CABA: entre la urbanización y los negocios inmobiliarios en la Comuna 8

El jueves 1 de septiembre se aprobó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que promueve la creación de un distrito deportivo y una villa olímpica en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo). A su vez, una semana después fue aprobado el proyecto de urbanización de la villa 20. Ambos deben pasar por una audiencia pública y volver al recinto para ser aprobados definitivamente.

¿Negocios inmobiliarios?

En 2012 el PRO presento un proyecto denominado “Plan Maestro para la Comuna 8” que contenía diversas iniciativas como el centro de transbordo, la construcción de un centro cívico, un polo farmacéutico, un distrito del deporte y una villa olímpica; también la rezonificación de varios predios del Parque de la Ciudad, Parque Roca y el Autódromo, la reducción de impuestos para emprendimientos privados, entre otras. El objetivo proclamado era promover el “crecimiento de la zona”. Finalmente, el oficialismo porteño tuvo que desglosar el plan en múltiples proyectos, debido a sus repercusiones negativas.

Algunos de estos han ido avanzando y este año volvió a estar en discusión el Proyecto de la Villa Olímpica, ubicada en la Comuna 8, que pasó su primera lectura la semana pasada en la Legislatura con los votos positivos del PRO, Confianza Pública, Coalición Cívica, Frente Renovador y Partido Socialista. El Frente para la Victoria una vez más votó dividido, fracturándose el bloque días después.

Las obras afectarán a 54 hectáreas, se construirán 31 edificios de siete pisos para alojar a los deportistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018, se rezonificará el Parque de la Ciudad habilitando tanto su venta como la construcción de un millón de metros cuadrados donde podrán hacerse viviendas, comercios, oficinas, un polo gastronómico y un shopping. A su vez, el proyecto establece que el 50% de los ingresos provenientes de la venta de terrenos públicos se usarán para financiar la urbanización de la villa 20 y el resto para otras obras de la Comuna.

Las principales críticas que han hecho quienes votaron en contra, espacios vecinales y participantes del concejo consultivo comunal han sido la falta de especificación sobre qué tierras se desean vender, montos y obras a realizar con lo recaudado; la falta de diálogo con los habitantes de la zona y el mecanismo de enajenación de tierra pública para venta de sectores privados.

¿Y la villa 20 qué tiene que ver?

Casi en simultáneo, se produjo la discusión y aprobación de la Ley de urbanización de la villa 20. Dos proyectos que el PRO buscó conectar mediante el presupuesto.

Después de más de diez años de la aprobación de le Ley 1770 donde el Estado se compromete a brindar soluciones al problema habitacional de la villa -y a dos años del desalojo del barrio Papa Francisco-, el gobierno de la Ciudad presenta un proyecto de construcción de viviendas. Fruto de la organización de los vecinos del barrio el mismo fue trabajado de conjunto (entre el gobierno y los habitantes, mediante sus espacios de representación y organización) y modificado, dando como resultado la Ley aprobada este jueves.

Este proyecto es fruto de la lucha histórica de los vecinos de la villa 20 que han logrado presionar al Estado para que una iniciativa que originalmente tenía la voluntad de ser una «lavada de cara» de los bordes de la villa -lindantes con el futuro predio de la villa olímpica-, se convierta en esta ley de re-urbanización. El Ggobierno, debido a la necesidad de avanzar con el mega proyecto millonario para esa zona de la Comuna 8, ha tenido que negociar y conceder. Y los vecinos y organizaciones han estado a la altura para avanzar lo más posible.

El legislador del partido Autodeterminación y Libertad, Fernando Vilardo, sostuvo en el debate legislativo: “No se puede desligar de este proyecto el interés que tiene el gobierno de la Ciudad en relación a los Juegos Olímpicos del 2018 y todos los negocios vinculados a eso, empresarios del deporte, turismo, los negocios parciales, para lo cual tiene que construir toda una fachada”.

Si bien el proyecto en general fue aprobado por unanimidad, varias fueron las voces que se hicieron escuchar y cuestionaron algunos de los artículos.

Varios bloques manifestaron su desconfianza hacia la voluntad del PRO de avanzar en un proceso de urbanización real. Marcelo Ramal, por el Frente de Izquierda, afirmó: “No es la primera vez que se condiciona la urbanización de un barrio o una acción de fin social a la venta de tierras públicas y luego se concreta la venta de tierras públicas, pero no se concreta por ejemplo la urbanización (…). En esta misma Legislatura se votó la Ley 1770, atada a la concreción del polo farmacéutico y a diez años tenemos el polo farmacéutico, pero no tenemos la urbanización de la villa”.

En la misma sintonía, otro punto de reclamo fue la necesidad de la simultaneidad de las obras para que no se realice únicamente la construcción de viviendas nuevas y pueda garantizarse la urbanización. A la vez, otros temas mencionados tuvieron que ver con la importancia de reconocer el derecho a la vivienda también de los inquilinos de la villa (que representan aproximadamente al 40% de las familias) y la necesidad de que se incorporen mecanismos que permitan atacar el hacinamiento, garantizando viviendas para aquellas familias donde residen varias generaciones en una misma casa.

Las y los legisladores pusieron en evidencia las voluntades de los distintos actores: por un lado, el de los vecinos y organizaciones del barrio peleando por la urbanización de toda la villa y, por el otro, del PRO de intervenir como condición necesaria para desarrollar un negocio. Y cómo la organización ha permitido inclinar la balanza un poco, obligando al Estado a votar este proyecto.

Paula Penacca, legisladora del Frente para la Victoria apuntó: “La voluntad política la construyeron las organizaciones desde el territorio y no el Ejecutivo desde el gobierno de la Ciudad (…) porque hemos escuchado a Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno hablar de la erradicación de las villas (…) hemos escuchado en esta legislatura a los altos funcionarios que el Estado tenía que ser un Estado promotor de los negocios inmobiliarios que llevaban adelante privados y no un Estado constructor”.

Si bien ambas leyes han pasado su primera lectura queda un camino por recorrer y varias peleas por dar. Empezando por estos puntos conflictivos, pero sobre todo garantizando que la legislación logre efectivizarse en el territorio, cosa que no ha sucedido con otras leyes de urbanización.

Denise Brikman* – @Denise_Brik

* Socióloga e integrante del área de estudios urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA)

Foto: Romina Morua / ANCCOM