Nacionales

20 septiembre, 2016

Tarifazo: audiencia pública en Córdoba y denuncias por censura

El pasado fin de semana en el marco de la Audiencia Pública por el aumento de la tarifa de gas, en la provincia de Córdoba se realizó la convocatoria a expositores en el auditorio de Radio Nacional. Los días previos se advirtió la reducción en el número de expositores habilitados en la provincia y podía preverse un panorama -que finalmente se materializó- con un auditorio vacío y vallado por la policía provincial.

El pasado fin de semana en el marco de la Audiencia Pública por el aumento de la tarifa de gas, en la provincia de Córdoba se realizó la convocatoria a expositores en el auditorio de Radio Nacional. Los días previos se advirtió la reducción en el número de expositores habilitados en la provincia y podía preverse un panorama -que finalmente se materializó- con un auditorio vacío y vallado por la policía provincial.

A pesar que desde las organizaciones sociales, centros vecinales y partidos políticos afirman que los inscriptos para participar de la misma fueron 205 sólo se habilitó la palabra a 21 para expresarse. Esta situación fue calificada como irregular y motivó la presentación de un nuevo recurso de amparo, esta vez solicitando la nulidad de la audiencia pública. Los encargados de hacer dicha presentación fueron  Horacio Viqueira y Valentina Enet, ante el juzgado Federal N° 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

En relación a ello, Irina Santesteban, ex secretaria general del gremio de Judiciales de Córdoba, afirmó: “Esta audiencia no es pública porque se dejaron afuera más de 180 personas, además no se deja entrar a toda la gente. Aquí estamos en un auditorio con capacidad para 300 o 400 personas y no hay más de 10 0 12; hay vayas, policías y requisas al ingreso. En estas condiciones de pública y de audiencia pública tiene poco”.

Cabe señalar que mientras se desarrollaba la audiencia, la policía de Córdoba impedía el ingreso al auditorio frente a la movilización que se apostó en las puertas del mismo. Esta vez, se sumó una nueva demanda a las que ya venían sosteniéndose en los últimos meses por el aumento de tarifas en los servicios públicos: el derecho a expresarse.

En este sentido, como acuerdo del Plenario Vecinal contra el Tarifazo se puso de manifiesto la denuncia de la reducción en la participación a los vecinos y vecinas. Esto, según explican referentes del espacio mencionado: “buscó invisibilizar el rechazo generalizado a los aumentos que atenta, en este contexto inflacionario, en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

¿Privilegios o derechos?

Respecto a los argumentos que fundamentarían el incremento de la tarifa de gas, una de las oradoras habilitadas, Melisa Suárez -licenciada en Geografía y miembro del Movimiento Popular Patria Grande-  expresó: “El tarifazo de gas busca recomponer la tasa de ganancia de las empresas petroleras. A través de un estudio, Martín Scalabrini Ortíz, expresa que la transferencia de recursos desde los consumidores hacia las empresas petroleras es alrededor de 2800 millones de dólares, producto de la recomposición del precio en boca de pozo”.

¿Los servicios públicos son un derecho o un privilegio? Este fue uno de los puntos claves del debate respecto al Tarifazo en todo el país. En las declaraciones de miembros del gobierno nacional podía reconocerse una concepción que no entendía al acceso a los servicios básicos como derechos de los ciudadanos. En este sentido Suárez, remarcó: “Se habló del acceso al gas como si fuese un servicio análogo al pago de telefonía celular o televisión por cable, cuando es una necesidad”.

Desde las organizaciones sociales, vecinales y políticas también se sostuvo en la audiencia la importancia de mantener subsidios que garanticen desde el Estado el acceso a los servicios básicos a los sectores sociales más desfavorecidos. Al respecto, Melisa afirmó: “Se han criminalizado los subsidios a las familias, cuando grandes empresas son subsidiadas también. Pero eso no se critica, por el contrario está clara la alianza de este gobierno con las grandes empresas”. Y agregó: “El Estado debe garantizar el acceso al gas, especialmente en regiones donde el servicio es deficitario y las condiciones socioeconómicas y ambientales lo demandan”.

Finalmente remarcó la necesidad de abrir el debate respecto a “la matriz energética y la propiedad de los recursos” y abrió un nuevo frente de discusión: las consecuencias ambientales. Sobre ello explicó: “Las exposiciones del ministro y de las empresas refirieron a la explotación de gas no convencional, sin hacer referencia a las consecuencias ambientales que genera la misma, como contaminación y colapso de suelo; no se hizo referencia a la generación de energías alternativas”.

María Ordoñez, desde Córdoba

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