Mundo Gremial

24 agosto, 2016

Molina Herrera: “La nueva ley de previsión social en Córdoba saca derechos adquiridos a los jubilados”

Notas dialogó con el abogado constitucionalista Adonis Molina Herrera respecto del “proceso de armonización” del sistema de previsión social de la provincia de Córdoba. Junto a otros abogados, Molina Herrera, protagonizó la presentación de diversas acciones legales frente a las últimas reformas del régimen jubilatorio provincial.

Notas dialogó con el abogado constitucionalista Adonis Molina Herrera respecto del “proceso de armonización” del sistema de previsión social de la provincia de Córdoba. Junto a otros abogados, Molina Herrera, protagonizó la presentación de diversas acciones legales frente a las últimas reformas del régimen jubilatorio provincial.

En un extenso reportaje realizado por Notas, el Dr. Molina Herrera hizo un exhaustivo y puntilloso racconto de la historia de las leyes previsionales, explicando los pormenores de su lucha por la defensa de los derechos conquistados por los jubilados,  que hoy son retaceados y hasta eliminados por las administraciones provinciales y nacionales.

Previsión social: menos derechos para los jubilados

En primer lugar, Molina Herrera afirmó que, en materia de previsión social, tanto el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, como el actual mandatario Juan Schiaretti han inventado reformas constitucionales que no se sujetan a la ley. El especialista recalcó que “los partidos políticos están más preocupados en reformar la Constitución que en respetarla, lo que conlleva a la quita de derechos a las mayorías”.

Para comprender el marco de conflictividad en el que se encuentra inmerso el régimen de previsión social de la provincia es necesario recordar que el gobernador Juan Schiaretti cerró el año 2015 con una nueva modificación en el sistema de jubilaciones que fue ampliamente resistida por los trabajadores estatales.

El mencionado proyecto, que adoptó el nombre de ley 10.333, fue aprobado por la legislatura provincial a pesar de las amplias movilizaciones de trabajadores que la rechazaban por atentar contra una de las históricas reivindicaciones en materia previsional: el 82% móvil. Sucede que el nuevo método implica calcular el haber tomando como referencia el salario activo de los últimos 48 meses, menos los aportes personales. Pero en lugar de la contribución del sistema provincial (18% en la mayoría de los sectores), se aplicará la alícuota del 11 por ciento del sistema nacional. Eso implica pagar el 82% del 89% del salario, lo que equivale al 73% del sueldo activo bruto.

Molina Herrera explicó que la ley 10.333 hace un recalculo del índice sobre las jubilaciones ya otorgadas y con ella busca la armonización previsional con el orden nacional. A su vez, advirtió: “En realidad, esto es mentiroso por que le quita al jubilado todo reconocimiento que tenia, es decir sus derechos adquiridos”. Como mencionamos anteriormente, la reforma que ésta legislación contiene representa un recorte en las jubilaciones que perciben miles de trabajadores pasivos en la provincia. Según aclara el Constitucionalista: “la ley 10.333 no solo legisla retroactivamente, lo cual está prohibido, además, saca derechos ya adquiridos”.

Atendiendo a su especialidad aclaró que ninguna ley provincial puede ser superior a las leyes nacionales ya que esto se encuentra establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Las mismas son leyes supremas de la nación y todas las provincias están obligadas a ajustarse a ellas, explicó. Luego agregó: “Esto fue violado por De la Sota y Schiaretti al pergeñar estas leyes provinciales”.

Los trabajadores estatales exigen la derogación de la reciente reforma y que se mantengan los derechos adquiridos a partir de la Ley Provincial 8.024, que es considerada como un avance en materia previsional. El texto original de la reemplazada legislación contiene el 82% móvil calculado sobre la totalidad del salario al momento del retiro. El abogado constitucionalista calificó a la suplantada Ley 8.024 como “bastante completa y sin aspectos deficitarios”.

