Nacionales

10 agosto, 2016

De Ponti: «El Estado debe garantizar un piso de ingresos equivalente al salario mínimo, vital y móvil»

Lucila De Ponti, diputada del Movimiento Evita e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), balanceó, en diálogo con Notas, la movilización del pasado domingo por San Cayetano y explicó la propuesta de creación de un salario social complementario para llevar los ingresos de quienes trabajan informalmente a un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil.

La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), balanceó, en diálogo con Notas, la movilización del pasado domingo por San Cayetano y explicó la propuesta de creación de un salario social complementario para llevar los ingresos de quienes trabajan informalmente a un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil.

– ¿Cuál es el balance del Movimiento Evita de la movilización del domingo?

– Superó todas las expectivas que teníamos desde la organización. Esperábamos que se congreguen muchísimos trabajadores pero la masividad de la convocatoria superó todas las expectativas. Creemos que eso tiene que ver por un lado con una situación muy crítica que está atravesando el conjunto de los sectores populares a raíz de las medidas económicas que está implementando el gobierno de Macri, que está golpeando muy fuerte al trabajo y al poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de aquellos más vulnerables y precarizados como los de la economía popular.

Por otra parte, creo que la masividad tuvo que ver con el acierto de plantear el eje en la demanda por el trabajo y por el trabajo digno, que entendemos que es lo que aglutina y representa a ese conjunto no solo de organizaciones sino también de trabajadores que buscan tener determinadas formas organizativas, poder expresar y dar la lucha por esta demanda de acceso a derechos laborales. Que tienen que ver con poder afrontar y solventar el ingreso material para las familias.

– Hay que buscar en la memoria -quizás 2002, 2003- para encontrar otra movilización en la que se diera que por Rivadavia, arteria principal de la ciudad de Buenos Aires, se sumara gente a la movilización…

– Sí, otros compañeros señalaban lo mismo. Yo no soy de la provincia ni de la ciudad de Buenos Aires, así que fue la primera vez que participé en una marcha que transitó ese trayecto tan largo por la avenida Rivadavia. Pero sí era muy emocionante y gratificante ver cómo algunos vecinos se habían organizado para ver pasar la marcha y otros desde sus casas se sumaban o nos felicitaban, creo que por expresar un reclamo que hoy es compartido por una parte muy grande de la Argentina. No solo de los sectores más vulnerables sino también de la clase media. De todos aquellos que necesitan del fruto de su trabajo para afrontar la supervivencia familiar.

– Hay un álgebra en este momento, que es un momento de resistencia, complicado para los sectores populares y también para la política, que es el de cómo mezclar esto de la calle y las movilizaciones con la acción legislativa. ¿Cómo lo están pensando ustedes?

– Lo que ha generado la movilización del domingo es lo que le va a dar un verdadero consenso y legitimidad al reclamo por la Emergencia Social, que ya lo veníamos trabajando. Eso se expresa en un conjunto de medidas que estamos proponiendo desde algunos bloques de diputados. Tienen que ver centralmente con atender la situación de los trabajadores de la economía popular y con recuperar el poder adquisitivo de los sectores populares de la Argentina.

En este sentido la propuesta fundamental tiene que ver con la creación del salario social complementario, una asignación estatal que debe otorgarse a todos los trabajadores que, ya sea por estar en la informalidad o porque sus ingresos no alcanzan el salario mínimo, vital y móvil, necesitan un acompañamiento del Estado para llegar a ese piso mínimo de ingresos. Entendemos que es lo que corresponde a cualquier trabajador, mucho más considerando lo que han subido los precios, alrededor de un 50% de la canasta básica de alimentos, sumado al aumento de los servicios públicos.

De la mano con eso expresar un reclamo más estructural o histórico de los trabajadores de la economía popular: empezar a ser reconocidos como trabajadores por el Estado generando una regulación y una normativa que los pueda proteger y otorgue los derechos que corresponden.

– ¿Cuál es el monto de erogación que tendría que tener el Estado para ese salario social complementario?

– La cuenta, considerando a 3,5 millones de trabajadores en esta situación, con el salario mínimo, vital y móvil en el valor que va a regir entre septiembre y enero del año que viene, estamos hablando de 26 mil millones de pesos que tendría que poner el Estado mensualmente. También hay que considerar que hay trabajadores que ya reciben algún monto del Estado, como del plan Argentina Trabaja así que habría que restar eso. Estamos hablando de alrededor de 20 mil millones.

La Asignación Universal por Hijo son 3 mil millones de pesos, pero claro, son 900 pesos hoy por hoy, mucho menor al salario mínimo, vital y móvil que tiene que estar llegando a 8 mil en enero. Es una erogación de recursos muy importante por parte del Estado, y por tanto es un desafío muy grande tanto para las organizaciones como para aquellos que tenemos que desarrollar esta disputa en el marco de la institucionalidad parlamentaria conseguir los consensos necesarios para que se apruebe. Pero creo que también es una realidad vigente que la marcha del domingo lo demostró y que se va a hacer muy difícil continuar negando u ocultando que esto está pasando en el país.

Federico Araya – @fedearayac

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