¿Parir en casa o en el hospital? Esa no es la cuestión

Por Mariela Di Francesco. El 11 de mayo se produjo la triste muerte de una beba en un parto domiciliario en la ciudad de Neuquén. El hecho se transformó en noticia el pasado lunes cuando se supo que el fiscal Maximiliano Breide Obeid imputó por homicidio culposo a la pareja que había decidido tener a su hija por parto natural en su propia casa. Según lo expresado por el fiscal, la idea no es establecer una condena sino transmitir “un mensaje ejemplificador”, “generar conciencia” sobre los riesgos que implica esta elección.

El abogado defensor solicitó absolver a la pareja alegando que se habría tratado de un aborto. Mientras, la jueza Carolina García sostenía lo contrario: «No se trata de un aborto sino que estamos hablando, a esta altura preliminar del proceso, de un homicidio culposo porque el nacimiento comienza desde que el bebé ingresa al canal de parto».

Por supuesto todo esto generó en los medios masivos de comunicación un debate sobre “partos domiciliarios versus partos en las instituciones”. Sin embargo de un lado y del otro aparecen críticas y cuestionamientos que requieren de una profundización.

Por un lado, en las instituciones de salud (públicas y privadas) puede haber excelentes equipos médicos que intenten intervenir lo menos posible en el cuerpo de las mujeres, sobre todo si es completamente innecesario. También -y desgraciadamente lo más común- es que todas las mujeres tengamos que sufrir al menos algún tipo de violencia obstétrica, si es que nos toca pasarla mejor que en casos demasiado lamentables. Son corrientes los testimonios que evidencian no sólo la sospechosa cantidad de cesáreas, episiotomías o diferentes intervenciones cuyas consecuencias pueden ser múltiples, sino también los maltratos verbales, psicológicos de diferente índole que recibimos cuando nos toca pasar por el que supuestamente debería ser un momento feliz.

Por otro lado, el parto domiciliario parece ser un ideal que precisa de mucha información acerca de riesgos y procedimientos a contemplar pero sobre todo, de ciertas condiciones materiales de la mujer y su entorno familiar. No puede llevarse a cabo en circunstancias de hacinamiento, sin disponer de calefacción, agua potable, ni tampoco en un lugar alejado, donde sea difícil ser transportada a un hospital en caso de necesitar atención médica urgente. Sabemos que, por ejemplo en muchos barrios de emergencia las ambulancias no entran, y que la mayoría de las familias de menores recursos no cuentan con vehículo propio. En términos sencillos, realmente los sectores populares y más necesitados no tienen acceso a ello.

Entonces, si para la mayoría de las mujeres que vamos a parir es impensado acceder a este ideal de parir en casa, el debate basado en la contraposición entre “parto domiciliario” y “parto institucional” se vuelve completamente inútil.

Y es que, retomando los argumentos que se pusieron sobre la mesa en un debate televisivo del mismo lunes en el canal TN, no podemos más que reafirmar la inutilidad del debate. Allí, un médico obstetra defensor del parto institucional mencionó que «es mentira» que los médicos hacen «más cesáreas para cobrar más plata” y que “el problema es que las mujeres no colaboran».

Se trata, una y otra vez, del control social y la desigualdad de la que somos víctimas las mujeres, del maltrato y la falta de respeto por nuestras decisiones y por nuestros cuerpos. A su vez ese control es ejercido para servir a un negocio, donde las clínicas privadas por supuesto ganan mucho más. Pero depositar la culpa en las mujeres es un negocio mucho mayor, que evidencia la necesidad de cuestionar, transformar las prácticas capitalistas y patriarcales de las maternidades de clínicas y hospitales, en lugar de esquivarle al debate proponiendo partos en casas, que no podrán ser.

El foco en la institución revela otras violencias

El 19 de abril pasado la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a la joven Belén a ocho años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. Belén desconocía estar embarazada y concurrió a la guardia del hospital Avellaneda de la provincia de Tucumán, por presentar dolores abdominales. Allí fue víctima de violencia de género e institucional que se sumó a su angustia de no saber qué le pasaba. El médico que la atendió la denunció a la policía y el fiscal de la causa la acusó de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.

Entonces, ¿por qué el abogado de la pareja que decidió parir en casa asentó su argumento en el supuesto aborto? ¿Por qué la jueza que imputó a la pareja determinó que fue un homicidio porque el bebé había pasado vivo por el canal de parto? En el caso de que realmente hubiera sido un aborto, ¿se los hubiera absuelto sin dudarlo? Entonces, ¿por qué Belén se encuentra presa por haber sufrido un aborto espontáneo estando de aproximadamente 22 semanas de embarazo? El caso de Belén también da cuenta de todo ese control y manoseo que nos realizan a las mujeres en las instituciones de salud.

Una y otra vez nuestros cuerpos de mujeres sometidos al cuestionamiento, al juicio, más allá de lo que decidamos hacer. Y ese juicio siempre pesa muchísimo más en las mujeres de los sectores populares, que son las que no pueden elegir si parir en casa o en el hospital, si abortar clandestinamente a riesgo de morir o no hacerlo a costa de sufrir múltiples consecuencias. Lo único que revela este debate es la urgencia de dejar de mirar para otro lado, para mirar adentro de las instituciones, de las políticas públicas de Estado, para que las mujeres podamos ejercer en ese marco y de un modo igualitario nuestros derechos.

@mariedifran