Derechos Humanos

15 noviembre, 2016

Confirman procesamiento a funcionarios del Borda por la muerte de Matías Carbonell

La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de la jueza Wilma López que procesaba a seis funcionarios del hospital. Los delitos que se les imputan son abandono de persona seguido de muerte, haber omitido el deber de denunciar quemaduras por posible electrocución y maniobras para sustraer pruebas.

Matías murió el viernes 12 de noviembre del 2010. Tenía 24 años. Llegó al Hospital Penna, derivado desde el Borda, con quemaduras y en un cuadro de coma. Los médicos de guardia hicieron la denuncia ante la Policía Federal. El cuerpo de Matías mostraba lesiones compatibles con pasaje de electricidad entre otros síntomas graves.

Para los integrantes de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones, los jueces Mario Filozof y Julio Marcelo Lucini, quedó demostrado el riesgo al que estuvo expuesto Matías “en virtud de un tratamiento profesional y farmacológico inadecuado” y concluyeron que en el servicio de 14-22 (horario del turno) “la desidia frente a los pacientes era sistemática”.

Matías estaba internado desde el 2009. En su internación soportó maltratos, torturas y diversas formas de violencia. También fue delegado de sus compañeros ante las autoridades y esto le valió el hostigamiento de los funcionarios del Borda por reclamar mejores condiciones de internación. Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), querellantes en la causa, afirman que “los funcionarios procesados, próximos a encarar un juicio oral y público por su accionar durante el ejercicio de sus funciones, deben ser apartados de sus tareas hasta que el proceso de juicio termine”. El organismo también insta al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus políticas y prácticas a las exigencias de la Ley Nacional de Salud Mental.

Para comprender el pedido del CELS es importante recordar que a pesar de la gravísima denuncia ninguna autoridad del gobierno o la institución presentaron información, documentación ni colaboración durante el período de investigación. No se inició ninguna investigación administrativa interna. De hecho, hay cinco personas procesadas por sustracción de prueba.

La jueza Wilma López consideró probada la desaparición intencionada y progresiva de los registros clínicos de Matías: “Como consecuencia de la muerte de Carbonell se urdió un plan para desaparecer la totalidad de la documentación a partir de la cual se podía fácilmente reconstruir su tratamiento y de esta forma ocultar y entorpecer la investigación”.

Este es el primer caso de médicos, jefes de servicio, procesados por este tipo de delitos. El servicio conocido como 14-22 tenía ya una medida cautelar incumplida para cerrar, de forma urgente, por las peligrosas y humillantes condiciones en las que se encontraban las personas internadas.

De esta manera Roberto Luis Capiello (psicólogo y jefe del servicio), Fabián Gustavo Pintow y Silvia Beatriz Scheweitzer (psiquiatras que prescribían la medicación a Matías) y los enfermeros Hugo Alfredo Dospital, Ismael Ricardo Portillo y Jorge Héctor Mastricola, están procesados por abandono de persona seguido de muerte.

En relación a la responsabilidad de los tres médicos sobre el tratamiento farmacológico de Matías, la jueza López advirtió que la medicación inadecuada “creó para su salud una situación de peligro extremo generada por el suministro de una medicación de potente efecto sedativo, con efectos secundarios riesgosos, que no fueron conjurados a través de los exámenes de laboratorio y seguimiento clínico que correspondía, colocando a Carbonell en una situación de desprotección idónea para desencadenar el severo cuadro respiratorio que, finalmente, produjo su muerte el 12 de noviembre de 2010”.

A esto se le suma la omisión de denunciar un hecho de tortura. Los médicos del Penna aceptaron que las quemaduras en el cuerpo de Matías podían ser a causa de pasaje de electricidad. Desde ahí parte la jueza López para afirmar que “existe posibilidad concreta de que las lesiones hayan sido producidas por electrocución”, para lo cual tuvo en cuenta la opinión de los expertos en dermatología del Penna, “quienes admitieron esa posibilidad con una seriedad y rigor tales, que conllevó a que otorgaran intervención a la Policía Federal Argentina, en virtud de encontrarse frente a la posible comisión de un delito”. En el mismo sentido la magistrada afirmó que los informes periciales son contundentes al señalar que dichas lesiones no pudieron pasar inadvertidas para quienes brindaban tratamiento a Matías.

La desidia es sistemática

Si uno piensa que la muerte de Matías es un hecho aislado, se equivoca. La Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) investigó los años en que estuvo internado Matías: entre 2009 y 2010 murieron 46 pacientes. En ese entonces el titular de la Procuvin era el fiscal Abel Córdoba, quien declaró: “La cifra en una población de 800 pacientes es alarmante y debe ser investigada con rigor”. Más del 5% de las personas internadas muertas en apenas dos años.

Y si piensa que en estos seis años que pasaron desde su muerte algo cambió, también está en un error. La desidia recorre todo el Sistema de Salud Mental, a lo largo y a lo ancho del país. Público y privado. La desprotección a las personas que se encuentran internadas en instituciones psiquiátricos es sistemática.

Así lo demostró el informe que dio a conocer este año el Órgano de Revisión de Salud Mental: salas de aislamiento, electroshock y niños contenidos física y médicamente. El mismo informe afirma que la tasa de muerte en Melchor Romero es 15 veces mayor que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

La situación no es mejor en Rosario o Córdoba. En los primeros meses de este año tres personas murieron estando internadas en hospitales de esas provincias. Y en la Ciudad de Buenos Aires el problema no termina en el Borda. Hace pocos días los trabajadores del Hospital Ameghino denunciaron que la institución está abandonada por las autoridades.

Pero los funcionarios provinciales y el gobierno nacional siguen mirando para otro lado. ¿Qué rédito político se obtiene al generar políticas públicas para las personas con padecimientos mentales?

Juan Mattio – @juanmattio

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