Debates e incertidumbres en torno al bono de fin de año

La primera jornada de negociación multisectorial en las “mesas de Diálogo para la producción y el trabajo” convocadas por el Gobierno Nacional para intentar descomprimir los reclamos de los sectores asalariados frente a la escalada inflacionaria del año concluyó en una vaga propuesta oficial de un bono de fin de año para los privados que tomaría como “referencia base” dos mil pesos.

En la reunión estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; el de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y los integrantes del triunvirato cegetista, Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer (además de otros dirigentes sindicales como Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez); mientras que en representación de las cámaras empresariales participaron Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina), Adrián Kaufmann y Daniel Funes de Rioja (UIA), Gustavo Weiss (Construcción), Luis Di Fiori (Comercio) y Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), entre otros.

El acta firmada luego de la reunión informa que “los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago durante el mes de diciembre de un bono extraordinario de fin de año. Este tendrá la forma de suma no remunerativa y servirá como compensación única de la evolución salarial respecto a la inflación durante el año 2016. Se acuerda como referencia base un pago de 2000 pesos”.

El anuncio fue hecho por el mismo Marcos Peña, reivindicando el mérito oficial por estos avances en el diálogo intersectorial. Por supuesto, Peña se cuidó de aclarar que no se trata “de un decreto ni de una orden judicial”, es decir que la entrega del bono no será de carácter obligatorio y deberá ser acordada en sus detalles finales sector por sector. Desde el gobierno también se descartó la posibilidad de que las Pequeñas y Medianas Empresas reciban algún tipo de excención impositiva por el pago de esta bonificación especial.

La genérica propuesta acordada ya nace con inmensas dificultades de aplicación desde el momento en que “sector por sector” implica la negociación en la industria de 800 convenios específicos y de otros 400 acuerdos sectoriales adicionales, por lo que se abrirá una larga y seguramente compleja etapa de negociación sindical en cada una de las ramas industriales.

Más allá de estas previsibles dificultades, el precario acuerdo alcanzado comenzó a crujir a los pocos minutos de su firma. Menos de una hora después del anuncio la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se acogió inmediatamente a la “no obligatoriedad” informada por Peña informando mediante un comunicado con la firma de su presidente, Osvaldo Cornide, que los empresarios PyME “no están obligados” a pagar el bono “ya que se acordó con el sector sindical un aumento del 19% en dos tramos que absorbió la oferta inicial de bono en la negociación paritaria”. En sintonía, Raúl Zylbersztein, titular de la Federación Económica de la Ciudad de Bs AS (FECIBA) manifestó: “Acordar el pago de un plus de fin de año sería una carga más a la débil economía de las pymes, y que sentenciaría la actividad”.

“Las pymes no legitiman ni darán cumplimiento al acuerdo, primero, porque no han sido parte de la negociación, y ,segundo, porque cumplir con esas exigencias, seria un asesinato en masa de miles de pequeñas empresas que dejaría a un sinfín de trabajadores en la calle, y, en el caso de las que sobrevivan, las obligaría a incumplir con los pagos de salarios, a suspender trabajadores y a trasladar parte de las subas a los precios de los productos finales, lo cual las haría entrar en un espiral descendente, logrando exactamente lo contrario de lo que se quiere evitar”, concluye el lapidario documento de la CAME.

Por su parte, el ministro de Trabajo Jorge Triaca ya adelantó que el acuerdo por el bono de fin de año deberá ser considerado como un aporte extraordinario que evitará que las paritarias de 2017 deban hacerse cargo del “arrastre” inflacionario de este fin de año. Es decir, que operará como una reaseguro para cerrar nuevas negociaciones salariales a la baja.
Triaca afirmó que el acuerdo permite “arrancar el 2017 con una inflación más controlada, y que la paritaria no lleve el arrastre de la inflación anterior”. Y agregó: “Hablamos de cerrar 2016 para que la paritaria del año entrante refleje la inflación a partir de enero, febrero y marzo, y no como fue este año, que llevaron el arrastre de la inflación anterior”.

Mientras los distintos sectores sindicales que defienden el acuerdo tratan de convencer a sus bases de la conveniencia de haber descartado el paro general por un bono de fin de año tan incierto y sujeto a la renegociación sectorial como éste, también deben justificar el hecho de que ni siquiera consiguieron un compromiso mínimo oficial en el sentido de alguna medida que pueda frenar temporalmente los despidos. Este miércoles el vicejefe de Gabinete Mario Quintana anunció públicamente que el Ejecutivo se niega a impulsar algún tipo de ley o decreto “que garantice la estabilidad laboral para los próximos tres meses”, como había pedido la CGT. El argumento fue el mismo con el que se rechazó la ley antidespidos: que estas medidas son contraproducentes y traban la creación de empleos.

Desde el Gobierno también se informó que están estudiando la posibilidad de otorgar un beneficio similar de alrededor de 2000 pesos para los trabajadores estatales “no jerárquicos”. Los detalles se conocerán en los próximos días, luego de una ronda de diálogo con los secretarios generales de ATE, Hugo Godoy, y de UPCN, Andrés Rodríguez.

Aún cuando el bono de fin de año para privados y estatales se pagara sin inconvenientes, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acaba de difundir un informe en el que concluye que esos hipotéticos 2000 pesos están lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo del año.

Según plantea un artículo sobre el tema del economista Jorge Duarte: “Tomando las categorías representativas de los convenios de Metalúrgicos, Comercio, Construcción, Estatales, Gráficos y Gastronómicos, el monto necesario de un hipotético bono de sin de año “para equiparar en términos de poder adquisitivo o poder de compra a la paritaria 2015/2016, respecto de la paritaria 2016/2017”, oscila entre $6.335 y $14.867”.