Nacionales

21 septiembre, 2016

Múltiples pedidos para que Bonadío no incinere elementos del Plan Qunita

Mientras que el juez Claudio Bonadío sigue firme en su intención de incinerar 60 mil cunas y sacos térmicos para bebés que formaban parte del Kit Qunita, continúan sumándose pedidos de especialistas y organizaciones políticas y sociales para que se revea la medida. Médicos, pediatras, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y hasta Unicef ya han manifestado su preocupación por la injustificada decisión del juez.

Mientras que el juez Claudio Bonadío sigue firme en su intención de incinerar 60 mil cunas y sacos térmicos para bebés que formaban parte del Kit Qunita implementado por el gobierno de Cristina Fernández en 2015, continúan sumándose pedidos de especialistas y organizaciones políticas y sociales para que se revea la medida. Médicos, pediatras, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) y hasta Unicef ya han manifestado su preocupación por la injustificada decisión del juez.

El “Programa de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido – Qunita», destinado a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social inscriptas en el programa Sumar, fue presentado por presentado por Cristina Fernández en Tecnópolis en julio de 2015.

El kit del plan Qunita incluía una cuna de madera con sistema de encastre y su colchón, dos juegos de sábanas, un acolchado, una frazada polar, un toallón y un saco de dormir. Además indumentaria para el bebé (dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones, tres pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y dos sacos de dormir), un porta bebé, un bolso materno y un bolso cambiador con artículos de higiene para la madre y el recién nacido (termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos, bata, camisón y pantuflas). También incluía chupete, babero, mordillo, sonajero, un libro de cuentos infantiles y una guía de cuidados para la mamá y el bebé.

Sin embargo, luego de que le fueran entregados para su evaluación algunas unidades al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en octubre se dio a conocer un informe de la entidad que, luego de evaluarlas según los parámetros utilizados en Europa para analizar la seguridad de las cunas, señalaba diversos aspectos “no conformes” a estas normas. Entre ellos, la existencia de algunas aristas peligrosas y la falta de instrucciones para su armado. También fueron cuestionadas las bolsas de dormir ya que por el diámetro del cuello podrían provocar “sofocación mecánica” o “estrés térmico” para el bebé.

Basándose en esos informes, María Eugenia Vidal ordenó en el mes de febrero que no se entreguen ambos elementos en la provincia de Buenos Aires. En abril el Ministerio de Salud decidió retirar de circulación toda la existencia de esos kits Qunita (quedaban unas 60 mil unidades, unas 70 mil ya habían sido entregadas), por lo que ahora esperan en un depósito la decisión judicial (aunque en ningún informe queda demasiado claro si los elementos secuestrados son únicamente la cuna y el saco de dormir o se trata del kit completo).

Desde fines de 2015 el caso está en manos del juez Claudio Bonadío, quien en agosto ordenó la incineración considerando que “resultan riesgosos para la salud”. Otro argumento es que “su custodia y almacenamiento generan actualmente importantes costos a la administración pública nacional”. El juez también llamó a prestar declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, por supuestas irregularidades en la adjudicación para la provisión de los kits.

La decisión del magistrado despertó numerosas manifestaciones de repudio en las últimas semanas. El propio Gollán denunció: “El programa venía funcionando perfectamente, y su objetivo era prevenir dos mil muertes de bebés y de cien madres por año. En la resolución de Bonadío hay un indisimulable odio de clase, porque son los más pobres los que van a dejar de recibir el beneficio”.

El reconocido neonatólogo Alejandro Jenik, por su parte, recomendó: “Antes que se destruyan las cunas debería formarse un equipo interdisciplinario entre el grupo de trabajo de muerte súbita y el grupo de prevención de lesiones de la SAP, representantes del INTI y representantes expertos del Ministerio de Salud, y tomar una conducta conjunta con respecto a si cabe la factibilidad de salvar las cunas con recomendaciones muy estrictas para el uso de los padres, fundamentalmente que no las usen después de los seis meses”.

Este es uno de los puntos centrales de crítica al informe del INTI, ya que diversos especialistas cuestionaron la evaluación de la entidad en base a normas europeas para cunas, señalando que en los Qunita son “cunas-moisés” destinadas a bebés de menos de seis meses, que requerirían una evaluación distinta.

También diversos legisladores han presentado pedidos de informes en la Comisión de Salud de Cámara de Diputados. La diputada del Frente para la Victoria (FPV) Carolina Gailliard consideró que «hacer justicia es entregar las cunas y no destruirlas. El juez ha manejado tendenciosamente la información del INTI».

El pasado 15 de septiembre, Bonadío incluso rechazó un pedido del fiscal Eduardo Taiano de buscar los caminos para “acondicionar y adecuar” las unidades para que puedan ser entregadas a las madres que las necesitan.

En estos días también se han sumado las voces de repudio del decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Sergio Provenzano, quien se dirigió al juez para plantearle que “diversas agrupaciones políticas estudiantiles de esta Facultad han elevado a este Decanato la preocupación» por «ordenar la destrucción de algunos elementos de ese kit. Al respecto manifiestan que la mortalidad materna e infantil en nuestro país es un indicador que habla de la inequidad social y sanitaria, siendo muy superior en la población de menores ingresos”. “Es inquietud de esta casa de estudios este tema particular y apoyamos toda iniciativa que tenga que ver con la disminución de la mortalidad infantil”, concluyó.

También la sección nacional de Unicef emitió un comunicado pidiendo se dé marcha atrás con la decisión ya que «la evidencia internacional disponible del uso de este tipo de insumos demuestra que son estrategias que contribuyen a disminuir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, siempre que respondan a estándares de calidad adecuados».

Finalmente, también la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR) elevó un escrito al juez contra la incineración de las unidades. En el mismo suman al reclamo el argumento ecológico, ya que la incineración constituiría un “grave crimen ambiental”. “La incineración de residuos es un modo altamente cuestionado de tratamiento de residuos debido a que genera la grave posibilidad de generar un daño ambiental irreparable”, explican.

Luego agregan que “siendo que las cooperativas de cartoneros y recicladores nucleadas en la FACyR cuentan con el conocimiento, los recursos humanos y la capacidad técnica para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos” se ofrecen a “reacondicionar, bajo supervisión de autoridades sanitarias y técnicas de prestigio” los elementos destinados a incineración “para posteriormente entregarlos a madres socialmente vulnerables incluyendo también a nuestros nuestros asociados y otras familias de trabajadores de la economía popular que se encuentran privadas de todo derecho”.

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