Rechazan reforma del Código Penal que criminaliza el aborto en República Dominicana

Las modificaciones al Código Penal dominicano establecen penas de entre cuatro y diez años de prisión para aquellas mujeres que decidan interrumpir voluntariamente un embarazo. El rechazo de organizaciones de derechos humanos y feministas.

La reforma tiene, desde este martes, media sanción de la Cámara de Diputados. Establece como única excepción a la prohibición de abortar que la vida de la mujer corra riesgo. Las organizaciones sociales afirman que se trata de un «claro retroceso».

“Con esta decisión la República Dominicana no solo le da la espalda a miles de mujeres dominicanas sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos.” dijo Juliana Cano Nieto, directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional.

Por su parte Raúl del Río, director de Oxfam en territorio dominicano indicó que la decisión «supone un claro retroceso respecto al Código Penal aprobado en 2014 y que incluía la despenalización del aborto ante tres causales y que daba mayor protección a las mujeres de República Dominicana”.

Además, un conjunto de organizaciones feministas exigieron al Senado y al presidente, Danilo Medina, que asuman responsablemente su compromiso con la vida y salud de las mujeres. «La penalización del aborto, más que disminuir su práctica, empuja a las mujeres a la clandestinidad y les expone a potenciales complicaciones médicas que conlleven a una muerte segura», afirmaron la Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Instituto de Género UASD, Women’s Link Worldwide (WLW), el movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA) y el Foro Feminista Magaly Pineda, en una conferencia de prensa en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El artículo 110 de la ley de 2014 incluía tres causales de excepción a la penalización del aborto (lo que en Argentina conocemos como aborto no punible): cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación y en casos de malformación incompatible con la vida.

La modificación votada por Diputados establece que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”. Pero también afirma que el aborto se castigará con penas de dos a tres años, y se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto. La pena sería de cuatro a diez años.

Organizaciones se movilizaron este viernes al Palacio Nacional en SantoDomingo para exigir al presidente su intervención en defensa de los derechos de las mujeres y que «muestre su coherencia» con lo sancionado en 2014. «El aborto se previene con educación sexual integral y con acceso a una gama amplia de métodos anticonceptivos. En el país ambas cosas están limitadas», expresó Servia Galván, del Foro Feminista. El ministro de Salud dominicano, Nelson Rodríguez, también rechazó la modificación y dijo que «atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres»

De acuerdo a la información disponible, República Dominicana es uno de los países latinoamericanos con mayores índices de muertes de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Allí mueren 106 mujeres por cada 100 mil nacimientos vivos mientras que el promedio en la región es de 77, según datos del informe de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 2013.