«El Estado le garantiza la sustentabilidad a los medios privados»

El docente e investigador especializado en temas de comunicación Santiago Marino analizó en una entrevista con Radio Sur el nuevo escenario mediático, las políticas que se viene dando el macrismo hacia el sector y la posibilidad de una nueva ley que regule los medios.

– ¿Cuánto tiempo le queda a la ley de medios?

– En primer lugar hay que dejar de decirle Ley de medios. Como sostuvimos siempre, la norma audiovisual regulaba un conjunto de medios pero no a todos, como por ejemplo internet. Tampoco los medios gráficos. Ahora, los cambios que ha hecho este gobierno regulan menos que antes. Ya no regula más la televisión por cable que, de los medios, es el sector más importante en términos económicos.

– El macrismo anunció que quiere sancionar una nueva ley ¿Qué perspectivas hay de que ese proyecto avance?

– El gobierno de Macri creó una comisión que está realizando una serie de consultas con especialistas y organizaciones para sancionar una nueva ley, que sería una ley de la convergencia. El gobierno les dio 180 días para hacerlo y a los 90 conocimos los 17 principios en los cuales estaría basada esta nueva normativa.

Por ejemplo la actual no regula internet y esta tiene la pretensión errónea, desde el inicio, de regularla. Errónea porque para hacerlo se requieren una serie de mecanismos y no solo esta ley.

Ahora si la comisión presenta la ley vamos a estar hacia el final de 2016 metiéndonos en la campaña electoral del año que viene. No me imagino que este gobierno lleve adelante una discusión en ese contexto para impulsar una legislación que podría hacer enojar no a Clarín sino a Telefónica.

Aquí queda en evidencia otro problema que tiene la gestión de la alianza Cambiemos: la combinación fatal entre la improvisación y el desconocimiento. Porque pretender regular la convergencia de un modo que cristalice los cambios es omitir que estamos hablando de tecnologías que cambian todo el tiempo entonces demandaría una normativa que pudiera revisarse periódicamente.

– Desde el 10 de diciembre cambió la distribución de la pauta oficial y tuvo lugar un recorte en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que implicó que los medios dependan más aun del mercado y que se incrementen los despidos.

– Es complicado el panorama en este contexto. El gobierno a planchado la inversión publicitaria oficial en una medida atendible, al menos al principio. Esto afectó a los medios que eran afines al kirchnerismo que se sostenían solamente con publicidad estatal. Los casos más dramáticos son Tiempo Argentino y Radio América y hay casos más peculiares como el de Radio del Plata donde sus trabajadores no cobran hace meses. Lo peculiar es que esta radio no para de crecer en el rating. Es la tercera más escuchada.

Uno imagina que si el sistema de medios en Argentina se sostuviera por el mercado, del Plata debería recibir rápidamente inversión publicitaria privada. Esto no pasa, entonces los trabajadores siguen sin cobrar su sueldo.

¿Por qué? Porque Argentina está en recesión económica y en este contexto las empresas también reducen su inversión publicitaria. Esta encrucijada muestra que el sistema de medios privados comercial vive de la teta del Estado y cuando el Estado decide no dar más leche, no hay una reorientación al mercado.

Yo no estaría tan acuerdo en que el Estado ha dejado de bancar a los medios privados. Sí lo ha hecho en materia de inversión publicitaria. Pero cuando uno mira la historia ve que todo el tiempo toma medidas que benefician a las grandes empresas privadas de medios.

No se materializa solo en publicidad sino también en exenciones impositivas. El diario La Nación tiene una deuda millonaria de aportes de cargas sociales que está dormida en la Corte Suprema hace 10 años. En toda la pelea entre el kirchnerismo y el diario no tuvo ni un avance respecto de lo que debe esa empresa.

Hoy asistimos a la sonsera de que el Gobierno se pelea con Marcelo Tinelli, e invita a que no se lo vea. Pero lo más grave, y no sale en la tapa de los diarios, es que la empresa de Tinelli ha sido intimada a pagar los 8 millones de pesos que debe en cargas sociales. Si uno compara las deudas de Tinelli y La Nación entiende que algo que no ha cambiado es el ejercicio de presión política por parte del Estado para con los medios.

