Ayotzinapa: dos años de encubrimiento

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidoro Burgos” de Ayotzinapa, la Justicia mexicana no ha logrado establecer quiénes fueron los responsables ni tampoco aportar avances sustanciales en la investigación. El Estado es señalado por la manipulación de pruebas, la divulgación de versiones falsas y la participación directa en los hechos criminales.

El caso constituye la evidencia más palpable y reconocida a nivel internacional sobre la situación actual de los derechos humanos en México, donde más de 160 mil personas fueron asesinadas y otras 27 mil desaparecidas en la última década. La escalada internacional de este conflicto puso en la mira al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El caso

En la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. Los estudiantes fueron atacados a tiros por policías municipales y miembros del cártel narco “Guerreros unidos” cuando se dirigían a una protesta en defensa de la educación pública. Según declararon los atacantes, habían confundido a los autobuses de los estudiantes y del equipo de fútbol “Avispones de Chilpacingo” con miembros de otro cártel y por eso atacaron a ambos grupos.

La balacera provocó el escape de algunos estudiantes que lograron sobrevivir y otros que fueron perseguidos y asesinados, como el caso de Julio César Mondragón. Pero 43 estudiantes fueron llevados a una dependencia policial donde fueron vistos por última vez. Los policías imputados manifestaron en su momento haber “entregado” a los estudiantes al cártel narco “Guerreros unidos”, cuyos miembros habían incinerado los cuerpos en un basurero y arrojado las cenizas a un río cercano.

Esta versión, conocida como «la historia oficial», fue elaborada por el ex procurador general Jesús Murillo Karam y, aunque fue desestimada en varias ocasiones debido a las incongruencias entre las declaraciones y las pruebas, es la que actualmente sostiene la Procuraduría General de la Nación (PGR).

Un informe elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a fines de 2014 demostró la falta de coincidencia entre el ADN de los estudiantes y el hallado en el basurero de Cocula. El EAAF, apoyado y respaldado por los padres de los estudiantes desaparecidos, fue quien sostuvo la hipótesis que hoy cobra fuerza sobre la falta de congruencia entre los hechos y las pruebas del basurero. Murillo Karam renunció luego de comprobarse un accionar dudoso de la PGR.

Ante la presión internacional el gobierno mexicano tuvo que aceptar la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), impulsado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte de un acuerdo de cooperación técnica para la búsqueda de los 43 normalistas.

¿El Estado encubre a los culpables?

La desconfianza inicial de los padres de las victimas sobre las autoridades gubernamentales posibilitaron la intervención de otros organismos como el GIEI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -similar a la Defensoría del Pueblo-. En abril de 2016 el GIEI presentó un informe en el que denunció la resistencia por parte de la PGR, la omisión de escenas, la falta de tecnología para el desarrollo de la investigación, la estigmatización, revictimización y el burocratismo en el trato con las víctimas, y la tortura de las 17 personas presentadas como testigos fundamentales.

Ambos organismos han cuestionado posibles encubrimientos de la PGR al accionar de las fuerzas policiales de Iguala y del estado Guerrero. En ese sentido, tanto la GIEI como la CNDH han enfatizado la importancia de indagar sobre el rol de las fuerzas policiales en la desaparición de los 43 normalistas, desestimando la línea que involucra a cárteles de la droga, fuertemente sostenida por la PGR durante estos últimos dos años.

En el reciente informe de gestión de Enrique Peña Nieto demostró no haber aportado ningún avance sustancial en esta investigación o ninguna otra vinculada a las más de 27 mil personas que se encuentran desaparecidas en México. Este documento no sólo excluye mencionar las particularidades del caso más grave de su gestión, sino que omite los informes presentados por el GIEI.

La situación actual de la causa

Por el momento hay más de 130 detenidos por este caso, entre quienes se cuentan el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, quienes están señalados como directamente vinculados con los hechos. También se encuentra bajo prisión Sidronio Casarrubias Salgado, y otras tres personas que fueron identificadas como autores materiales de la desaparición.

El Centro ProDH alertó que estos acusados pueden ser liberados al alegar torturas y malos tratos en las cárceles. Si bien los juicios están en marcha, los procesos se han ralentizado y alargado debido al lento accionar del Poder Judicial de la Federación, como informó Mario Patrón, director de esa ONG. “Es una investigación que se basó en una teoría oficial del caso que a la postre, a través de pruebas científicas y contradicción de testimonios, se pudo ubicar que no tiene argumento de que el basurero de Cocula representaba el destino final de los estudiantes”, explicó.

Por su parte, la CNDH emitió un pronunciamiento el 25 de septiembre en el que instó a la PGR y otros organismos estatales a dar respuesta al medio centenar de observaciones presentadas por el organismo. Este organismo manifestó que considera que el caso Iguala “es un expediente abierto”, respaldó el accionar de la GIEI y afirmó que una vez concluida la investigación “emitirá la determinación de fondo sobre el caso”.

La PGR, por su parte, aseguró el 24 de septiembre que mantendrá abierta la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para garantizar “la obtención de información suficiente y apta para saber su paradero, así como lograr el esclarecimiento total de lo acontecido” y lograr la “justicia plena al respecto”.

No obstante, los familiares de los desaparecidos viajarán a Suiza para pedir apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya que la desconfianza sobre los organismos estatales es absoluta.

Una masiva movilización iniciada durante el fin de semana desde distintos puntos del país y encabezada por los padres y familiares de las víctimas de Ayotzinapa confluirá en el Zócalo, centro del D.F., en la tarde del lunes 26 de septiembre. Se realizarán homenajes en numerosas ciudades del mundo en reclamo por justicia por los 43 estudiantes mexicanos que, lejos de ser olvidado, se mantiene firme en el centro de atención de los pueblos del mundo.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan