Mundo Gremial

8 noviembre, 2016

Los registros automotores: una caja negra de la política

A partir del despido de nueve trabajadores de la Oficina 14 de la Ciudad de Buenos Aires del Registro Automotor, se desató un conflicto que visibilizó la precaria situación laboral de quienes realizan tareas en ese ámbito y un sistema feudal que funciona como fuente de ingresos oscuros de la política.

A partir del despido de nueve trabajadores de la Oficina 14 del Registro Automotor de la Ciudad de Buenos Aires, se desató un conflicto que visibilizó la precaria situación laboral de quienes realizan tareas en ese ámbito y un sistema feudal que funciona como fuente de ingresos oscuros de la política.

El feudalismo del Registro Automotor

Los Registros Automotores son organismos públicos no estatales. Al frente de cada uno de los 1500 que hay en el país se encuentra una persona encargada que, teóricamente, es seleccionada por concurso. Esa persona es responsable de la contratación del personal y la gestión del registro en cuestión. Su única relación con el Estado consiste en pasarle un porcentaje del dinero recaudado mensualmente y el resto queda bajo su administración discrecional.

«El Registro recauda en concepto de aranceles una determinada cantidad de plata que hoy en día está rondando el millón y medio de pesos para arriba mensual», explicó Martín Lomba secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de los Registros del Automotor y Motovehículos (Satramm).

El dirigente sindical comentó a Notas que «una parte» de ese dinero «se gira a Dirección Nacional y la otra les queda a los encargados que sería la parte perceptible de la ganancia que les corresponde. Y ellos lo administran como si fuera un comercio: pagan los sueldos, compran la documentación, etc».

Ahora bien, debido a esta situación las y los trabajadores de los registros no son empleados estatales sino contratados como en cualquier empresa privada y su empleador es el encargado.

Ante la remoción del titular del registro los empleados quedan en un limbo ya que o bien deben ser despedidos por el encargado («cosa que nunca sucede», según Lomba) para cobrar la indemnización o renunciar y esperar que quién llegue a hacerse cargo los vuelva a contratar.

«Nuestra relación de dependencia es con el funcionario, es una relación feudal», apuntó el secretario general del Satramm.

El conflicto en la Oficina 14

A raíz de la muerte de la encargada de la Oficina 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y debido a este sistema de gestión, nueve trabajadores fueron despedidos. «Los compañeros quedaron en la calle por lo que iniciamos un plan de lucha para exigir la reincorporación», relató Lomba. El dirigente comentó que la propuesta del sindicato fue «parar el registro pero los compañeros no quisieron».

Por ese motivo el pasado jueves 4 de noviembre se llevó a cabo «una medida de repudio y visibilización de lo que había sucedido». «La idea era manifestar y demostrar que lo que estaba sucediendo no está siendo canalizado por ningún organismo del Estado», añadió el entrevistado.

El dirigente del Satramm recordó que esta situación no es nueva. Ya sucedía cuando a cargo de la administración de la Dirección Nacional estaba Jorge Landau (apoderado del PJ). Ahora «está Carlos Welter que es el ex titular de Rentas en CABA, de ahí se fue como jefe de Gabinete de Néstor Grindetti a Lanús, con el quilombo de los Panamá Papers lo sacaron y lo pasaron a que ocupe la Dirección Nacional».

A Welter le han «enviado peticiones» para que los reciba pero no han obtenido respuesta. «El segundo de la Dirección es el apoderado del PRO en Córdoba y tampoco nos recibe», agregó Lomba.

Un mundo de testaferros

Como si las condiciones laborales y el manejo discrecional de los fondos no fuera suficiente, desde el Sitramm han puesto en evidencia que tras esta estructura se esconde una caja negra de la política.

«El decreto 335 del año 1988 es producto de un acuerdo político de Raúl Alfonsín y Carlos Menem que dispone la actual administración de los registros. Hasta ese momento la mayoría de los trabajadores eran del Ministerio de Justicia o tercerizados pero con una actividad fijada y tenían a quien reclamarle», historizó Lomba.

Sin embargo tras esa modificación «la mayoría de los encargados» pasaron a ser «testaferros de políticos que los pusieron ahí». Si bien se establece que los mismos deben ser designados por concurso, actualmente «casi el 50% de los registros del país están intervenidos. Es decir que no hay ningún encargado titular».

Los encargados pueden ser titulares cuando ganan el concurso, pueden ser interventores de la propia Dirección Nacional (que pueden ocupar el lugar solo por seis meses aunque esto nunca se cumple) o puede ser «un encargado externo designado por fuera de la estructura que también debería estar provisoriamente hasta que se concurse el cargo».

El secretario general del Satramm remarcó además que la mayoría de los titulares «son insolventes porque el Estado no le pide que tengan capacidad para afrontar, por ejemplo, la indemnización de los trabajadores».

«Es una caja política enorme donde hay radicales y peronistas», explicó. En ese sentido señaló que «hoy Capital 61 está ocupado por Marcela Menem que es familiar directa del ex presidente» y Nilda Garré «tiene Capital 50». Si bien «estaba licenciada porque estaba ocupando otra función pública superior (que eso contradice la Ley del Funcionario Público porque no puede ocupar dos cargos a la vez), no por eso dejó de percibir la ganancia del registro», apuntó Lomba.

Es que en caso de licencia «se hace cargo el encargado suplente que es una persona designada por el titular, pero cobra un sueldo y es un trabajador más».

Un sindicato que pelea por el reconocimiento

El Satramm se encuentra actualmente dando sus primeros pasos ya que, si bien ha solicitado la inscripción en el Ministerio de Trabajo, esta todavía no ha sido asignada.

«Nosotros estamos encuadrados y participando dentro de la CTA de los Trabajadores en la seccional Capital Federal que es donde tenemos más desarrollo», comentó Lomba. Por eso al pedir la inscripción del sindicato lo hicieron por la Ciudad de Buenos Aires y «algunas jurisdicciones del conurbano» donde podían certificar «la legitimidad de las afiliaciones».

«A partir de ahí, cuando nos den la inscripción simple desde el Ministerio de Trabajo (estamos a la espera de eso) la idea es empezar a expandirnos a otros distritos», concluyó.

La principal exigencia del Satramm es que se regule su situación y pasen a ser trabajadores estatales a los cuales se les garantice la estabilidad y los derechos laborales correspondientes.

Producción: Federico Araya – @fedearayac

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas