Batalla de Ideas

25 agosto, 2016

El precio a pagar: tarifazo y traspié político del gobierno

Por Martín Ogando. Entre descontentos sociales, incertidumbres económicas y reacomodamientos políticos navega el barco de la transición. Un gobierno en problemas pero no en crisis busca consolidar su programa apoyado en un capital político todavía robusto. De aquí a fin de año parecen jugarse partidas decisivas.

Por Martín Ogando. Los primeros ocho meses de gobierno muestran un fenómeno particular. Macri cuenta con indudable aprobación y apoyo para ejercer sus funciones, al mismo tiempo que enfrenta desde el inicio importantes movilizaciones sociales y una nada despreciable oposición política. Esto genera, en analistas y protagonistas, una especie de zigzag emocional que reparte optimismos y pesimismos según el caso. La Casa Rosada y los círculos empresariales “premium” no son la excepción. Del temprano éxtasis por la visita de Obama y la vuelta al mundo, al baño de humildad que les propinó el empantanamiento del tarifazo pasaron apenas cinco meses.

Tarifazo interruptus

La saga del tarifazo postergado concentra gran parte de las encrucijadas gubernamentales. Fue la primera medida que deslocalizó los costos del ajuste, tocando a la puerta de sectores muy amplios de la población. La respuesta social fue importante y no careció de masividad.

Por primera vez el malestar tocó núcleos periféricos o “independientes” del electorado PRO. Los medios de comunicación tomaron nota del descontento y lanzaron advertencias. El propio empresariado, firmemente unificado en la necesidad de bajar el costo laboral y la presión fiscal, mostró fisuras importantes en este tema. Una cosa es ponerse de acuerdo en que el salario pague los platos rotos, otra muy distinta es tramitar costos y beneficios al interior del capital. Finalmente, la resolución de la Corte Suprema, moderada como es respecto de la cuestión de fondo, asestó un golpe político duro e inesperado.

En el gobierno trabajan contrarreloj para reponerse del traspié. Esto supone convocar a la audiencia pública, pero también diseñar formatos que hagan más asimilables socialmente los tarifazos. La segmentación, el retiro gradual de los subsidios y una tarifa plana anual aparecen entre las opciones. El costo fiscal de los subsidios que por unos meses habrá que mantener no es exorbitante, unos 11.500 millones que el gobierno ya ha resignado. Sin embargo, supone un palo en la rueda más para un equipo económico que aspira a bajar el déficit fiscal, pero que por ahora lo ha ampliado en beneficio de los grandes exportadores. El problema fiscal podría ampliarse si prosperan las presentaciones de entidades empresarias y cooperativas.

Pero el cachetazo judicial también provocó daños colaterales. La Corte se metió con la vaca sagrada de Aranguren y las petroleras. El ex CEO planea duplicar el valor pagado por millón de BTU en boca de pozo, bastante por encima de los promedios internacionales. Si bien el gobierno ya dejó en claro que este tema no se tratará en la audiencia pública del 16, ya ocupa un lugar en la agenda política y difícilmente vuelva a las catacumbas.

Todo esto vuelve a poner sobre la mesa el eterno problema de la seguridad jurídica tantas veces reclamada por los grandes empresarios, y tan difícil de garantizar en la turbulenta Argentina. Menudo problema, justo en momentos donde todas las fichas del plan macrista parecen puestas en seducir inversiones de capital suficientes como para apalancar un repunte de la actividad económica en 2017. Todo esto, hay que decirlo, en un contexto internacional nada sencillo.

El monarca y la plebe

En la misma semana se concretó la reunificación de la CGT y Macri sufrió un contundente paro de la docencia de todos los niveles a nivel nacional. En el marco de una inflación que no cesa y del deterioro de los indicadores sociales sobre pobreza y desocupación, la calle se transformó en uno de los cuadriláteros más ásperos para el gobierno. Con los salarios como variable central de ajuste la exigencia de reabrir paritarias incomoda por demás y debe ser bloqueada.

En cuanto a la pobreza y la desocupación, con su impacto diferencial en los sectores más postergados y precarizados, la preocupación empieza a crecer mientras se especula qué diciembre esperar. Pero las colas por tres manzanas no son síntoma del hambre extendido, ni en ocho meses creció la desocupación 3,4 puntos porcentuales. En realidad esto poco importa. Lo concreto es que en la periferia de todos los grandes conglomerados urbanos la desocupación alcanza ya los dos dígitos, y en los comedores de las organizaciones sociales, la demandas se han multiplicado.

Hace unos días el diario El País de España tituló “Los sindicatos, la monarquía paralela argentina”. Argentina sería un caso inédito en América Latina y raro en el mundo de persistencia del poder sindical. Con los números de la OIT en mano remarcan las abismales diferencias en las tasas de sindicalización entre Argentina y Brasil, Chile o México. También señalan que la perdurabilidad del poder sindical reside, en parte, en su pragmatismo característico que los lleva a negociar con el gobierno que haga falta para favorecer los interesas corporativos de sus afiliados. Con lo sesgada que pueda ser, esta mirada no deja de alumbrar parte de la realidad.

La “monarquía paralela” avanzó en su parcial reunificación el lunes pasado. Con heridas, críticas y deserciones a izquierda y derecha, lo tres principales liderazgos de la CGT han soldado una nada despreciable unidad. Las especulaciones sobre su carácter más confrontativo o dialoguista respecto del gobierno abundan por doquier. Hay señales duales. Encontramos el acto del 29 de abril y declaraciones beligerantes, pero no convocatoria a paro, por ahora. Se están midiendo. El carácter de la nueva CGT será más definido por la actitud del gobierno que por la combatividad o no de sus dirigentes.

Con todo, hay elementos para preocupar a gobierno y empresarios. La Corriente Federal de Palazzo y compañía mueve el avispero dentro de la CGT. En la propia cúpula cegetista hay quienes empiezan a ver que no es posible darle la espalda a un enorme sector de la clase, constituido por los precarizados y los trabajadores de la economía popular. Hay acercamientos, todavía gestuales y discursivos, hacia algunos movimientos sociales.

Si en Argentina hay una “monarquía paralela”, también hay una “plebe” suburbana y joven que cada vez que emerge preocupa al poder político. Es la que fue en procesión de San Cayetano a Plaza de Mayo el pasado 7 de agosto. Sostener la separación de ambos mundos es condición de posibilidad para la estabilización de Macri.

Estamos frente a meses claves de la transición. Contener la protesta social y atraer inversiones, mantener unido el frente empresario y el propio gabinete, ajustar sin perder consenso, son tareas de la “mesa chica”.

Hasta fin de año probablemente se multipliquen los desafíos callejeros. El próximo es la Marcha Federal que llegará a Buenos Aires el 2 de septiembre, entrelazando una serie de reclamos de muy variado espectro y, por lo tanto, con fuerte connotación política. Aunque sus convocantes expresan apenas una facción del conjunto de los sectores sociales y políticos de oposición, la resultante amenaza ser masiva. Para peor, simbólicamente remitirá a aquellas marchas épicas de la década del noventa. Malos recuerdos para un gobierno que en un año tendrá que demostrar su valía electoral.

@MartinOgando

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