El especialista considera que el retroceso en el sistema jubilatorio provincial no fue producido por los afiliados de la Caja de Jubilaciones, sino: “por razones políticas-partidarias que pretendieron abolir el sistema de reparto definitivamente”. Sobre ello afirmó: “Es necesario volver a un sistema de reparto y su cálculo jubilatorio debe ser por cargo y no por índice”. Para ampliar estas palabras explicó: “El cálculo por cargo es aquel que depende de la jerarquía que la persona tiene a la hora de jubilarse teniendo en cuenta la situación escalafonaria (ascensos). En cambio el cálculo por índice, como lo establecen las leyes 10.078 y 10.333, por ejemplo, fijan un numero que solo tiene un reconocimiento desde lo financiero y no desde lo funcional”.

Situación actual de la Caja de Jubilaciones: la armonización.

Antes de comenzar su descripción sobre la actual situación de la Caja de Jubilaciones, Molina Herrera aclaró su perspectiva. Sobre ello afirmó: “Primero y principal la caja de jubilaciones siempre ha sido el sitio donde han manipulado el dinero público de manera discrecional. Desde el 2003 no existen balances que permitan establecer cuál es la situación de la Caja”.

A pesar que se mantiene vigente el reclamo de los gremios estatales por la derogación de la ley nº 10.333 se abre un nuevo frente de conflicto al respecto, pues se anunció recientemente la “armonización” de la Caja de Jubilaciones provincial con respecto a la caja nacional. Esta nueva disposición ha provocado un nuevo rechazo de los trabajadores estatales en toda la provincia pues implica una serie de reformas jubilatorias que dan paso a una sensible reducción del índice previsional, el aumento de la edad jubilatoria y la restringida -o nula- participación de los trabajadores en la administración de los fondos.

Según explica Molina Herrera: “las armonizaciones han sido convenios entre las provincias y la Nación cuya idea es equiparar las remuneraciones de los jubilados provinciales con los nacionales y por ende perder el 82% móvil”. En síntesis una disminución del poder adquisitivo de los jubilados. Como ya hemos mencionado antes, aquel porcentaje ya fue disminuido por la última reforma provincial.

Según la opinión del abogado: “tanto De la Sota como Schiaretti, en connivencia con Giordano -actual ministro de Finanzas- han manipulado el dinero público a piacere, pero además mienten con el discurso de armonizar las jubilaciones para evitar la desfinanciación de la Caja de Jubilaciones”. Una vez más, el constitucionalista explicó: “este discurso termina en la quita de los derechos adquiridos de los jubilados e implica una vuelta al régimen previsional propio de los `90”.

Previsión social: la cuestión legal.

Junto a otros abogados Molina Herrera realizó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos; abuso de poder y falsificación de documentos públicos a Juan Manuel De la Sota –ex gobernador- , Juan Schiaretti – actual mandatario provincial-, y al ex interventor de la Caja de Jubilaciones Osvaldo Giordano. Además iniciaron un pedido de formación de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Hugo Amayusco quien habría incurrido, según la denuncia, en “prevaricato por mora y negligencia”.

A su vez, el constitucionalista comentó que frente a las reformas realizadas por la provincia realizó la presentación de una “acción declarativa de certeza” y explicó que: “esta presentación implica que el Juez deba comprometerse a tomar en cuenta y hacer lugar a lo establecido por la Constitución”. En relación a ello comentó: “Particularmente no planteo la inconstitucionalidad de la ley sino la inoperatividad de la misma por ser violatoria de la Constitución”. Además, entre sus argumentos indica que el Código Civil y el de Comercio versan sobre los derechos adquiridos y, que en el caso de los jubilados, esto se traduce en el 82% móvil.

Cabe recordar además que el Dr. Adonis Molina Herrera apelará a la Corte Suprema de la Nación para que se expida rápidamente sobre el quite de beneficios a los jubilados ya que a su juicio: “existen muchos jubilados que están enfermos y no pueden esperar los tiempos administrativos de la Justicia”.

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