Géneros

8 noviembre, 2016

Paridad de género: «Pone en agenda el reparto del poder»

La especialista María Elena Martín analiza en diálogo con Notas la importancia de la paridad de género en las listas electorales y plantea que la ciudadanía de las mujeres «siempre fue considerada de un orden inferior a quienes se auto-instituyeron como los representantes de ‘lo humano’”. También detalló la situación en la provincia de Misiones.

El pasado 19 de octubre, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que establece la igualdad de género en la conformación de las listas legislativas nacionales y de las autoridades de los partidos políticos, que deberán -de convertirse en ley- conformarse en mitades iguales entre mujeres y varones. También Diputados votó, en el marco de la reforma política un proyecto similar.

Conversamos con María Elena Martin para comprender los debates que se suscitan en torno a este tema. María Elena es licenciada en Ciencia Política, experta en género e igualdad de oportunidades por la Universidad de Málaga (España) y obtuvo el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador con una tesis titulada ‘’Parlamento y género. El caso de la Provincia de Misiones. 1983-2001”. Además, es autora del capítulo “Diez años sin cupo, diez años con cupo: ¿qué cambió con la cuota de género? Un análisis a partir del caso de la Provincia de Misiones 1983-2003” publicado en el libro “La representación imperfecta. Logros y desafíos de las mujeres políticas” editado en 2014.

– ¿Por qué crees que es necesario que se sancione esta ley?

– La paridad es necesaria porque hay que avanzar en la redefinición del contrato ciudadano, que generó ciudadanías diferenciadas por género desde el alumbramiento de la democracia occidental moderna. En pleno siglo XXI debemos generar todas las medidas necesarias para lograr una verdadera ampliación de la democracia.

Además, porque la democracia paritaria es más que una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, es un reclamo de vertebración social en un cuadro de responsabilidades compartidas tanto en el ámbito público como en el privado-doméstico.

– ¿Cuál es la diferencia entre cupo femenino y paridad de género?

– La Ley de Cupo constituyó una instancia correctiva de los aspectos representativos en la esfera política y una ampliación de la práctica democrática. Es una medida transitoria orientada a fortalecer la presencia de colectivos sociales con problemas crónicos de exclusión. Pero no logró modificar la hegemonía masculina parlamentaria porque no avanzó sobre las causas que producen la subordinación social de las mujeres, y por ello los parlamentos siguen siendo estructuras fuertemente “generizadas”, en las que el control de los recursos de poder sigue estando en manos masculinas.

La diferencia es que la paridad no es un aumento del cupo sino que se trata del reconocimiento de la ciudadanía femenina en igualdad de condiciones con los varones. Es el reconocimiento del hecho de que las mujeres constituyen el 50% de la sociedad, la mitad de las inteligencias y capacidades potenciales de la humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad. Por el contrario una participación equilibrada puede generar ideas, valores y comportamientos, por lo que se reclama un reparto equilibrado del poder.

– Hay quienes se oponen a la medida rechazando que sea el Estado el que le diga a los partidos políticos cómo deben ordenar su representación, ¿qué opinas al respecto?

– El Estado no sólo debe regular el funcionamiento de los partidos, sino que tiene la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la CEDAW, que obliga a los Estados miembros de la ONU a adoptar medidas de acción positiva para incrementar la participación política de las mujeres, y ese tratado tiene rango constitucional (art. 75, inc. 22). Pero por otra parte, nuestro país también ha suscripto la Plataforma de Acción de Beijing (1995), y todos sus documentos subsiguientes, el Consenso de Quito (2007), la norma marco del Parlatino (2015), a través de los cuales se compromete a sancionar medidas para alcanzar la democracia paritaria, es decir adoptar leyes de paridad en los parlamentos. Asimismo, la Agenda 2030 de ONU Mujeres prevé que para ese año toda la región la haya alcanzado.

Nuestro país, a pesar de haber sido pionero siendo el primer país en incluir las cuotas de género a nivel electoral, hoy está rezagado a nivel regional: en América Latina ya tienen leyes de paridad países como: Bolivia (2008), Costa Rica (2009), Ecuador (2009), Honduras (2012), Panamá (2012), México (2014), Venezuela (2015) y Paraguay acaba de enviar un proyecto al congreso. También cinco provincias argentinas ya la han adoptado.

– Algunos sectores manifiestan que se trata solamente de una “zanahoria” para “distraer al movimiento de mujeres”, y que es una medida que busca un “lavado de cara de un régimen opresor”, ¿qué les contestarías?

– La redefinición del contrato de ciudadanía no es un tema menor, implica poner en agenda el reparto del poder y la legitimidad en el acceso a él. Si las mujeres tuvimos que luchar para ser parte de la sociedad política, que nació y se desarrolló masculina, nuestra ciudadanía siempre fue considerada de un orden inferior a quienes se auto-instituyeron como los representantes de “lo humano”.

Por ello la paridad puede ser la única manera de cerrar la brecha ciudadana entre varones y mujeres. Como señala María Teresa Gallego, “la única manera de revertir la diferencia sexual convertida en categoría política en el mismo momento en que se gestó la ciudadanía política moderna para excluir a las mujeres será cuando, a la inversa, la diferencia sexual sea aceptada como categoría política para incluir a las mujeres”.

La búsqueda de la igualdad siempre ha generado oposiciones, y el patriarcado tiene múltiples caras para evitar que se lo desenmascare: desde el discurso de la “excelencia” de las mujeres y por ello su supuesta “natural” predisposición a las tareas de cuidado, hasta ahora pretender decirle por lo que debe luchar y cuál debe ser su escala de prioridades, mientras se guarda para sí el reparto del 90% de la renta mundial en manos masculinas. Me parece que las mujeres sabemos que tenemos que dar batalla en varios frentes a la vez para revertir estos datos.

grafico-1-¿Qué particularidades has podido observar en la provincia de Misiones a lo largo de tus investigaciones?

-Luego del cupo femenino ha habido un incremento importante de producción parlamentaria femenina. Además las mujeres han ampliado la agenda parlamentaria, aportando a la discusión temas de derechos de las mujeres, derechos sociales, de la infancia y la familia, que durante los 20 años estudiados fueron el último tema de prioridad en la agenda de los legisladores varones, mientras que entre las mujeres fueron cobrando fuerza a medida que se constituyeron en un núcleo genérico más fuerte y lograron acordar incluso por encima de las pertenencias partidarias, leyes como las de violencia, la del padrón de padres aportantes morosos, y muchas otras.

grafico-2No obstante una de las cuestiones a señalar es que en Misiones el cupo femenino siempre ha sido aplicado con un criterio “minimalista”, y por ello nuestra Cámara nunca ha superado el piso del 30%, e incluso ha estado por debajo de ese porcentaje en momentos de mucha fragmentación partidaria. Ello habla de una cultura política con fuertes rasgos patriarcales, en la que predominan criterios de selección de candidaturas femeninas con fuerte cooptación en líneas familiares.

Aún a más de 20 años de sanción de la ley de cupo femenino, en Misiones la mitad de los partidos la incumple. En las elecciones del 2015 no se respetó el orden por ejemplo de los suplentes, o hubo algún otro incumplimiento de la norma, y la justicia ha oficializado las listas sin señalarlo.  Es preocupante que ni las mujeres de los partidos ni la sociedad en general hayan reclamado estas cuestiones, que fueron grandes avances para los derechos de las mujeres. Tal vez tenga que ver con que se ha caído en una democracia delegativa, con ciudadanías de baja intensidad, en la medida que el sistema político fue perdiendo competitividad en los últimos años.

Malena Caballero, desde Eldorado.

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