América Latina

15 agosto, 2016

Venezuela: 50% de aumento salarial y diálogo con empresarios

La medida favorece a 11 millones de trabajadores del sector público y del sector privado, incluye a 3.081.381 jubilados y pensionados y regirá desde el 1° de septiembre de 2016. El diálogo entre el gobierno y el sector privado se reactivó con el objetivo de aumentar la producción frente a la difícil situación económica.

La medida favorece a 11 millones de trabajadores del sector público y del sector privado, incluye a 3.081.381 jubilados y pensionados y regirá desde el 1° de septiembre de 2016. El diálogo entre el gobierno y el sector privado se reactivó con el objetivo de aumentar la producción frente a la difícil situación económica.

El viernes 12 de agosto Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció el aumento del 50% del salario mínimo básico. Según Maduro, esta medida se lleva adelante “para la defensa del salario de los trabajadores y trabajadoras y su derecho a un trabajo justo, útil y bien remunerado”.

Maduro anunció también el aumento del 200% de los tickets de alimentación. Estos bonos junto al salario básico componen el salario integral, cuya base mínima pasó de 33.636 Bs a 65.065 Bs. Este es el cuarto aumento salarial en lo que va de 2016.

El presidente manifestó que es necesario aumentar el salario debido a que actualmente “se lo están tragando las mafias en la calle”. El ataque contra la economía venezolana incluye una acción combinada de desabastecimiento en los mercados y la aparición de esos productos en la venta informal de calle hasta casi diez veces sobre su valor estipulado.

Este desabastecimiento es controlado desde los monopolios y oligopolios empresariales que regulan la producción, la importación y la distribución de los productos de consumo, pero ha generado una economía paralela de la que viven cientos de miles de personas de todos los estratos sociales. Es por eso que los más afectados son los trabajadores asalariados, tanto del sector público como del privado.

“Estas son medidas de guerra para proteger a un pueblo sometido a la guerra económica de una burguesía y de un imperialismo que cree que lo puede arrodillar. No podrán con nosotros, ni hoy ni nunca”, afirmó Maduro.

“Se lo digo a la derecha mundial, a los pueblos del mundo: a pesar de todo lo que dicen de Venezuela, se está demostrando que sí se puede proteger el empleo, la seguridad social, a los pensionados”, agregó. El presidente aseguró que, de ser necesario, a final de año se decretará otro aumento.

El dólar y la inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó en el mes de julio que la inflación en Venezuela llegará al 700% a fin de año. Pero esta cifra no se condice con el actual valor del dólar, tanto el oficial como el paralelo, que se mantiene estable desde fines de 2016. El gobierno, por su parte, estimó la inflación en un 180%, como la registrada durante el 2015. Consultoras como Datanálisis establecieron que es imposible estimar la inflación ya que la mayoría de la gente compra sus productos en el mercado informal, donde los precios son alterados de manera constante.

Por otro lado, la estabilidad reciente de la moneda se da en el marco de la reapertura de la frontera colombo-venezolana. En las negociaciones, Venezuela logró que Colombia derogue “el dólar Cúcuta”. Esto se refiere a la resolución externa N° 8 del año 2000, emitida por la Cámara de Comercio y aprobada por el Banco Central de Colombia, que establecía el intercambio directo de monedas con los países vecinos (Ecuador y Venezuela) a través de las casas de cambio en la frontera.

En Cúcuta -ciudad colombiana en la frontera venezolana- existen más de 3 mil casas de cambio que desde el año 2013 han crecido sobre la especulación del bolívar. El tipo de cambio del dólar paralelo es establecido por una conocida página -que además es un portal de noticias- y que opera desde Miami (dolartoday.com) mientras que en Cúcuta se llevan adelante las transacciones masivas de compra y venta de bolívares.

El diálogo con el sector privado

Este desabastecimiento programado, junto con los altos índices de inflación, han devaluado el salario de manera estrepitosa. Tanto el caudal de producción local, como la importación y la fijación de precios se mantiene controlada por las cámaras empresariales.

