Tras el paro del Sarmiento, el gobierno busca desplazar al “Pollo” Sobrero

El reclamo de los ferroviarios por mayor seguridad disparó la estrategia judicial de los ministerios de Trabajo y Transporte. Con el reciente fallo de la Corte como antecedente, intentan ahora arrinconar al dirigente gremial. Las diferencias con el caso Orellano.

La empresa Trenes Argentinos depende del Ministerio de Transporte y como tal, mantiene el estilo patronal propio del macrismo. Tras la huelga declarada por los delegados de la línea Sarmiento el jueves pasado, el gobierno buscó con prisa reprender a los gremialistas.

“A partir de ahora, al que no trabaja se lo suspende”, advirtieron desde la cartera que conduce Guillermo Dietrich, según consignó Página/12.

Sin embargo, ni bien se efectivizó la medida de fuerza, la conducción nacional de la Unión Ferroviaria también se sumó a la crítica. Carta documento mediante, le imputaron a los huelguistas no haber notificado con antelación el paro decidido por asamblea. Y con ello, sin sutilezas, les hicieron saber que no respaldarían su reclamo.

Desde hace tiempo la cúpula de los ferroviarios mantiene una puja con los delegados del Sarmiento que encabeza Rubén “Pollo” Sobrero, pero esta vez la persecución promete terminar en la Justicia. Según publicó el diario La Nación, los ministerios de Trabajo y Transporte preparan una estrategia para denunciar a Sobrero y conseguir su desplazamiento como delegado gremial. Apelarían para ello al reciente fallo de la Corte Suprema que recortó el derecho a huelga.

Las diferencias con el caso Orellano

En junio pasado, la Corte Suprema consideró que sólo las asociaciones sindicales inscriptas podían promover una huelga, y no así los colectivos informales de trabajadores. Francisco Orellano, que había encabezado la protesta, fue finalmente despedido por la empresa con aval del máximo tribunal.

Con esa interpretación restrictiva como antecedente, los ministerios de Trabajo y de Transporte planean aleccionar ahora a los delegados del Sarmiento. «Orellano era un compañero que no era delegado», aclaró Sobrero en diálogo con FM La Tribu. “Acá hubo una asamblea. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie porque soy secretario general de un gremio, de la seccional oeste”, agregó.

El delegado de los ferroviarios concluye por tanto que el caso Orellano no le es aplicable. Y en verdad parecen sobrarle argumentos. Las diferencias con el caso que tuvo que resolver la Corte son evidentes. La convocatoria a la huelga en el Sarmiento fue decidida por la asamblea formal del gremio. Pero además, como si fuera poco, Sobrero cuenta con protección legal por tratarse de un delegado electo del sindicato.

El artículo 42º de la ley 23.551 que regula la actividad sindical establece que su mandato sólo puede ser revocado por decisión de los representados o por el voto afirmativo de las dos terceras parte de la asamblea del sindicato.

En efecto, la estrategia del gobierno es un atajo. Si bien la Corte Suprema recortó el derecho a huelga, no estableció sanciones para quienes la convoquen. Pero sí dejó algo en claro: todas las asociaciones sindicales pueden tomar medidas de fuerza, incluyendo a las representaciones de base, como es el caso del Sarmiento.

«Se podría avanzar en el desafuero de los delegados. Corre riesgo la representación de ellos en la seccional. Seguramente habrá una escalada judicial», consideró aun así, en declaraciones a La Nación, un jerárquico del Ministerio de Trabajo, el órgano que -curiosamente- debería mediar en el conflicto.

Federico Dalponte – @fdalponte