Nacionales

9 noviembre, 2016

Los pasos del gobierno hacia una nueva ley de medios (2)

El gobierno hizo públicos los 17 principios que regirán la nueva ley de comunicaciones que reemplazará a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 y Argentina Digital Nº 27.078. Desarrollamos los puntos centrales de la normativa en discusión.

El gobierno nacional hizo públicos los 17 principios que regirán la nueva ley de comunicaciones que reemplazará a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 y Argentina Digital Nº 27.078. Según explicó el comunicado del Ente Nacional de Comunicciones (Enacom), estos “sintetizan el espíritu de la ley, cuyos pilares son la pluralidad, la diversidad, el acceso a la información, la libertad de expresión y de prensa, el federalismo y la producción nacional de contenidos”.

En el seminario que tuvo lugar en la Usina del Arte el día 25 de octubre se plasmaron, a través de las distintas exposiciones de funcionarios del Ejecutivo nacional y del Enacom, algunos ejes que representan el espíritu del proyecto de ley que pretende redactar el Gobierno.

1- Convergencia

El jefe de Gabinete Marcos Peña sostuvo que “la tecnología, hoy, es básica para poder estudiar, para poder trabajar, para poder relacionarse. No es justo que la posibilidad de bajar datos o no dependa de en qué lugar del país esté uno”.

Según el funcionario, el objetivo de la nueva ley es “lograr una verdadera democratización de la palabra en todo el país, una verdadera igualdad en el acceso a la tecnología” y eso se lograría avanzando “lo más rápido posible en un fenomenal proceso de inversión y competencia que tenemos que generar, y al mismo tiempo una integralidad, una comunicación de la convergencia, del siglo XXI” en la que sea lo mismo hablar de “telefonía celular, televisión por cable, televisión satelital, redes sociales o generación de contenidos audiovisuales”.

Del discurso oficial se desprende que la tecnología y la convergencia lograrían una democratización en el acceso a la educación, al trabajo y a la palabra (libertad de expresión). La pregunta que queda sin responder es cómo esas herramientas pueden lograr esos objetivos, con qué políticas de Estado, dado que por sí solas las nuevas tecnologías no puede garantizar la resolución de tales asimetrías estructurales.

2- Comunicación: ¿mercancía o derecho?

Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones de la Nación, afirmó en su exposición que con esta ley pretenden «incentivar la competencia, proteger a las pequeñas y medianas empresas y que la gente sea la principal beneficiada”.

A su turno, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, ante la pregunta sobre la regulación de contenidos de corte racista o discriminatorio, respondió que “ante la duda sobre un contenido, la respuesta será siempre la libertad irrestricta”. Y explicó que para sancionar a algún comunicador o comunicadora se regirán por el derecho penal: “Lo que es delito, será penado”. Ahora bien, es sabido que la mayoría de los mensajes discriminatorios o racistas hacia la mujer, los pueblos originarios u otras minorías no están catalogados como “delitos” en el Código Penal. Es decir que mientras un mensaje venda y no sea delito, podrá ser transmitido sin ningún tipo de sanción (un ejemplo puede ser la exposición y objetivización de cuerpos femeninos, catalogada en la ley 26.485 de Protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres como «violencia simbólica).

3- Libertad de expresión no es libertad de empresa

Ya Marcos Peña había anunciado hace casi un año que la desconcentración del mapa mediático no sería el interés central de la nueva gestión. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la libertad de expresión incluye la libertad de toda persona de difundir pero también de recibir informaciones de toda índole.

Al respecto, no hace falta más que citar dos líneas del último editorial del Buenos Aires Herald para entender por qué la libertad de empresa (de mercado) no garantiza (y de hecho limita) la libertad de expresión: “La concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos siempre conspira contra el derecho a la información (…) Se requiere un Gobierno que esté dispuesto y sea capaz de proteger las voces y garantizar que el pluralismo se vea reflejado en el mapa mediático”. La libertad de empresa entonces, sólo garantiza la libertad de expresión para quienes tienen desde hace décadas el poder económico de subsistir en un mercado tan desigual.

4- Los medios comunitarios

En los 17 puntos presentados por el gobierno, se expresa que “se fomentará el desarrollo de los medios comunitarios como una herramienta facilitadora de la información de las poblaciones con singularidad cultural, social o en representación de colectivos diversos, poblaciones distantes o de difícil acceso, (…) como así también, se incentivarán mecanismos de financiación para los medios de zonas rurales, de zonas de frontera y de los pueblos originarios”.

Esta concepción de medios comunitarios asociados a la marginalidad y ubicándolos geográficamente en espacios de difícil acceso invisibiliza el lugar que ocupan (y deberían ocupar) en el sistema de medios los medios sin fines de lucro que desarrollan su actividad en zonas urbanas teniendo que competir en un mercado regido por las desigualdades económicas.

No es tenida en cuenta la práctica de los medios comunitarios, alternativos y populares como proyectos colectivos que garantizan la democracia, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Se omite la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro y la realización del Plan Técnico de frecuencias (sobre el que no se avanzó durante todos estos años).

Sobre este aspecto, el titular del Enacom, Miguel De Godoy aseguró a Notas que estos dos ítems aparecerían en la letra del anteproyecto de ley de la Comisión Redactora y se avanzaría en la apertura de concursos para la adjudicación de licencias. Sin embargo, el propio De Godoy preside un ente que adeuda hace nueve meses a los medios comunitarios el pago de fondos concursados según la legislación vigente.

Sebastián Sesar – @sesar13, Noelia Depaoli – @_Depy y Leticia Garziglia – @letigarziglia

 

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