– ¿Cómo entran en esta nueva etapa los medios populares y autogestivos?

– Tenemos el problema de los medios sin fines de lucro que claramente han sido desplazados de la escena por la gestión de Cambiemos. No solo no son reconocidos sino que tienen el problema que no se ejecutan las partidas presupuestarias que debería cumplimentar el pago de los fondos concursados el año pasado.

Acá hay dos problemas. Por un lado el ejercicio de la libertad de expresión. Este gobierno entiende que el mercado es el mejor asignador de recursos, entonces apunta a que existan empresas que puedan competir y que sobreviva la mejor. Por el otro es que desde esta mirada se dice que los medios tienen que ser sustentables, pero el Estado le garantiza la sustentabilidad a los medios con fines de lucro mediante esos mecanismos de exenciones impositivas, marcos regulatorios afines e inversión publicitaria en parte, y a los medios comunitarios no les dice ni buenas tardes.

– Frente a esta situación de presión por parte del Estado a los medios, de beneficios para algunos y ahogo presupuestario para otros, ¿existe la libertad de expresión en el país?

– Yo creo que tenemos un contexto de ejercicio pleno de la libertad de expresión. Lo que sucede es que eso está condicionado por elementos tradicionales de la economía: concentración de la propiedad y las dificultades económicas que atraviesan todos los sectores, en particular sin fines de lucro, que pueden ver afectada su capacidad de producir.

Corremos el riesgo de que sea el Estado el que ponga al mercado de nuevo en el centro, como en la larga década neoliberal, y ahí por efecto derrame pero al revés, muchos sectores tengan dificultades en su capacidad de producir.

– Oscar Aguad es el ministro de Comunicaciones ¿Qué opinión te merece que alguien sin trayectoria ni conocimiento demostrado en el sector esté a cargo?

– De a poco vamos perdiendo la capacidad de asombro con su rol como ministro. No solo porque no entiende nada del mercado de medios de comunicación, además desconoce claramente la necesidad del ejercicio de la libertad de expresión, las obligaciones que tiene el Estado argentino de responder a planteamientos que tienen la OEA y la ONU en materia de regulación.

Entiendo por qué está ahí. Claramente es un favor que Macri le hace a sus socios de la Unión Cívica Radical. Y había que darle algo a Córdoba porque allí radicó parte de su apoyo. “Hay un radical cordobés, pongámoslo en algún lado”. Y lo pusieron en el Ministerio de Comunicaciones.

Pero tampoco sabe nada ni de la cuestión política de este gobierno y sus acuerdos, ni de la cuestión económica. Cuando Aguad dice que Tierra del Fuego es un problema y que el mercado tiene que resolver todo va a contramano de lo que hace el propio presidente de la nación cuando lanzó este programa de 12 cuotas para acceder a los teléfonos celulares cuando el mercado ya lo ofrece más barato. El primo de Macri, Nicolás Caputo, tiene entre sus principales empresas una de las tres principales ensambladoras de telefonía móvil que funciona en Tierra del Fuego. En eso radica la decisión de Macri de seguir sosteniendo el complejo funcionamiento económico de la provincia con financiamiento público para empresas que ensamblan equipos que no se producen en la Argentina.

Pero no solo es peligroso eso, su yerno es el director de ARSAT y eso es mucho más peligroso. Porque Rodrigo de Loredo tampoco conoce del mercado de comunicaciones pero si tiene una visión muy clara de qué es lo que hay que hacer para cumplir con el objetivo del gobierno de poner el mercado en el centro.

Uno de sus objetivos centrales es la privatización de ARSAT y para eso han contratado a la Consultora Mackenzie con la cual supuestamente se diseñan lineamientos centrales de la política de comunicaciones en la Argentina. Eso es lo que implica Aguad como ministro.