250 juristas por una política de drogas con respeto a los DDHH

En el marco del trigésimo aniversario del fallo Bazterrica de la Corte Suprema de la Nación la asociación Pensamiento Penal convocó a un panel en el Salón Azul del Senado para exponer la posición de más de 250 jueces, fiscales, defensores y abogados de todo el país sobre la política de drogas y sobre el estado del sistema penal en relación a la ley de drogas (27.737).

El 29 de agosto de 1986 la Corte Suprema falló a favor de Gustavo Mario Bazterrica rechazando penar la tenencia para consumo personal. Esta sentencia, en el contexto de la recuperación de la democracia, fue una flor en el pantano que precedió a la ley de drogas vigente (1989) y fue una referencia clave en los fallos progresivos de la última década, destacándose entre ellos el fallo Arriola (2009).

Con el aniversario de aquel histórico fallo como contexto, un importante grupo de juristas, sin ahorrar críticas a la perspectiva legal sobre drogas y al sistema judicial y penitenciario, exhortaron a terminar con la política punitiva contraria a los derechos humanos y a cambiar la legislación para alinearla con los tratados internacionales a los que la Constitución adhiere desde 1994.

El documento firmado por integrantes de distintas instancias del Poder Judicial entiende que un cambio en la política de drogas «es una deuda de la democracia”. Haciendo mención a los más de 20 proyectos de ley que han circulado en el Congreso en los últimos años, expresa también que «el retardo en su tratamiento redunda en conservar un régimen legal declarado inconstitucional hace ya tres décadas, el que habilita la afectación directa de los derechos humanos de ciudadanos y la dilapidación de los recursos estatales».

Atentos a las experiencias alternativas al paradigma prohibicionista -en particular la ley 27.172 de legalización en Uruguay- consideran «auspiciosas las estrategias de regulación de las drogas actualmente prohibidas como estrategias para asumir estatalmente su control, sus calidades y monopolizar la cadena de valor, como ‘golpe de mercado’ a las redes criminales”.

Sobre la política uruguaya, explican que evalúan y llevan adelante “estrategias de regulación estratégica de determinadas sustancias (principalmente el cannabis), como reconocimiento que los abordajes represivos no han brindado resultados beneficiosos en sus sociedades respecto de índices de consumos, violencia, corrupción y encarcelamiento masivos por delitos relacionados a la prohibición total».

Por último, con el eje de la salud pública como uno de los pilares principales de la propuesta, señalan que la salud en el marco punitivo es un mero «ejercicio retórico” y que «el acceso a los usos medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor de las sustancias actualmente prohibidas, debe ser materia improrrogable de las políticas públicas».

La declaración se suma al informe publicado esta semana por el fiscal Federico Delgado de la Fiscalía 6ta de Comodoro Py, que acusa un incremento pronunciado (del 30%) en las causas por tenencia para uso personal desde fines de 2015. El 67% de las causas vinculadas a drogas iniciadas entre noviembre y abril fueron por este motivo. El documento muestra que gran parte terminan archivadas generando trámites innecesarios además de la violencia institucional por parte de la Policía.

En ese sentido el fiscal afirma: «Persiste la confusión entre tenencia de drogas y narcotráfico. Un vector se vincula con la salud pública y el otro con la criminalidad, según el fallo Arriola. Pero la evidencia revela que no hay políticas públicas diseñadas e implementadas en ese sentido”. “Se consume tiempo, dinero y energía en casos que de acuerdo a la doctrina jurídica y la jurisprudencia no pueden progresar. La forma en que se inician las causas debería generar un profundo proceso de reflexión», agrega.

En un año marcado por la tragedia de la Time Warp en Abril, el debate sobre la política de drogas y la lucha por una política de drogas con perspectiva de derechos humanos sigue marchando a paso firme.

Este martes 30 de agosto a las 18hs, organizaciones de cannabicultores convocan a movilizarse a la sesión conjunta de las comisiones de  Seguridad Interior, Salud Pública y Legislación Penal de Diputados para tratar un proyecto de ley sobre la despenalización del autocultivo e investigación de cannabis con fines medicinales.

Santiago Villarruel – @aunolmoseco