Batalla de Ideas

3 octubre, 2016

Un protocolo policial para “proteger” a los periodistas

Por Federico Dalponte. Con apoyo de ADEPA y FOPEA, el texto fue presentado el pasado viernes por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Prevé que los trabajadores de prensa podrán pedir protección al gobierno en caso de ser agredidos o amenazados. A cambio, deberán entregar información sobre su trabajo.

Por Federico Dalponte. “La policía lanzó el primer gas lacrimógeno y un minuto después la gente corría en desbandada, escapando de los disparos. A partir de allí la represión se extendió en un crescendo que se pareció bastante a una cacería”.

Las palabras son de Laura Vales. La periodista escribió su crónica poco después de la Masacre de Avellaneda. Cerca de donde ella estaba, el fotógrafo independiente Sergio Kowalewski captaba al comisario Alfredo Franchiotti con la muerte entre las manos.

El rol de los periodistas visibilizando el poder homicida del Estado fue impactante aquella jornada. Hubo masacres antes y las hubo después, pero aquel día -por su magnitud, por su difusión, por su alevosía- la responsabilidad gubernamental se volvió innegable.

Hoy, en el mismo país pero más de una década después, la titular del Ministerio de Seguridad asegura que las fuerzas que ella comanda custodiarán a los periodistas. Sobre todo a los que investigan, a los que buscan revelar “hechos de interés institucional”; como si ello no incluyera a todos. En suma, dice Patricia Bullrich, los protegerán de la violencia que las más de las veces genera el propio Estado.

Según el Ministerio, el denominado «Protocolo general de actuación para la protección de la actividad periodística» tiene por objeto “garantizar el libre desarrollo de la actividad periodística”. Es decir: la policía como garante de la libertad de prensa.

Paradójico. Máxime si uno repasa los delitos que se incluyen en el documento y por los cuales un periodista podría pedir protección: tráfico de drogas, contrabando, corrupción o mal desempeño en la función pública, trata, privación de la libertad, asociación ilícita, lavado, abuso de autoridad, violencia institucional.

Difícil imaginar alguno en el cual no haya un policía de por medio. En al menos 10 de los 13 ítems que reseña el protocolo, cualquiera podría pensar que la administración estatal es parte del problema y no de la solución. ¿Será la prefectura la que custodiará a quien denuncie la tortura sufrida por Ezequiel e Iván en la villa 21-24, la semana pasada? ¿Será la gendarmería la que proteja a quien investigue la represión sufrida en febrero por una murga de chicos y chicas en la 1-11-14?

Pero además, para florón y remate, basta señalar también la posible comisión de delitos por parte de aquellos funcionarios no policiales. Es decir, los corrompibles agentes de oficina: por caso, un presidente que virtualmente evada impuestos, un eventual director de aduana que acepte coimas, una ocasional vicepresidenta que financie su fundación de forma oscura. Todo en sentido potencial. Pero si un periodista investiga, claro está que pedir protección oficial sería un poco contraproducente.

En especial si se repara en otro de los puntos groseros del texto. Según el artículo 5, el periodista que solicite protección deberá proveer al gobierno la “documentación y pruebas” que acrediten el riesgo. “La información sobre la misión periodística, así como la identidad de los periodistas que requieran la protección del Ministerio de Seguridad, será mantenida en secreto”, aclara. Dicho de otro modo, el Ministerio protegerá al denunciante sólo si éste entrega su trabajo o al menos parte de él. Una exigencia -como poco- desmedida.

Asimismo, señala el protocolo que “la presencia de ADEPA y FOPEA garantizará la confidencialidad del objeto de la investigación periodística y de las fuentes”. Es decir, como si faltara algo, el periodista que busque protección deberá confiar admeás en una entidad patronal y en una ONG.

Y ésta es por supuesto la otra faceta de la polémica: el rol de ambas entidades. No es una novedad la fluida relación entre Cambiemos y los dueños de los grandes medios, pero el protocolo presentado por el gobierno desconoce -fiel a su estilo- el rol de los trabajadores.

La patronal, es claro, tiene intereses diversos, y de allí la cercanía con el oficialismo. Por ejemplo, de los diarios de mayor circulación, el consejo directivo de ADEPA cuenta con representantes de perfil destacado. Uno es José Claudio Escribano, abogado, miembro del directorio de La Nación desde 1997 y célebre autor de la frase “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”, escrita y publicada en mayo de 2003. El otro es Martín Etchevers, de Clarín, también abogado, master en dirección de empresas y cara visible de la cruzada del multimedios contra la Ley de servicios de comunicación audiovisual.

Claro que mientras tanto, tras publicarse el protocolo, también hubo voces discordantes. “Los trabajadores de prensa han sido los auténticos convidados de piedra, ignorados e invisibilizados por las empresas nucleadas en ADEPA y por FOPEA, entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores”, señala el documento difundido por la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por más de 40 sindicatos del sector.

Y sigue: “El gobierno nacional debería saber que para reducir riesgos en situaciones de conflicto, es mejor una adecuada capacitación, un conocimiento del contexto y que las empresas provean las condiciones y elementos de trabajo adecuados”. Y si median agresión o amenazas -concluye-, “los trabajadores de prensa deben acudir a la Justicia, no a las fuerzas de seguridad”.

@fdalponte

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