Según Elías Jaua, diputado de la Asamblea Nacional y referente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “el 99% de las industrias están en manos del sector privado”. Jaua detalló en una entrevista con Panorama que el sector privado controla además el 95% del sistema financiero y el 90% de la producción agrícola. El diputado informó que de las 30 millones de hectáreas productivas, el Estado sólo tiene 400 mil en sus manos.

En términos de distribución de alimentos, el Estado controla solamente el 30% a través de la red Mercal y Pdval. Todo el resto de los bienes son distribuidos en un 100% por unas pocas empresas privadas. Sobre este punto se establece el desabastecimiento y el total control de la economía por parte de los empresarios importadores y distribuidores, que se evidencia cada día que se desmantelan enormes galpones, containers, incluso fosas con toneladas de alimentos y medicamentos escondidos.

“La fundamental responsabilidad de la situación a la que hemos llegado es del sector privado, que a pesar de haber tenido todo el apoyo de la revolución, las divisas, tasas preferenciales, tarifas subsidiadas a lo largo de dos décadas, no incrementaron su producción porque se pusieron techos de producción para maximizar sus ganancias en la especulación”, finalizó Jaua.

En esta línea, el dirigiente considera que la situación económica “es compleja desde el punto de vista de los ingresos, la distribución perforada por las mafias públicas y privadas, contrabando de extracción, todo eso hay que recomponerlo, rehacerlo”. Pero entiende que es necesario “afrontarla con el sector privado porque ellos tienen el control de la economía, de la vida cotidiana del país, de la distribución de bienes y servicios. El Presidente los ha llamado nuevamente para trabajar, pero ahora con previsiones”.

El vínculo entre el gobierno y el sector privado se mantiene a través del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), que Maduro instaló el pasado 19 de enero. En este ámbito, el gobierno -a través del vicepresidente Aristóbulo Istúriz- convocó al sector privado a establecer un plan para “impulsar los motores productivos del país” y “generar divisas”, según manifestó el propio presidente durante el anuncio de esta mesa.

El CNEP tuvo sus altibajos en sus más de veinte encuentros, pero en las últimas semanas se evidenció una reactivación. Al respecto, Jaua consideró: “Les estamos diciendo que les vamos a dar los dólares para que importen y los créditos para que produzcan, pero te voy a supervisar, cada dólar debe llegar a un puerto venezolano y saldrá a las redes de distribución formal, públicas o privadas”.

En esta línea, Jaua resaltó que no habrán privatizaciones de empresas públicas ni tampoco se revertirán las propiedades estatizadas. “El camino sigue siendo la construcción de un modelo de economía socialista mixta, donde hay propiedad estatal, de los trabajadores, de las comunas y privada”, finalizó.

El ministro del Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera, anunció hace pocos días que Empresas Polar, monopolio alimenticio del país, comenzó a participar del CNEP. Este conglomerado empresarial es dirigido por Lorenzo Mendoza, miembro de una acaudalada familia de la oligarquía local.

Mendoza se ha enfrentado reiteradamente con Maduro -anteriormente con Hugo Chávez- mientras que mantiene estrechos vínculos con las autoridades del FMI. A principios de agosto, Mendoza anticipó ante el periódico Panorama que si el presidente Maduro lo convocaba a dialogar él se iba a presentar y que “ser empresario en este país es heroico”.

A fines del mes de julio, mientras la oposición insistía tardíamente con la realización del referéndum revocatorio, una encuesta de Hinterlaces reveló que el 74% de los venezolanos apoyan el diálogo entre el gobierno y los empresarios, mientras que el 18% piensa que este diálogo debería ser entre el gobierno y la oposición.

La misma encuesta develó que el 39% pide convocar a un referéndum revocatorio. Sin embargo, esto no podrá llevarse adelante hasta el 2017, debido a los plazos establecidos legalmente.

Durante la segunda mitad del año, la reactivación económica será fundamental para la definición de ese proceso.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan

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