Selling Argentina to the world II: Siemens, siempre es mejor el malo conocido

La historia de Siemens en la Argentina es harto conocida: en 1994, el presidente Carlos Menem y su Ministro del Interior, Carlos Ruckauf, firmaron el decreto 1310 que abría el llamado a licitación para contratar «un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y de identificación de las personas», es decir, la fabricación de Documentos Nacionales de Identidad (DNIs).

La licitación y el contrato representaban fortunas, pero el pliego era proporcionalmente exigente y eran pocas las empresas en el país que podían cumplir de manera integral con los requisitos. Se presentaron tres conglomerados de empresas y Siemens. El grupo que parecía tener el caballo ganador era la Unión Transitoria de Empresas (UTE), encabezada por Itrón S.A., una empresa de Franco Macri, e integrada además por Malam Systems Ltd., una compañía israelí que se dedicaba a la provisión de control de identidad y servicios de paso transfronterizo, TRW Systems Overseas Inc. y la canadiense SHL Systemhouse Inc. Siemens IT Services S.A. La otra empresa oferente, fue una subsidiaria local de Siemens de Alemania, creada ad-hoc para poder participar en la licitación. Los problemas que enfrentó la UTE, apadrinada por el ángel caído Alfredo Yabrán, se postergó unas quince veces, hasta que finalmente, en 1998, se le adjudicó a Siemens A.G. el contrato para la fabricación de los DNI.

Pero la adjudicación se produjo en medio de un escándalo. Siemens A.G. no tenía experiencia en el rubro y en los informes técnicos presentados por los miembros evaluadores, la empresa había obtenido uno de los puntajes más bajos, incumplía buena cantidad de los puntos exigidos y además era el contrato más caro: 30 dólares-pesos por cada DNI. Los informes técnicos que desaconsejaban adjudicar la licitación a Siemens fueron ignorados. La Unión Transitoria de Empresas, que había sido favorecida en esos aspectos, esbozó una ligera protesta, pero finalmente la única que inició el proceso de recusar la licitación fue Malam Systems. A poco de embarcarse en ese proceso se dio cuenta de que la habían dejado sola: Itrón S.A. había aceptado una muy generosa oferta de compra por parte de Siemens A.G. y se desentendió del problema. El gobierno le respondió a Malam que su recusación no comprendía a todo el conglomerado y por lo tanto era nula.

En el 2000, el gobierno de la Alianza sancionó la ley de emergencia económica y bajo su amparo se predispuso a revisar todos los contratos adjudicados, incluyendo también el de Siemens A.G. Para aquel entonces, no sólo se sabía que el proceso de licitación había sido -por lo menos- sospechoso, sino que también se había verificado la incapacidad de la empresa para ejecutar la tarea que se le había encomendado. A poco tiempo de haber empezado con sus operaciones, tuvo que reimprimir miles de ejemplares de los DNI porque había colocado las huellas digitales en el sentido incorrecto.

Siemens tuvo reuniones con varios funcionarios del gobierno de la Alianza para conseguir la reactivación del contrato, pero sin demasiado éxito. Tras haber ejecutado solamente un tercio del contrato, fue finalmente suspendida.

La empresa actuó rápidamente. En el 2002, apelando al Tratado Bilateral de Inversión (TBI) Alemania-Argentina, presentó una demanda en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) contra la Argentina, exigiendo el pago de $602 millones de dolares en concepto de «lucro cesante» por la expectativa de ganancias que la empresa había tenido y que no pudo cumplir debido a la rescisión del contrato.

En las más de 300 páginas que comprendió el caso en el CIADI no aparece ni una sola vez el argumento de que el proceso de adjudicación tuvo irregularidades y que existieron informes técnicos disidentes sobre a quién debía ser adjudicado el contrato. El tribunal arbitral consideró que la rescisión del contrato había constituido una «expropiación», ya que se había decidido en función de una ley pública (la ley de emergencia económica) y no se había discutido bajo los términos que establecía el contrato.

Pero la trama tuvo un giro inesperado. En el año 2001, Siemens había hecho su primera aparición pública en la bolsa de Nueva York (NYSE), por lo que sus operaciones financieras pasaron a estar bajo el escrutinio de la Securities and Exchange Commision (SEC) de los Estados Unidos, dependiente del Ministerio de Justicia. Una serie de denuncias de ex empleados de la compañía desencadenó una investigación bajo la ley estadounidense Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

La SEC descubrió que Siemens había obtenido contratos millonarios en el exterior (principalmente Medio Oriente y América Latina) a través del pago en efectivo a diferentes funcionarios gubernamentales, entre los que había funcionarios argentinos.

Para 2007 ya eran evidentes las prácticas de dudosa legitimidad de la empresa. Sin embargo, en enero de ese año el tribunal arbitral falló a favor de Siemens y estableció que la Argentina debía pagar más de 218 millones de dólares en concepto de «expropiación». El Estado nacional apeló basándose en el arreglo que la compañía había alcanzado en 2008 con la SEC para pagar una multa por más de 450 millones de dólares por violar la ley anti-corrupción de Estados Unidos. Con una vapuleada imagen pública, Siemens se retiró de la causa contra Argentina afirmando que «no era buena idea demandar a sus clientes».

En el 2014, la compañía anunció en un comunicado a sus inversores que se retiraba de la bolsa de Nueva York, explicando en un folleto que sus negocios en 2013 en Estados Unidos solo había sido del 5% de su volumen total de ingresos y que esto no significaba bajar sus estándares en cuanto a prácticas anti-corrupción.

Fuera de Estados Unidos, Siemens vuelve ahora a la Argentina a ofrecer sus inversiones.

Evelin Heidel* – @scannopolis

*Integrante de la Asamblea Argentina mejor sin TLC – @mejorsintlc