Juventud: “El Estado debe ser capaz de mostrar una alternativa mejor que la respuesta punitiva»

Silvia Guemureman es la creadora y directora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes dependiente del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires. En entrevista con Código de Radio* habló sobre las cuestiones que más aquejan a las juventudes de nuestra sociedad.

Guemureman ha orientado su larga trayectoria en la temática de la Adolescencia y la Juventud. Es Socióloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de CONICET. Fue por medio de grupos de investigación que originó el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, por el año 2003. En un comienzo estaba limitado a cuestiones penales: administración de justicia, encierro punitivo, tratamiento mediático. Con el paso de los años y la incorporación de nuevos integrantes se actualizaron los temas de investigación, incorporando políticas migratorias, acceso a la educación, políticas de seguridad, entre otras.

Al ser consultada por el balance sobre la situación actual de las políticas tanto sociales como penales; teniendo en consideración la ratificación de la Convención de Derechos del Niño y el deber de adecuación de la normativa interna a la misma, la socióloga indicó: “Siempre estamos mirando qué es lo que pasa con relación a la realidad del despliegue y no solamente a lo enunciativo». «En los últimos años -repasó- nuestra valoración es positiva en cuanto al logro de estándares de derechos, ya que en el último tiempo se han alcanzaron regulaciones que han ampliado un montón los derechos de este sector». Como ejemplos citó la Ley de Infancia y la de Salud Sexual y Reproductiva, a las que calificó como «regulaciones que permiten tomar decisiones sobre la propia vida». «Pero somos menos optimistas en la fase operativa de implementación de esos derechos”, comentó.

En cuanto a la etapa actual, indicó la preocupación por el desmantelamiento gradual de estos programas y algunas áreas relacionadas a la temática. Sin embargo destacó que “con lo que respecta a políticas penales siempre hemos sido críticos a la violencia institucional, que creció a la par del exponencial crecimiento del número de efectivos desde el año 2003 en adelante. Este aumento se tradujo en un aumento de la violencia que no encuentra forma de ser contrarrestada».

«En la provincia de Buenos Aires tenemos el fenómeno de las policías locales y eso también tiene su plus de violencia. Son mucho más dependientes de la gestión local y en ese contexto, el testimonio de los adolescentes y los jóvenes dan cuentan de que esa violencia está desatada”, analizó la socióloga.

Para Guemureman, esta situación se “profundizó” tras el cambio de gobierno, pero el aparato represivo ya se había agravado durante los últimos doce años. En el reciente boletín del Observatorio analizaron la coyuntura, tomando los últimos 8 meses. Entienden que hay una secuencia que hace pensar en una escalada punitiva y que indefectiblemente afecta a la adolescencia y la juventud.

Solamente por mencionar episodios graves de los últimos meses, Guemureman destacó el fallo “Vera” del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) -mediante el cual las fuerzas de seguridad se encuentran autorizadas para exigir identificación a la ciudadanía en el marco de tareas de prevención e investigación de delitos-; y la transferencia de la Policía Federal a la CABA -que trajo “problemas de reacomodación interna que se expresa en varios conflictos”-. También mencionó el decreto que se conoce como la “ley de derribo” pero estableció la emergencia de seguridad pública por un año para la investigación de “delito complejo y organizado” y convoca a personal de retiro de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, habilita contratar prestación de servicios salteando los procedimientos normales y autoriza a reasignar partidas para los ministerios de seguridad y defensa, asimilando la concepción de seguridad interna y con seguridad exterior/defensa.

También resaltó que en febrero de este año salió el protocolo para la intervención en protestas sociales “antipiquete” y el operativo que copia el modelo brasilero y sale a saturar villas, “entrando con los tanques para pacificar”, comenzando con la villa 31 bis, con 300 efectivos que patrullan las calles las 24 horas. Finalmente, enumeró también el decreto de autonomía de las Fuerzas Armadas de mayo de 2016 y la apertura de las bases de datos personales “con fines que desconoce el ciudadano de a pie, lo que parece gravemente ultrajante”.

Sobre lo último, agregó que “por el avance de la tecnología esto puede hacerse sin siquiera consultarnos, pero que se lo postule implica poner el piso en un nivel de naturalización que nos hace pensar que no tenemos ni derecho a resguardar nuestra información por medio de un habeas data”.

El Observatorio siempre se mostró en contra de la baja de imputabilidad. “Hemos demostrado que los argumentos son falaces, que está aludida peligrosidad o aumento escandaloso de delitos en manos de personas no punibles – menores de 16- no es real», expresó Guemureman. «Si bien en algunos años se ha registrado aumento de delito por adolescentes, incluso delitos graves, ha correspondido a adolescentes que eran punibles. Hubo momentos en que lo relacionado con delitos graves han sido mayores y no han recibido por parte de la sociedad una respuesta tan punitiva», analizó. Y agregó: «Creemos que el Estado debe tener la capacidad de mostrar una alternativa mejor que la respuesta punitiva”.

En la entrevista, la investigadora comentó que es negativo que “no se haya podido derogar el decreto ley 22.278/80, que fue de una comisión de asesoramiento legislativo en el marco de la suspensión del Congreso en la dictadura, además de que tiene una gran cantidad de aristas muy cuestionables en cuanto a las garantías de las personas menores de edad”.

“Cada vez que se volvió a agitar el tema de la baja de imputabilidad se tocó sobre pisos de tolerancia más bajos y pisos de una sensibilidad punitiva mucho más exacerbada. Hemos visto que cada vez ha costado más proponer que la edad de punibilidad no se modifique», opinó. Y aseguró que la gravedad del tema reside en que «con las cosas que están pasando y la celeridad con la que el Congreso ha tratado leyes de cuestiones que a nivel sociedad han sido más comprometidas, el coro punitivo se puede activar sin posibilidad de contrarrestarlo».

«No creo que en este escenario parlamentario se vaya enconar una resistencia. Por eso lo que vemos es que tampoco se ha dejado un estándar de derechos en cuanto a lo penal para los adolescentes y los jóvenes. El balance es muy negativo”, finalizó Guemureman.

Lucía Banus – @luciabanus

* Código de Radio se emite los miércoles de 21 a 23hs en FM De la Azotea 88.7, Mar del Plata. También se retransmite por algunas emisoras comunitarias de la Red AMARC Argentina. Twitter: @codigoradiomdp