Batalla de Ideas

18 octubre, 2016

La estrategia del gobierno para desplazar a Gils Carbó

Por Federico Dalponte. La procuradora designada en 2012 tiene mandato vitalicio por ley, pero el oficialismo busca con insistencia su renuncia. Sin éxito en el intento, avanza ahora en el Congreso un discutible proyecto para limitar su duración hasta 2017 o forzar el juicio político.

Por Federico Dalponte. «Me parece que hay que pegarse al mecanismo previsto”, había dicho en diciembre pasado el diputado Nicolás Massot, presidente del bloque oficialista. Pero le duró poco. Tan pronto como el gobierno concluyó que no podría desplazar a Alejandra Gils Carbó por vía legal, buscó una solución más directa: cambiar la ley.

El proyecto que este martes obtuvo dictamen favorable en Diputados plantea reformas diversas, pero persigue sin disimulo la salida de la procuradora. Nadie lo esconde. Es más, el intento data de principios de año. Y mientras tanto, hasta aquí hubo pedidos públicos de renuncia, presiones mediáticas y hasta una denuncia penal promovida por Elisa Carrió y Mario Negri.

La táctica finalmente elegida, sin embargo, plantea algunos inconvenientes difíciles de sortear. El primero de ellos es de índole aritmético. Si bien la reforma legal propone facilitar el mecanismo de acusación institucional contra la procuradora, su juzgamiento seguirá dependiendo de los votos en el Congreso.

La idea original del gobierno era posibilitar que el presidente, apenas con un decreto, pudiese someter a juicio político a la titular del órgano. Pero a los socios del Frente Renovador les pareció demasiado. Por ello, el dictamen acordado entre el gobierno y Sergio Massa dispuso, en su redacción final, que se necesitará sí o sí el aval de la mitad más uno de los diputados para iniciar la acción. Si bien es cierto que la norma hoy vigente exige una mayoría más agravada que la propuesta, al menos se evitó la arbitrariedad del Ejecutivo. Claramente es en estos casos donde el massismo resulta hábil para terciar.

Sea como sea, lo cierto es que, en caso de aprobarse la iniciativa tal como está, y tras la acusación de la Cámara Baja, se necesitará que dos de cada tres senadores avalen la remoción de la funcionaria. Tarea difícil, aunque no imposible.

Cambiemos la ley para cambiar a la procuradora

Aun así, además del aritmético, el gobierno deberá lidiar contra un conflicto de interpretación legal: la aplicación retroactiva. Alejandra Gils Carbó fue designada en 2012, al amparo de una ley que consagraba su cargo como vitalicio mientras dure su «buena conducta». Por tanto, flexibilizar ahora las condiciones para acusarla y removerla parecería, de momento, algo más que impropio.

Aunque nada puede compararse con esa segunda opción que se guarda el oficialismo. En efecto, si fracasara el intento por desplazarla por supuesto mal desempeño, el proyecto ya dictaminado por los diputados esconde un límite temporal: los mandatos ya no serán vitalicios, sino que se limitarán a cinco años. Por tanto, el gobierno intentará que Gils Carbó deje su cargo en 2017, cuando se cumpla ese plazo.

Si así fuera, nada más previsible entonces que una batalla judicial. Si la actual procuradora buscara defender su puesto -que era vitalicio cuando asumió-, deberá exigir que los tribunales le reconozcan su derecho conculcado. Porque, claro, la inseguridad jurídica no sólo es cosa de los empresarios.

Por lo demás, es posible también que se abra una disputa en torno a la constitucionalidad de la norma. Si bien es cierto que el Congreso tiene la potestad de regular el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, no lo es menos el hecho de que el artículo 120º de la Constitución reconoce que “sus miembros gozan de inmunidades funcionales”.

Y algo de eso también atravesó la sesión del plenario de comisiones de Diputados. Críticas de avasallamiento constitucional por un lado y respuestas, por el otro, recordando los años del Frente para la Victoria a cargo del gobierno.

Un poder controlado por Graciela Camaño

Por lo demás, si todo ello fracasara, el gobierno podrá jugar una última carta. Desde su origen, la estructura del Ministerio Público fue concebida como un cuarto poder del Estado. Tanto, que así está estructurado el propio índice de la Constitución. Su autonomía es parte esencial de su funcionamiento. Aunque no por ello tiene menos controles.

Así, la comisión bicameral del Congreso encargada de fiscalizar a la procuradora también se pretende como objeto de reforma. El proyecto del oficialismo otorga tantas nuevas facultades al órgano de inspección que incluso establece como causal de juicio político la desobediencia a sus planteos.

“Hay un exceso de atribuciones a la bicameral”, denunció por ejemplo Margarita Stolbizer. Aunque, por cierto, las críticas más severas provinieron de los diputados kirchneristas. Fueron ellos, en efecto, quienes denunciaron la connivencia del Frente Renovador, vital para el quórum oficialista. La legisladora massista Graciela Camaño, vale decir, es quien preside la comisión y quien tendrá a su cargo, de momento, el seguimiento del Gils Carbó. Toda una señal.

Con ese tenor, el miércoles 26 de octubre el debate pasará al recinto y el oficialismo seguramente consiga allí la media sanción que busca. Y hacia mediados de noviembre, tal vez, le toque el turno a los senadores.

@fdalponte

Foto: Télam

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