“La discriminación no es por ser inmigrante, es por la clase social a la que se pertenece”

Agostina Hernández Bologna es abogada e integra el Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús. En entrevista con el programa radial Llevalo Puesto analizó la situación actual de los inmigrantes, el acceso a derechos como salud y educación, las estadísticas históricas y la posible reforma a la Ley de Migraciones.

– ¿Estamos frente a una oleada de inmigración? ¿Hay más inmigrantes en los últimos años?

– El porcentaje de inmigrantes en la actualidad, según el censo del año 2010 es de 4,5%. Es decir que no hay ni una oleada, ni una “invasión”, ni todas esas palabras negativas. Dentro de ese porcentaje se cuentan las personas que están radicadas y aquellas que están en situación irregular.

– En comparación con censos anteriores o décadas previas ¿cómo fue la evolución?

– El pico de migraciones se dio a principios del siglo XX que alcanzó su punto más alto en un 25%. Nunca superamos esa cifra aunque hoy se escuchan voces que afirman que hay un 50% o 70% de inmigrantes. Eso pone de manifiesto una construcción social y mediática. Cuando una dice que son el 4,5% te responden que no puede ser, que los ven todo el tiempo, que están en todas las villas. Sin embargo, de aquel 25% de principios de siglo XX hubo un descenso hasta llegar a los porcentajes de hoy en día que se mantienen estables en un 4,5% o 5%.

– Uno de los planteos más fuertes contra los inmigrantes está relacionado con el supuesto uso que hacen de los servicios públicos ¿existe alguna forma de medir esto y saber que tan real es esta afirmación?

– En épocas de crisis se suele buscar un chivo expiatorio, en este caso el inmigrante. Eso se ve en la discusión sobre el acceso a la salud y a la educación. En esta época hay que inscribir a los chicos y chicas al colegio y lo que se escucha es “me ocuparon la vacante”. O como dijo Pichetto, que todo el mes de noviembre el hospital está ocupado por extranjeros.

En realidad ahí lo que sea hace es tapar una discusión de fondo que tiene que ver con el déficit en políticas de salud y educación que corresponde al Estado. No es culpa del extranjero que usa esos servicios, sino un Estado que no genera mayores vacantes en las escuelas. También se puede ver esto en el déficit habitacional.

– Una de las cosas que se dicen en redes sociales es que existe esto llamado “tour sanitario” donde vienen micros con personas bolivianas o paraguayas a atenderse a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires ¿eso existe realmente? ¿Hay empresas que se dediquen a hacer estos trasladados? ¿O es un mito?

– No hay estadísticas. No se sabe si en los hospitales se le dieron turnos a extranjeros o no. A veces son porcentajes que se afirman sin un dato oficial.

Con respecto a los tours sanitarios lo que hemos encontrado, a diferencia de lo que se cree, es el caso de las clínicas privadas o prepagas que promueven este tipo de viajes para realizarse cirugías estéticas, etc. Pero ahí no se da el debate. Se dice que los inmigrantes vienen a atenderse al Fernández, al Garraham. Lo dice gente que, seguramente, nunca se atendió en esos hospitales y al mismo tiempo no critica que las clínicas privadas lleven a cabo estos tours que también ocupan turnos. En ese sentido me parece que la variable siempre es la condición social de la persona. Hay una discriminación por clase social.

– Todo este debate mediático tiene un trasfondo que ha sido mencionado por algunos funcionarios del gobierno respecto a la posibilidad de cambiar la actual Ley de Migraciones ¿esto es así?

– Creemos que esto que se instala en la agenda social y mediática sobre el tema de los extranjeros, de la migración, puede llegar a tener el objetivo de modificar la actual ley. La legislación actual fue aprobada en 2003 y entró en vigencia en 2004. Es una ley de avanzada que reconoce el derecho humano a migrar, obliga al Estado a promover mecanismos de regularización migratoria, incorpora un criterio de residencia para aquellos que hayan nacido en países del Mercosur y asociados, obliga a que el Poder Judicial decida sobre las expulsiones y detenciones (y no el Poder Ejecutivo). Tiene muchas cuestiones muy importantes si la comparamos con la ley anterior que era la Ley Videla de 1981.

No queremos que se vuelva a un concepto de expulsiones sistemáticas, de no dar ningún tipo de garantía y una restricción en el acceso a los derechos de las personas que residen en Argentina. Las personas que residen en el país pagan impuestos, alquilan, trabajan, por lo tanto también aportan a los servicios públicos que utilizan. Y más allá de la discusión de presupuesto, en el fondo tenemos que dar la discusión de derechos. Tenemos una educación y una salud pública y gratuita que es un derecho para todas las personas que habitan suelo argentino y tenemos que defenderlo.