Nacionales

26 octubre, 2016

Hagman: “El Estado jugó un papel fundamental en el precio de la vivienda”

Luego de que se conociera la intención del gobierno porteño de modificar el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el programa Bajo Consumo, que se emite por Radio Sur 88.3, entrevistó a Itai Hagman, licenciado en Economía y referente del Movimiento Popular Patria Grande, quien analizó la situación de la vivienda en la Capital Federal.

Luego de que se conociera la intención del gobierno porteño de modificar el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el programa Bajo Consumo, que se emite por Radio Sur 88.3, entrevistó a Itai Hagman, licenciado en Economía y referente del Movimiento Popular Patria Grande, quien analizó la situación de la vivienda en la Capital Federal.

Desde agosto de este año, se está debatiendo un anteproyecto de modificación del Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Buenos Aires en la órbita del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA). Según lo planteado por el gobierno local, presidido por Horacio Rodríguez Larreta, tras ser aprobado en el COPUA este proyecto pasaría a ser discutido en el marco de los Foros participativos. Sin embargo, aún se desconocen los lineamientos que este proyecto plantea.

Esta modificación se conecta con la sanción de la Ley Nº 5558, en junio de este año, mediante la cual la Legislatura de la ciudad creó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, la que se encargaría de la administración de alrededor de 2400 inmuebles estatales -en lo cuales se podrán desarrollar obras o impulsar su venta-. La función de la Agencia, entre otras, es la de “coadyuvar a las áreas competentes en la profundización de la política de distritos para el desarrollo de emprendedorismo, la innovación y las industrias creativas, y fomentar la creación de nuevos talentos y capacidades como motores del desarrollo económico de la Ciudad. También «coordinar las relaciones entre la actividad pública y la inversión privada» y «promover proyectos de infraestructura para garantizar la vinculación entre las diferentes zonas de la ciudad y otras jurisdicciones”.

Según un estudio realizado en 2015 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el 5% de las viviendas porteñas presentan condiciones habitacionales deficitarias; alrededor del 40% de los habitantes son inquilinos u ocupantes; el 6% de la población vive en villas, asentamientos informales y núcleos habitacionales transitorios; y el 11% de los hogares presentan condiciones de hacinamiento. Frente a estos números, existen 225 mil viviendas desocupadas en la capital nacional.

Numerosas asambleas y movimientos sociales han denunciado la connivencia del gobierno porteño y las grandes empresas constructoras. Durante los últimos años, se concesionaron 200 hectáreas en la Ciudad y se han impulsado emprendimientos como la autopista ribereña, el Tiro Federal, el Caballito Shopping, y el Campo de Polo.

En este sentido, el economista Itai Hagman planteó: “Hay una lógica que se ha venido dando muy fuertemente que tiene que ver con el Estado». «A través de modificación de regulaciones, así como a través de inversión en infraestructura, valorizando el suelo y los inmuebles, asociado con las grandes desarrolladoras y constructoras que son quienes se apropian de ese aumento del valor de los suelos y las propiedades, se da una ganancia extraordinaria que es apropiada por esas empresas y que no tiene que ver con la rentabilidad lógica de la actividad, sino que se trata una ganancia extraordinaria producto de una política pública», asegura. «Entonces el Estado termina siendo quien garantiza una renta muy importante a quienes tienen la posibilidad de acceder o apropiarse de esos terrenos a un costo mucho más bajo del que van a valer poco tiempo después”, explica el referente de Patria Grande.

Frente a la cantidad de emprendimientos que se han intentado llevar adelante en la ciudad de Buenos Aires han surgido numerosos movimientos de resistencia, que luchan por la defensa de los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, garantizados tanto en la Constitución Nacional -artículo 14 bis- como en la de la ciudad de Buenos Aires -artículo 31-.

Hagman resaltó la importancia que ha tenido y tiene de la lucha que vienen llevando adelante estos vecinos para lograr poner un freno a la especulación inmobiliaria y a los intereses de las grandes constructoras, y afirmó: “En la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y esto no le cabe solamente al oficialismo, ha estado muy alejada la brecha entre esa participación de la ciudadanía en defensa del espacio público, del espacio verde y del derecho a la ciudad, y la representación político-institucional, y creo que el gran desafío justamente es tratar de que lo que pasa en la calle y en los barrios, tenga más que ver con lo que pasa en las instituciones”.

“El desarrollo de este modelo de negocio inmobiliario afecta el derecho a la vivienda. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y lo que se construye no es lo que necesita la gente. Por eso aumenta la cantidad de inquilinos, aumenta la cantidad de gente que vive en situación precaria y también afecta los espacios verdes, los espacios públicos: porque se reemplazan lugares que podrían ser destinados a estos fines hacia el desarrollo inmobiliario”, concluyó Hagman.

Daiana Melón – @Godi_M18

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