Reformar el Código de Planeamiento Urbano: la nueva batalla del PRO en la Ciudad

El 2016 parece ser un año de apuesta importante para el macrismo, no sólo a nivel nacional, sino también (aunque tenga menor difusión) en la Ciudad de Buenos Aires. Siendo el tercer mandato del PRO al frente de la “Reina del Plata”, Horacio Rodríguez Larreta ha comenzado logrando la sanción de un proyecto vital para su gestión: la creación de la “Agencia de Bienes del Estado (ABE)”.

Con ese proyecto el Ejecutivo dio un paso importante para volcar tierras públicas hacia el mercado inmobiliario (con los terrenos del club Tiro Federal como su ejemplo más importante), logrando que esa nueva agencia pueda disponer de las tierras públicas de manera más directa que antes (pese a que no lograron saltear al Poder Legislativo como proponían originalmente). Otra muestra de cómo el PRO busca favorecer al mercado inmobiliario es que por quinta vez consecutiva se busca sancionar la rezonificación que habilite la construcción de un nuevo Shopping en Caballito, por parte de la empresa IRSA.

Sin embargo, el Ejecutivo porteño necesita ir más allá. Es por ello que han dado a conocer la intención oficial de modificar el Código de Planeamiento Urbano, ya que según manifestó el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia “el vigente está colmado de actualizaciones parciales y da lugar a interpretaciones por parte de las autoridades regulatorias”.

¿Que es el Código de Planeamiento Urbano?

Es un conjunto de normas que “alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, (…) y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad”, según establece la Ley 449/2000.

Su texto original es de la época de la dictadura cuando los desalojos en los barrios pobres eran moneda corriente. Fue sancionado en 1977  y se comenzaron a utilizar conceptos como “Factor de Ocupación Total” (FOT) y “Factor de Ocupación del Suelo” (FOS) para regular las construcciones en la ciudad. Se proponían también diversas “zonificaciones” con regulaciones para las actividades en cada uno de ellas (residenciales, centrales, de equipamiento, industriales y otras).

En los 40 años en que este “planeamiento” fue utilizado, se han hecho sucesivas modificaciones, la más importante de ellas en el año 2000, bajo la gestión de Anibal Ibarra (Ley Nº 449). En esta se declaró “área de desarrollo prioritario” a la zona sur otorgando un incremento del FOT del 25%, algo que fue utilizado por el mercado inmobiliario para ampliar sus fronteras de acumulación (en Caballito Sur por ejemplo).

¿Qué se quiere cambiar actualmente?

Según el ministro Moccia, la ciudad “no tiene espacios disponibles.(…) El tercio que queda por construir se va a hacer, pero de otro modo”. Es por ello que se impulsan cambios, pero no parciales sino de tipo estructural. Según trascendió en diversos medios, una de las principales modificaciones es eliminar las zonificaciones excluyentes, es decir que existan áreas sólo residenciales y otras solo industriales. Un segundo punto sería la eliminación del  FOT como índice que determina la altura edificable de una determinada porción del suelo urbano, reemplazándolo por una tipología de construcción “por volumen” (algo poco claro hasta el momento).

Más allá de estos tecnicismos, detrás de esta batalla legal se esconde un debate central para el futuro de la Ciudad. Para ello el gobierno de Rodríguez Larreta ha creado (sin esfuerzos de difusión), un denominado “Foro de Desarrollo Urbano” que se reunió en dos oportunidades en el Palacio Lezama (Ex Fábrica Canale) y del que participaron solamente los “desarrolladores urbanos” más importantes: Eduardo Costantini (Consultatio), Eduardo Elsztain (IRSA), Rudi Boggiano (Constructora Sudamericana), Toribio Pablo de Achával, entre otros. Por otro lado, también se discute en ámbitos técnicos como el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Frente a esta situación varias organizaciones vecinales comenzaron a exigir participación. Al comunicarse para intentar acceder a una reunión que se realizaba el martes 4 de octubre a las 9 hs, les respondieron (por correo electrónico) que la “jornada por los avances del Nuevo Código Urbanístico está planteada sólo para las organizaciones pertenecientes al Consejo de Planeamiento Estratégico” y que “por lo tanto no va a ser posible su participación”. Frente a esto no hay ningún indicio de discusión en otros ámbitos, de cara al grueso de la sociedad porteña.

Las organizaciones vecinales y populares de la ciudad vienen resistiendo el avance de los negocios inmobiliarios frente a las diferentes necesidades que cada vez son más sentidas en la ciudad: el derecho a una vivienda accesible, un hábitat saludable (espacios verdes, calidad en los servicios públicos, saneamiento), infraestructuras para educación, salud, cultura, etc. Es por ello que estos debates son centrales para quienes habitan la ciudad. Una ciudad justa y democrática (socialmente planificada) es contraria al interés de los negocios inmobiliarios.

Fernando González – @FerNarso