Nacionales

31 octubre, 2016

Cristina Fernández declaró ante Ercolini y pidió se audite toda la obra pública

En horas de la mañana de este lunes la ex presidenta concurrió a prestar declaración indagatoria en la causa Hotesur, que investiga una posible maniobra de lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones al empresario Lázaro Baez. No respondió preguntas e insistió con que se investigue globalmente a los empresarios beneficiados con las concesiones de obra pública, incluyendo al primo del presidente.

La ex presidenta Cristina Fernández se presentó en la mañana del lunes a declarar en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini en el marco de la causa denominada «Hotesur», en la que se la investiga por presuntas irregularidades en el alquiler de habitaciones en hoteles de propiedad del matrimonio Kirchner a empresas entre las que se cuentan las de Lázaro Báez.

La indagatoria fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien plantea que la ex presidenta podría haber incurrido en los delitos de lavado de dinero a través del retorno de fondos públicos, lo que conllevaría una pena de entre tres y diez años de prisión.

Desde temprano habían comenzado a concentrarse en las afueras del edificio de Tribunales las diversas agrupaciones kirchneristas que movilizaron a unas cinco mil personas para manifestar su apoyo militante a la ex presidenta. El operativo de seguridad montado por el Ministerio de Seguridad era inédito: alrededor de 320 efectivos de Policía Federal, Metropolitana y Gendarmería, además de un sistema de doble vallado perimetral y un despacho judicial virtualmente blindado. Gregorio Dalbón, abogado de Cristina en varias causas civiles, denunció el «show» e ironizó vía Twitter: «¿Cuánto gastó @PatoBullrich en el operativo? ¿Quién declara? ¿Pablo Escobar? Que patético es todo. Hagan el show porque en la justicia nada».

Alrededor de las diez de la mañana Cristina Fernández arribó a los tribunales de Comodoro Py acompañada por su abogado, Juan Carlos Beraldi. Frente al edificio, además de la militancia de La Cámpora, MILES, la Tupac Amaru y otras agrupaciones, la esperaban diversos referentes kirchneristas, tales como el ex ministro de Economía Axel Kicillof, el jefe del bloque de diputados del FPV Héctor Recalde, la ex ministra de Cultura Teresa Parodi, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, Luis D’Elía y el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. Hebe de Bonafini ingresó al edificio para acompañar a la ex presidenta hasta el despacho del juez.

Alrededor del mediodía se confirmó lo que ya se suponía en cuanto a la estrategia judicial de la ex presidenta. Más allá de acceder a la citación, se remitió al escrito sobre la causa que presentó semanas atrás y se negó a contestar preguntas. Además insistió con la que viene siendo una de sus líneas fuertes de intervención en todas sus recientes apariciones públicas: la exigencia de que se audite globalmente la obra pública durante su gestión. Es decir, que sean investigadas todas las concesiones estatales de obra pública y se evalúe a los empresarios beneficiados por la misma, incluido el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Si hubo corrupción en alguna adjudicación también hay que investigar a los empresarios corruptores, sostiene.

La ex presidenta había llegado a la Ciudad de Buenos Aires la noche del domingo y apenas arribada publicó en redes sociales una denuncia acerca del posible allanamiento a tres de sus propiedades en El Calafate en el marco de la causa llamada Los Sauces, que lleva el juez Claudio Bonadío: «¿Será cierto? Revelaría una sincronización asombrosa con el juez Ercolini que, justamente, me citó a indagatoria mañana a las 10 am por una causa que el mismo fiscal y el mismo juez tienen hace… 8 años!!! y que ‘decidieron’ exhumarla. La causa es más disparatada aún que la de ‘dólar futuro’”. «En fin, delicias del Partido Judicial», concluía.

Sin embargo, la medida ordenada por Bonadío es formalmente una «tasación» de los inmuebles inscriptos a nombre de la inmobiliaria Los Sauces, propiedad de Cristina, específicamente cinco propiedades en las ciudades de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. Uno de los objetivos declarados tiene que ver con evaluar si el alquiler pagado por Lázaro Báez por las habitaciones en los hoteles se ajusta a costos reales o se trata de un «dibujo» para tratar de ocultar una maniobra de lavado de dinero. En reiteradas ocasiones la ex mandataria solicitó la unificación de esta causa con la de Hotesur, ya que el objeto de investigación es muy similar, sin que la Justicia le respondiera en forma afirmativa.

Sin embargo, pese a la insistencia de los medios en aclarar que no se trata de un «allanamiento», las órdenes del juez Bonadío establecen que si los habitantes de los inmuebles investigados (entre ellos dos casas alquiladas a familias totalmente ajenas a las causas) no permiten el ingreso del personal del Tribunal de Tasación «se dispondrá el allanamiento y registro» del lugar». Tambien autoriza «el uso de la fuerza pública y la fractura de puertas de acceso interiores que se encuentren cerradas, armarios, escritorios y todo acceso cuyo registro resulte e interés».

Al respecto, la publicación de Cristina en redes de este domingo sostenía: «La persecución y la saña con que la misma se lleva adelante es sin límites e inédita desde la vuelta a la democracia. Sería la cuarta función del circo mediático con allanamientos de Bonadío. Las 2 primeras funciones fueron en la causa ‘Hotesur’. Y después, cuando le sacaron la causa ‘Hotesur’, inventó junto con Stolbizer la causa ‘Los Sauces’”, agrega el texto compartido en redes. Y finalizaba preguntándose: «Creerá Macri que de esta manera puede tapar la catástrofe social y económica que se respira en la calle, y que ha sido provocada por sus medidas económicas… De las instituciones mejor ni hablar».

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