6 septiembre, 2016
¿De qué trata la “Ley de Góndolas” que genera internas en el gobierno?
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, hizo declaraciones radiales donde mencionó el posible lanzamiento de una “Ley de Góndolas”. Inspirada en una legislación ecuatoriana, la medida que todavía no fue anunciada oficialmente ya generó resquemores entre funcionarios del oficialismo.

En la última semana, a raíz de las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en Radio La Red, se empezó a hablar del posible lanzamiento de una “Ley de Góndolas”. El objetivo es copiar “un esquema que hay en Ecuador» que se denomina de la misma forma y busca «darle cabida y darle curso a productos de las economías regionales y de las PyMEs, que es básicamente instaurar la competencia. Muchas veces el empresario argentino pide la competencia, pero que no sea en su sector”, apuntó el ministro.
Según Prat-Gay esto es algo que se viene discutiendo con el Ministerio de Producción. Sin embargo, según ha trascendido en diferentes medios, la posición del titular de esa cartera, Francisco Cabrera, no es favorable a una medida de este tipo.
Para entender a qué se refiere el titular del Palacio de Hacienda es interesante analizar la legislación a la que hace referencia. La “Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado” de Ecuador establece:
– Los supermercados que vendan hasta diez mil productos se verán obligados a invertir el 10% de su facturación en productos nacionales. Aquellos que superen ese monto deberán invertir al menos el 14%.
– El 20% de las góndolas deben estar ocupadas con productos nacionales, y ningún producto o empresa puede ocupar más del 15% de una misma góndola, prohibiéndose una práctica corriente en Argentina de la “compra de góndola” por parte de una misma compañía.
– Los precios se establecerán de manera acordada entre las partes (exceptuando a los consumidores). Los supermercados deberán pagar a sus proveedores beneficiando a los más pequeños, de acuerdo al siguiente cronograma: microempresas cobran en 15 días, pequeñas empresas en 30, medianas entre 31 y 45 y a las grandes empresas se les puede pagar dentro de los 46 a 60 días.
– El incumplimiento de la Ley tiene penas que van del 8% al 12% de los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio fiscal del año anterior.
En el caso argentino, la intención es que los supermercados se vean obligados a adquirir productos de las llamadas “economías regionales” y del sector PyMEs (que ha recibido positivamente el anuncio informal). Queda por ver si un gobierno que cuenta entre sus funcionarios a Miguel Braun, de la familia propietaria del supermercado “La Anónima”, puede implementar una ley de este tipo.
Por otro lado, esta ley desconocería la existencia de la “Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo” (conocida como Ley de Abastecimiento) sancionada por el Congreso Nacional en el año 2014. En esa Ley se creaba un “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios” y se facultaba al Estado para intervenir en los precios de los bienes básicos, algo alejado del ideario liberal de la nueva administración.
Fernando González – @FerNarso
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