El gobierno abrió la puerta a una nueva ola de despidos en el Estado

En busca de una «dotación óptima de personal» estipulada por el Ministerio de Modernización, el gobierno nacional apunta realizar una nueva revisión de contratos y «reordenamiento» de la planta estatal. «El trabajo es ver dónde estamos y qué tipo de gente nos hace falta; identificar cuáles son las necesidades que tiene el Estado», explicó el ministro Andrés Ibarra.

Luego de este proceso se prevén traslados de personal, capacitaciones, jubilaciones, retiros voluntarios e incluso la no renovación de contratos. Es decir, más despidos.

El titular de la cartera de Modernización señaló que «si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá». Y aseguró: «Vamos a ser implacables con los que no trabajan». No obstante aclaró que «de ninguna manera» se va a empezar por ahí, sino que en todo caso será «el resultado final» de esto que se hará «con mucha sensatez».

A pesar del planteo de que los despidos se darán luego de las evaluaciones correspondientes, Ibarra omitió en sus declaraciones el hecho que desde diciembre a marzo ya fueron desvinculadas miles de personas en le Estado. Incluso hace pocas semanas 200 trabajadores y trabajadoras fueron echadas del Ministerio de Educación.

Jorge Duarte, periodista especializado en gremiales, explicó a Notas que “el gobierno nacional está reafirmando lo que hizo desde su llegada que tiene que ver con una reforma integral del sistema de trabajo en el Estado”. Para el periodista “están dispuestos a demostrar que vinieron prácticamente por todo» y más allá de las medidas de fuerza que los estatales llevaron adelante durante todo el año, «no les tembló el pulso para avanzar en otra ola de recortes”.

“Parece una muy mala señal para el mercado laboral ya que todo indica que van a mantener estas políticas a como de lugar”, añadió Duarte.

El plan de revisión

El objetivo principal, como se mencionó anteriormente, es alcanzar la «dotación óptima de personal» para las distintas dependencias del Estado. Según los documentos del propio Ministerio de Modernización esto quiere decir «la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos».

Por esto motivo desde mayo se están evaluando 114 mil contratos. Entre otras cosas se pretende relevar funciones, establecer si hay solapamiento con otras áreas, si falta personal o si el que hay no está capacitado.

Asimismo, como resaltó el diario La Nación «se sumará mayor control del presentismo mediante datos biométricos, esclarecimiento de los objetivos de todas las áreas y mejoramiento del control de estas metas, e incluso autoevaluación de los propios empleados».

Este último punto, es destacado por el diario por llevar el nombre «Valores» y ser «una suerte de encuesta masiva en la que cada empleado deberá evaluar su área y proponer mejoras».

Sin embargo el periodista Matías Ferrari de Página/12 da otro punto de vista. Se trata de «un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen». Esto «con el agravante» de que las encuestas serán realizadas «por consultoras privadas» en algunos casos y en otros, «por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros».

La pregunta sobre «las tareas cotidianas que realiza” es, desde la perspectiva de Ferrari, un punto «sensible» luego de «la desarticulación de áreas y programas, que dejaron a muchos trabajadores en el aire». Muchas personas no podrán «justificar» su labor ya que las actividades que llevaban a cabo dejaron de existir por decisión del propio gobierno.

A este escenario se suma, en palabras de las circulares difundidas por Modernización, la necesidad de “identificar las dotaciones de empleados jubilables (sic) y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario”. También se propone aplicar la “movilización transversal”. Es decir, el traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.