Derechos Humanos

20 septiembre, 2016

Justicia horror show en Corrientes

El asesinato de Maximiliano Aquino el sábado 1° de agosto de 2015 conmocionó a Corrientes. Ante el reclamo generalizado de seguridad y justicia, la respuesta fue otra injusticia: un proceso plagado de irregularidades contra José Altamirano, único imputado en la causa que tendrá sentencia este 28 de septiembre.

El asesinato de Maximiliano Aquino el sábado 1° de agosto de 2015 conmocionó a Corrientes. Ante el reclamo generalizado de seguridad y justicia, la respuesta fue otra injusticia: un proceso plagado de irregularidades contra José Altamirano, único imputado en la causa que tendrá sentencia este 28 de septiembre.

En la madrugada de aquel sábado, «Maxi» salía de una peña universitaria junto con su amiga Melissa Arrúa, cuando los interceptó una moto con dos personas encapuchadas. La que iba atrás se bajó y, sin mediar palabra, en medio de un breve forcejeo apuñaló a Maxi quince veces, volvió a subirse a la moto de su compañero y se dieron a la fuga. Maxi, a sus 21 años, quedó en la vereda y falleció luego en el hospital.

A horas del trágico final del joven, comenzaría el infierno de José Altamirano. Josele estaba esa mañana en la canoa que usa para su trabajo de mallonero -trabajador de la pesca-, cuando personal policial se acercó y, sin más, lo llevó detenido (condición en la que aún permanece).

Allí comenzaron las irregularidades por parte de las fuerzas intervinientes en la investigación, explicaron a Notas las abogadas Verónica Gostissa y Nadia Rivas del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y Gabriela Granada del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales que colaboran con la defensa de José Altamirano.

En primer lugar, detalla Granada, en la provincia de Corrientes el Ministerio Público de la Defensa está desde hace años a cargo del Fiscal general. De este modo, pese a lo dispuesto por la Constitución provincial, aquella persona que resulte imputada de un delito y no tenga medios para acceder a un defensor particular, será asistida por uno oficial, dependiente de la autoridad que encabeza, a su vez, el órgano encargado de acusar y perseguir en nombre del Estado.

En este contexto se lleva adelante la causa seguida contra Josele, quien fue asistido por un defensor oficial en la primera etapa, durante la cual se han tomado las medidas más relevantes.

La detención de Altamirano, en sí, resulta nula por inconstitucional ya que se lo detuvo a raíz de dichos de vecinos del barrio Cichero, los cuales no se identificaron en ningún momento. “Para que una persona pueda ser detenida debe haber indicios vehementes de culpabilidad o elementos que generen una sospecha razonable que cometió o está por cometer un delito, y acá solo hubo una denuncia anónima. Esta es la primera irregularidad de la causa”, explica Rivas.

El mismo día en el que fue detenido, en horas de la tarde se constituyó personal policial en su casa para realizar un allanamiento. Revisaron la vivienda y secuestraron ropa suya y un cuchillo tramontina. Entre esas prendas estaría la que hoy constituye la única prueba que vincula a Josele con el asesinato de Maxi, un jean.

Los padres relataron que durante el allanamiento la policía separó esa prenda porque tenía manchas de sangre, lo cual no les sorprendió porque Josele es pescador y su ropa suele mancharse. Las fotos del secuestro -imprescindibles para la validez de la prueba- dan cuenta de esto, un jean abierto en el cual se observan pequeñas manchas de sangre al interior del bolsillo. Sin embargo, una vez que las prendas fueron enviadas al laboratorio para analizar las manchas descriptas, se obtuvo como resultado que solo una de ellas era compatible con especia humana. “Lo que resulta llamativo es el hecho de que la mancha compatible con especia humana, es aquella ubicada en la única zona del jean que no fue fotografiada al momento del secuestro. Se supone que las fotografías ilustran aquello que motivó el secuestro de un determinado objeto, garantizando que aquello que vaya a ser utilizado como prueba, pueda ser válidamente cotejado. De lo contrario no puede asegurarse que no se haya adulterado la misma”, indica Granada.

“Esto cobra mayor relevancia al saber que en la causa no consta el documento de la cadena de custodia. No obran los detalles de quién registró las evidencias, en qué circunstancias fueron recolectadas, quién las manipuló, dónde se guardaron, cómo se etiquetaron y quién las trasladó hasta el laboratorio pericial con el fin de garantizar que no existió ningún tipo de manipulación de las muestras”, agrega Gostissa. A su vez, la primera pericia realizada sobre el jean no fue notificada a las partes impidiéndose así el derecho de defensa, lo que el artículo 209 del Código Procesal Penal de la provincia sanciona con pena de nulidad.

Todo esto se produjo en un marco de vejaciones y torturas hacia Josele por parte de la policía. Él mismo relató con detalle lo padecido desde el momento de la detención en su declaración durante instrucción, al declarar en la primera audiencia del juicio oral. Prueba de esto es el video que la misma policía grabó e hizo circular en las redes sociales, reproducido por diversos medios bajo titulares del estilo “Confesión del asesino de Maxi”. El video habla por sí solo, se ve a Josele, esposado a una silla, confundido y golpeado, mientras personal policial le realiza preguntas indicativas buscando su autoincriminación.

Al preguntar a las abogadas por qué creen que la policía pondría tanto esmero en ensuciar a Josele, la respuesta es unánime: “Es uno de tantos, no se trata de él, se trata de la necesidad de dar respuesta a una muerte que tuvo gran repercusión en la sociedad”. Que teniendo en cuenta la cantidad de veces que en la causa se señalan a otras personas como posibles autores del crimen -con un nivel de certeza mayor al que lo incriminó a Josele– sin que siquiera se los investigara, podría pensarse en una protección al verdadero autor del crimen». Pero de todos modos, quienes trabajan defendiendo los derechos humanos, saben que «está lleno de Joseles, el pibe pobre, morocho, que encaja perfectamente en el estereotipo de pibe chorro, ideal para dar una falsa respuesta al pedido de justicia».

Teresita Rossetto

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