolores de otras enfermedades?

– Yo me formé en el sistema canadiense, que para mí es uno de los que mejor respuesta brindaron. Ya en el 2014 había 40 mil pacientes tratados. Esto lo menciono porque el dictamen que llega a la Cámara de Senadores bonaerense plantea un proyecto para cientos de pacientes cuando hay una necesidad realmente para miles.

Esto va a ser trascendental en el momento que el Estado defina cuál va a ser la fuente de la sustancia, porque va a ser distinto si la tienen que buscar para cientos de pacientes o para miles de pacientes. Eso va de la mano con si se tiene en cuenta el autocultivo como una prioridad para poder dar esta respuesta.

– ¿De dónde se plantea sacar el cannabis para hacer el aceite de uso medicinal?

– Para que uno hable de cannabis medicinal tiene que haber una fuente legal de la sustancia. Lo que hay que definir es cuál va a ser esa fuente porque es indudable que necesitamos una planta estandarizada en el caso del uso medicinal. Entonces esa pregunta nos lleva a otras: ¿qué vamos a responder cómo Estado? ¿Sólo los casos de los epilépticos refractarios? Porque si es así probablemente la respuesta pueda ser “importar un aceite”.

Si realmente queremos responder a la problemática de salud en cuanto a dolor y cáncer es indudable que el Estado tiene que tomar un rol y la generación de esa sustancia tiene que ser de índole nacional, llámese producción nacional de medicamentos, cultivos sociales, autocultivos. Creo que la respuesta debe ser mucho mayor. Mi incógnita y la de muchos tiene que ver con que si el Estado va a dar una respuesta parcial o una respuesta real a la problemática.

– En algunos estados provinciales, como en Chubut, se incorporó el aceite de cannabis al vademécum de la obra social estatal para que pueda ser entregado en hospitales públicos. La Pastoral Social apoyó el uso de cannabis para tratamientos relativos a las dolencias y como contrapartida tenemos la detención de un médico en Jujuy, el fundador de la primera clínica de cannabis del país, por una fuerza de seguridad nacional. ¿Qué reflexión te merece esta situación?

– Esperamos que los legisladores lean bien la realidad y la actualidad de país. En este país ya hay un uso terapéutico, aún cuando la ley prohíbe, criminaliza y hasta mete preso a alguien que lleva aceite de cannabis. Esa contracara entre lo que es evidencia científica y lo que es nuestra ley nos lleva a estar discutiendo sistemáticamente lo que no es correcto.

La ley tiene que respetar la realidad del país como en otros países de la región que están haciendo uso del cannabis terapéutico. El Estado se tiene que hacer presente pero no con el poder de policía para meter preso a un médico, que es la forma más inoportuna. El Estado tiene que ser el que nos asegure que la fuente de la sustancia debe ser segura para los pacientes que van a utilizarla.

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Dr. Marcelo Morante, especializado en cannabis medicinal

– ¿Y cuál sería una fuente segura?

– Una fuente segura tiene que tener estándar de calidad médica. Esto es una planta definida científicamente con unas condiciones de cultivo y cuya flor tenga los constituyentes en las proporciones que nosotros consideramos necesarias para tal o cual patología. Y a su vez, debe estar libre de contaminantes. Esas dos circunstancias es lo que las vuelve una fuente segura. Sumado a la indicación y el control médico, que nunca puede faltar. Son condiciones básicas que el mundo ya definió para hablar de uso medicinal. Ninguna de estas condiciones están hoy en la Argentina.

– ¿Quién debería encargarse de eso?

– Respondo como hizo Canadá. Cuando ese país tuvo esta situación en el año 2001 permitía el autocultivo de una semilla que el Estado proveía a los cultivadores y lo que hacía era controlar los cultivos. Es decir, te mandaba al ingeniero a tu casa, te controlaban la cantidad de plantas que tenías, las condiciones de cultivo y si estaban libres de contaminantes. El Estado siempre estaba presente, aún con el autocultivo, a través de un registro y un control de la calidad de la sustancia.

Cuando hablamos del autocultivo no decimos que el Estado no tiene que estar presente y que el paciente en soledad cultiva una planta. Lo que dice es que el Estado está presente en todo momento del proceso y cuando él no la puede producir de forma general, le permite al paciente que tenga a la sustancia en su casa, pero el Estado controlando.

– ¿Qué opinas del caso de Uruguay dónde optaron por el camino de la legalización del consumo y el Estado permite su producción en clubes de cultivadores y su venta en farmacias?

– Uruguay se hizo cargo de todo el proceso de mercado para controlarlo ya que estaba en manos del narcotráfico, con las situaciones de violencia que generaba. Ahora el Estado está presente en toda la regulación tanto en el uso medicinal como el uso recreacional, haciéndose presente en la producción, la elaboración y la venta de la sustancia. Argentina quizás no se parece tanto a Uruguay por las características del país y las cuestiones limítrofes pero esa es una respuesta que dio Uruguay luego de que fracasaron las políticas internacionales de drogas.

Creo que la situación Argentina se parece más a la de Chile, Colombia, donde lo primero que hay que hacer es regularizar una situación medicinal y el otro debate aparece por decantación. Naturalmente se va a dar la necesidad de dejar de criminalizar al consumidor y llenar nuestras cárceles de consumidores para entender que una problemática de salud no se combate desde la policía.

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