Estado policial, Estado maldito

Por Mariel Martínez. Una tapa de la revista Noticias, allá por 1996, bautizaba con dos palabras a la Bonaerense: Maldita Policía. La investigación periodística desnudaba lo que era un secreto a voces: la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires era un cuerpo viciado corrupto, violento, abusivo y asesino. Su entonces jefe, Pedro Klodczyk designado por Eduardo Duhalde, fue obligado a renunciar a su cargo luego de que el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas pusiera en la mira a toda la institución policial. Maquillaje escénico para una escena que siguió el mismo libreto: se sucedían las represiones, las muertes, los amedrentamientos, las desapariciones

Antes y después de aquél “maldita”, la Policía Bonaerense, la Federal, la de las diferentes provincias e incluso las luego creadas para territorios locales como la Metropolitana, continuaron caracterizándose por ser una fuerza criminal y, las más de las veces, impune, que se ensaña particularmente con los jóvenes.

Casos malditos

Ezequiel Demonty tenía 19 años y caminaba por su barrio -el Bajo Flores- en la madrugada del 14 de septiembre del 2002 junto a dos amigos. Patrulleros de la Policía Federal los frenaron. Les robaron. Los subieron a cada uno a un patrullero distinto. Los torturaron. Los obligaron a tirarse al riachuelo y Ezequiel, entonces, murió asesinado. Asesinado por la Federal.

Once años antes, cuando Walter Bulacio de 17 años de edad estaba esperando para entrar a un recital de rock, en una razzia policial a cargo de la seccional 35° se lo llevaron las fuerzas policiales. Lo torturaron y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y como resultado, cinco días después moría en el hospital Pirovano. Asesinado por la Federal.

Dos años después, en la madrugada del 17 de agosto de 1993, Miguel Bru, un joven estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata, fue secuestrado y torturado con prácticas usuales entre los genocidas de la dictadura como el submarino seco hasta su muerte, en la comisaría 9° de la ciudad. Su cuerpo continúa desaparecido pero por testimonios de otros presos sabemos que Miguel murió allí. Asesinado por la Bonaerense.

Más cerca, en el 2009, la historia del accionar criminal de la policía se repite. El caso más emblemático sea quizás el de Luciano Arruga, un pibe de barrio que se negó a robar para la policía y fue torturado hasta su muerte en la comisaría 8° de Lomas del Mirador y asesinado, otra vez, por la Bonaerense.

Esta lista es triste, corta y arbitraria y lamentablemente podría ampliarse: el primer informe de la Comisión contra la Represión Policial (CORREPI) que contabilizaba los casos de represión policial, desaparición de personas y gatillo fácil en democracia fue presentado en 1996 y arrojaba 262 casos. El último, presentado a fines del año pasado, 4464.

La maldición dirigida

Tampoco es nueva la persecución y el ensañamiento contra aquellas personas que, conscientes del lugar que ocupan en este mundo, se organizan y actúan para transformarlo.

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán son de los más nombrados y recordados, no sólo por su compromiso político y social y por ser semillas de posteriores luchas y organizaciones, sino por lo cruelmente burdo del caso: la persecución, el asesinato a sangre fría, el encubrimiento, el tratamiento que le dio a sus muertes la prensa. Fueron asesinados en junio del 2002 en el medio de una cruenta represión a una manifestación de desocupados, efectuada en conjunto por las policías Federal y Bonaerense, Gendarmería y Prefectura Naval.

En la Patagonia, también el caso de Carlos Fuentealba fue un cimbronazo social difícil de superar. El Estado avanzaba sobre muchos derechos: el salario digno, la protesta y fundamentalmente, la vida. La policía neuquina de Jorge Sobisch asesinó por la espalda el 4 de abril del 2007 a un maestro ejemplar que estaba ejerciendo su derecho a la protesta.

Una vez más, el recorte es arbitrario, resumido a los casos de más eco, los más dolorosos. Pero la represión de la protesta no es una novedad como tampoco lo es la persecución política.

Lo que sí aparece como una triste novedad es que la estigmatización de la militancia social que la derecha viene trabajando hace mucho tiempo, con la ayuda inigualable de la voz de los medios -que nunca es la de las mayorías- ganó un consenso inesperado.

La igualación de militancia juvenil con corrupción, el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala en enero de este año, la fallida orden de detención a la líder de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini son parte de un caldo de cultivo que las clases dominantes vienen revolviendo y que el gobierno de Cambiemos ofrece en vajilla de plata.

Será por ese caldo amargo y agrio que no hay lugar para voces de alerta ni titulares indignados frente al caso, por ejemplo, de Iván y Ezequiel, dos adolescentes de la Villa 21, un barrio que por ser pobre está hace un tiempo largo militarizado. Dos adolescentes (Ezequiel tiene 15 años) pobres que, conscientes de que su pobreza no es una condición natural heredada sino la consecuencia del enriquecimiento de otros, se organizan. Dos adolescentes que, sabedores de que a este mundo o se lo cambia o nos aplasta, se juntan con otros. Dos adolescentes villeros, estudiantes, laburantes, futboleros, compañeros de la poderosa Garganta Poderosa que fueron en la noche del sábado 24 de septiembre brutalmente torturados por la Prefectura. Cerca del riachuelo, como le hicieron a Ezequiel. Amenazados también, detenidos ilegal y arbitrariamente, pero esta vez vivos. Y bien valientemente vivos porque pese a la amenazas de “vamos a matarlos, total nadie los va a reclamar”, Ezequiel e Iván hicieron la denuncia que hace que hoy siete torturadores se encuentren detenidos.

Un día después y en Santa Fe, el domingo 25, policías de la comisaría 14 y del comando radioeléctrico entraron en la casa de Emiliano Mendoza en donde se encontraba Iván Franco, que milita en el Movimiento de Unidad Popular y es el presidente de una cooperativa. En una dependencia policial los golpearon, los torturaron y los amenazaron de muerte. Emiliano fue desfigurado: intentó suicidarse para frenar el dolor. Cambio de guardia, visita de médicos, y los jóvenes fueron liberados. Hasta el día de hoy, y pese a las denuncias, a Iván lo persiguen patrulleros por la calle.

Ante este estado de cosas, el problema no es ya -o no es sólo- el estado de la Policía, ni el de la Prefectura, ni el de la Gendarmería. El problema es el estado del Estado. Nunca fue tolerable el accionar represivo, ni la impunidad policial, ni la cofradía judicial de encubrimiento, ni la estigmatización mediática. Nunca fue aceptable que encarcelen, torturen y maten a nuestros pibes por pobres, por rostro, por jóvenes.

Nunca es nunca, es tampoco ahora.

Que los persiguen también por militantes. Que irrumpen y rompen redacciones de diarios, que destrozan locales partidarios, que se ensañan con los que eligen organizarse. Tampoco ahora que nos quieren hacer creer que organizarse es más peligroso. Porque Iván y Ezequiel, Iván y Emiliano, denuncian. Porque son parte de un colectivo de compañeros que los sostienen. Porque saben que no son ellos solos, que acá somos un montón que decimos: si este es el Estado, el Estado está maldito. Y es construyendo cada vez organización más fuerte que le vamos a extirpar los demonios.

@Mariel_mzc