Gils Carbó recomendó a la Corte avalar el freno al tarifazo

Mientras se espera que este jueves la Corte Suprema se expida sobre los aumentos tarifarios de gas, la procuradora general de la Nación se pronunció este miércoles en favor de los amparos que frenaron el tarifazo.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte Suprema de Justicia avalar el amparo que frenó los aumentos en las tarifas de gas al considerar que la falta de audiencia pública para llevar a cabo la medida restringió los derechos constitucionales “de información, consulta y participación de los usuarios pues, de ese modo, se recorta el debate sobre accesibilidad gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad” en materia tarifaria.

El dictamen señala, además, que “el aumento tarifario podría afectar el acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico del gas” y así se «pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional».

En ese sentido, la procuradora señaló que “tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores». Destacó, de esa forma, la función del Poder Judicial para controlar “que los restantes poderes del Estado no se extralimiten”.

Rechazó también el planteo del gobierno nacional -que justifica los aumentos sin consulta en el marco de las leyes de emergencia- al advertir que el tarifazo «impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales». Así deja de lado «el carácter transitorio» que alegan desde el Gobierno como causa para no convocar a dicha audiencia.

La procuradora indicó que la ley 24.076 y el decreto 1738/92 para el régimen de gas, fijan como objetivo «la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.

A su vez, “el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, otorgó máxima jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores como así también a la protección de sus intereses económicos».

“El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas -en especial, las pequeñas y medianas-, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”, resaltó la procuradora en su sentencia.

El proceso legal

A principios de julio, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ordenó que se diera marcha atrás con el nuevo marco tarifario para el servicio de gas.

Tras el fallo de primera instancia, el Gobierno apeló y reclamó a la Cámara que resuelva en su favor con efecto suspensivo hasta tanto decida la Corte Suprema de Justicia, para que se puedan aplicar los incrementos. La Cámara aceptó la apelación pero mantuvo vigentes los efectos del fallo .

El pronunciamiento de Gils Carbó no es vinculante con la decisión final de la Corte, sino que se trata de una recomendación. Se espera que a las 10 de la mañana del jueves 18 la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el caso.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, consultado por Radio América, señaló que en caso de que la Corte Suprema se expida en favor del aumento tarifario, se podría llevar el reclamo a la Corte Interamericana, mediante un juicio político a sus miembros.

“Esto supondría un costo muy grande para los usuarios ya que los tiempos de este tipo de procesos son muy largos y no tendrían la potestad inmediata de frenar el aumento de tarifas”, indicó el especialista.

Foto: Infobae