Presupuesto 2017: una inflación poco creíble

En su primer Presupuesto para la Administración Pública Nacional, el gobierno de Mauricio Macri explicita que es “el primer presupuesto que, luego de varios años de intervenciones al sistema de estadísticas públicas, se prepara sobre la base de las estadísticas que vuelven a ser confiables y que permiten la presentación de estimaciones y de proyecciones macroeconómicas mucho más probables y por lo tanto creíbles”. Sin dudas, los Presupuestos de años previos subestimaban (ocultaban) la inflación que se palpaba en las calles y con la cual los trabajadores negociaban los sueldos. El objeto de esa maniobra era luego poder disponer de “fondos adicionales” (generados justamente por esa mayor inflación) para asignar cada año, recurriendo a la llamada “Ley de Superpoderes” que desde 2001 habilita al Poder Ejecutivo Nacional a tomar la decisión de asignación por su cuenta y sin pasar por el Congreso de la Nación.

Ahora bien, si las estadísticas efectivamente ya no están siendo manipuladas, ¿significa eso que los números del Presupuesto 2017 son confiables? Sin ir más lejos, ¿se puede confiar en sus previsiones de inflación?

El gobierno prevé una inflación para 2017 de entre 12% y 17%, poniendo así un freno brusco en los próximos 15 meses a las tasas actuales (superiores al 43% interanual). También estima poder seguir desacelerándola en los años siguientes: entre 8% y 12% de suba de precios en 2018; y entre 3,5% y 6,5% en 2019.

Ahora bien, esto pareciera depender crucialmente de una visión ideológica: que la inflación depende pura y exclusivamente de la emisión monetaria, que se deriva a su vez de la necesidad de financiar el déficit fiscal. Esta visión, que fue mencionada tanto por Mauricio Macri como por sus ministros del gabinete económico, es parcial y ya ha llevado a errores en lo que va de la gestión de Cambiemos.

En primer lugar, cuando el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, dictaminó que la “unificación cambiaria” (que implicaba la devaluación del tipo de cambio oficial) no generaría inflación porque ya los negocios tomaban en cuenta un dólar más caro, equivocación comprobada rápidamente con la escalada de precios desde diciembre. El segundo problema lo ocasionó la suba de tarifas, que implicó un mayor gasto de los hogares y también mayores costos de producción para las empresas. En ese contexto, la política monetaria contractiva del Banco Central, que en lo que va del año apenas aumentó el dinero circulante en menos del 2%, no fue suficiente y la inflación se desbocó, llegando en algunas provincias al 47% de suba interanual.

El Presupuesto 2017 incluye nuevas reducciones en los subsidios energéticos que conllevan más subas en las tarifas que pagan los usuarios, cuya concreción depende también de los resultados de las audiencias públicas que lleva a cabo el Ministerio de Energía y de las resoluciones que luego dicte la Justicia sobre la validez de los actuales tarifazos. También prevé que, tras promediar $ 14,99 por dólar en 2016, el tipo de cambio se devaluará un 19,5% el año que viene para promediar $ 17,92. Sólo con esos dos puntos, ya hay elementos para pensar que el 17% se asemeja más a un “piso” para la inflación que a una meta de máxima.

Pero además debe considerarse que en las negociaciones salariales de este año, todos los trabajadores y trabajadoras del país han perdido poder adquisitivo. Con una inflación que supera el 43%, las mejores paritarias cerradas apenas han llegado al 37/40% -numerosas otras rondaron más bien el 31%-. La situación es aún peor para la mayoría de los trabajadores que se encuentran fuera de convenio, en regímenes de contratación precarios o no registrados; o que directamente por no estar empleados no cuentan con un salario a fin de mes. La recuperación (al menos parcial) del poder adquisitivo perdido en 2016 será un reclamo de las bases de cualquier sindicato en las próximas negociaciones paritarias. Si efectivamente se logra forzar a las dirigencias sindicales a negociar aumentos superiores, las empresas intentarán trasladarlos a precios, lo cual rápidamente redundará en una inflación anual muy superior a la que prevé el gobierno en su Presupuesto para el año que viene.

Finalmente, el proyecto estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) rondará el 3,5% en 2017. Una recuperación moderada, pero que seguramente bastará para devolver a algunos sectores a sus niveles de producción previos a la recesión actual -niveles de producción muy cercanos al límite de capacidad instalada, en muchos casos-. Ante la falta de inversiones productivas de magnitud y de concreción inmediata, ¿cómo se evitará que, a medida que se acerquen al pleno empleo de su capacidad productiva, esos sectores trasladen la mayor demanda a precios? Este factor inflacionario no actuará de entrada, ante la fuerte depresión en que se encuentran la mayor parte de las producciones nacionales; pero ciertamente presionará los precios a la suba, a medida que la economía siga recuperándose.

Devaluación, suba de tarifas, recomposición salarial (puja distributiva entre trabajadores y empresarios), y recuperación económica (con los consecuentes cuellos de botella, expresados como exceso de demanda): todos factores que juegan en contra de la reducción rápida y drástica de la inflación que espera lograr el gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de inflación del 17% para 2017 se basa, por tanto, más en una ilusión monetarista que en un análisis válido de las causas que realmente generan los aumentos de precios.

Martín Kalos* – @martinkalos

*Economista