2 noviembre, 2016
Los pasos del gobierno hacia una nueva ley de medios (1)
Mediante seminarios de escasa difusión en la sociedad civil y solo con panelistas cercanos ideológicamente, el gobierno nacional comenzó la discusión para redactar una nueva ley de telecomunicaciones que reemplace la 26.522.

En el marco de la búsqueda por redactar una nueva ley que regule las telecomunicaciones, el martes 25 de octubre se llevó a cabo en la Usina del Arte el II Seminario Internacional organizado por la Comisión Redactora de dicho proyecto. Encabezaron el encuentro el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. También participaron la coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y Miguel de Godoy titular de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre otros.
Estos seminarios -el primero tuvo lugar en junio de este año- son parte de las llamadas “actividades participativas” que la Comisión Redactora de la Nueva Ley impulsa desde que fue creada por el decreto 267/2015. En palabras del presidente del Enacom, las mismas «contribuyen a enriquecer» la tarea regulatoria «con mayor profundidad”.
Según se presenta en la página web del Enacom: “De esta forma, se abre la participación a los distintos sectores de la sociedad civil a integrar las reuniones y seminarios a fin de profundizar el intercambio e incluir propuestas que sean complementarias para generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los diversos prestadores, mejorando la calidad de las comunicaciones en todo el país”. Entre las actividades se prevén además debates académicos, reuniones con especialistas y seminarios internacionales.
Los distintos paneles trataron temáticas como “Medios Públicos, independencia y pluralidad de voces”, “Las comunicaciones convergentes como factor de desarrollo global” y “El desafío regulatorio de las comunicaciones convergentes, nuevas plataformas, defensa de la competencia, igualdad de oportunidades y diversidad de contenidos”.
Sin embargo la anunciada participación de los distintos sectores de la sociedad en la redacción del nuevo anteproyecto de ley se limita a la presencia en este tipo de actividades, que además cuentan con escasa difusión. Los concurrentes no tienen posibilidad de participar del intercambio, salvo a través de la realización de preguntas que muchas veces terminan sin ser respondidas por parte de los panelistas.
Por otra parte, los especialistas invitados para los paneles de este seminario no pertenecían a distintos sectores de la sociedad, sino que se trataba de representantes de grandes medios de comunicación de otros países del mundo. Estuvieron David Jordan de la BBC (convocado para hablar de medios públicos e independientes) y José Jaime Bernardez, asesor de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España (para hablar de las nuevas tecnologías como garantía a la pluralidad). Este último destacó en su exposición las “ventajas” de que tres empresas manejen el 70% de las telecomunicaciones.
Luego del seminario el proceso continúa en un espacio virtual en el que se pretende que la ciudadanía mande sus propuestas. De esta forma, se busca emular el sistema de participación que se dio durante los años previos a la presentación del proyecto presentado en el Congreso que terminó con la sanción de la ley 26.522/09.
La gran diferencia es que, entonces, el debate era propiciado por y desde la sociedad civil, académica y los medios de comunicación y retomaba un reclamo que existía desde hacia varios años.
Los ejes que regirán la nueva ley no son reclamos históricos de la sociedad civil sino una serie de pautas que exigen los medios con fines de lucro (que representan a sólo uno de los tres actores que producen contenidos; los otros dos son el público y el sin fines de lucro).
Con la excusa bien utilizada (o genuina razón) de la “convergencia” y de que “ya la ley nació vieja”, se echan por tierra años de trabajo que se cristalizaron finalmente en los 166 artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconocidos por organismos internacionales por su carácter democratizante y que hacían carne el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.
La constitución de la nueva ley de comunicaciones convergentes promete pluralidad de voces y consenso debatiendo sólo con quienes comparte intereses.
Sebastián Sesar – @sesar13, Noelia Depaoli – @_Depy y Leticia Garziglia – @letigarziglia
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