Migrantes: «En la calle se vive un aumento de la xenofobia»

La información pasó casi desapercibida. Pocos medios tomaron nota del comunicado oficial del 19 de agosto que anunciaba un acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM).

Allí se daba cuenta de la entrega en comodato a la DNM de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, en la Ciudad de Buenos Aires destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [Ley de Migraciones] y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”.

Más allá de la formalidad en la redacción del texto, tanto analistas como miembros de las colectividades de migrantes coinciden en que la medida implica dar marcha atrás en políticas y derechos para el sector. “El Estado argentino en su legislación se compromete a garantizar el derecho humano a migrar. Para lograr esto hay que garantizar la regularización de esas personas, no la criminalización”, explicó la abogada especializada en migraciones Agostina Hernández Bologna.

Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del Programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús añadió que “la migración irregular no hay que combatirla, hay que resolverla”. Además, aseguró que políticas como la creación de centros de detención reflejan “una falsa vinculación entre migración y delito que ninguna estadística avala”.

Retrocesos y xenofobia

«Sabíamos que con el cambio de gobierno probablemente se iba a retroceder, pero no nos imaginamos nunca medidas como las que se están anunciando, como los centros de detención para los migrantes con problemas de documentación”, dijo Delia, del Movimiento 138 de paraguayos y paraguayas residentes en Argentina, en dialogó con Notas.

Asimismo comentó que “en cuanto a lo que se vive en la calle, fue inmediata la reacción de ciertos sectores que sienten impunidad para decirle a todo aquel con un acento diferente ‘volvete a tu país». Y destacó que «son dos niveles: por un lado lo institucional y por otro la sensación al transitar la calle de la gente que se atreve a expresarse xenófobamente con mucha más libertad”.

No obstante, con una mirada que va más allá de su propia colectividad Delia analizó que “los problemas de acceso a distintos derechos lo están teniendo todas las personas de los sectores populares y ahí no se distingue entre migrantes y no migrantes». Además comentó que «lo mismo pasa cuando la gente dice ‘volvete a tu país’: no están distinguiendo si le hablan a un paraguayo, un boliviano o alguien del Chaco”.

Por su parte Iber, miembro de la comunidad boliviana en Villa Celina comentó a Notas que “el gobierno anterior daba algunas herramientas para facilitar el acceso a la documentación». Explicó que «no era suficiente» ya que «había pequeñas trabas». Pero con este gobierno «es todo un retroceso». «Si antes nos costaba, ahora es peor”, aseguró.

En ese sentido ejemplificó: “Ahora todos los migrantes tenemos que pagar el doble o el triple para hacer los trámites, menos los ciudadanos estadounidenses”.

“Nos empezamos a reunir con organizaciones de migrantes para ver de qué manera podemos responder desde la parte legal, social y también desde la comunicación. Porque esto no se ha hablado en casi ningún medio”, acotó.

Chivo expiatorio

Tanto Delia como Iber coincidieron en que estos cambios en las políticas de Estado hacia los migrantes son parte de una decisión de buscar «culpables» o «responsables» de los distintos problemas.

“Es la necesidad de construcción de un enemigo interno que es una vieja receta para responsabilizar a alguien de todas aquellas cosas que no funcionan”, subrayó Delia. “Esto no es casualidad, es un hecho político que busca criminalizar para tapar las falencias que tiene este gobierno”, completó Iber.

Para el integrante de la comunidad boliviana lo que queda claro es que se trata de un gobierno «totalmente racista y antipopular”. Desde su perspectiva, la gestión de Cambiemos «no se quiere hacer cargo de las responsabilidades que tiene. No es que la gente no se quiere poner en regla sino que no se le dan las posibilidades”.

“Desde que arrancó el gobierno de Macri siempre hubo un alguien o un algo que tuvo la culpa de que las cosas no funcionaran”, sentenció Delia. “Vivimos un Estado que favorece la expresión de la violencia en todos los niveles”, concluyó.