Explotación laboral: la otra cara del mercado hortícola (II)

La explotación y autoexplotación laboral de los quinteros y pequeños productores del cinturón hortícola de La Plata no sólo se produce a partir de la injusta cadena comercial, sino que otro problema está dado por el derecho de acceso a la tierra. Esto es administrado generalmente por inmobiliarias como Estudio Mattioli o J. Cattoni Propiedades, que cobran precios desorbitantes. Para sobrevivir, los quinteros deben alargar su jornada laboral, además de no poder construir una vivienda digna debido a los abusos de estos grupos empresariales.

La problemática del acceso a la tierra es una de las principales dificultades que tienen los quinteros al comenzar su producción. Las inmobiliarias administran un gran porcentaje del territorio para cultivo y establecen los precios de la hectárea. Estos contratos, enmarcados en la Ley de Arrendamientos Rurales y Aparcerías Nº 13.246, se establecen por un máximo de tres años y con la posibilidad de renovar y alargar el periodo de permanencia en el predio.

Sin embargo, el abogado representante de familias quinteras y profesor de Derecho Agrario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Edgardo González, explicó a Notas que esto no siempre funciona así. Las inmobiliarias “negocian los contratos cada seis meses o un año y dificultan la vida del productor, ya que alquila el terreno e instala el invernáculo, y no puede arriesgarse a irse porque pierde todos los materiales y el dinero invertido para la producción”.

Los contratos de arrendamiento rural rondan un promedio de tres mil pesos por hectárea de tierra virgen, esto significa que en dicho precio no se incluyen los elementos de producción como invernáculos, agua corriente, gas y perforaciones.

Según Cattoni, que alquila terrenos a quinteros de la zona de Abasto, por contrato “las construcciones tienen que ser precarias y fáciles de desmontar”. Esto es falso, porque los dueños de la tierra y las inmobiliarias como la suya exigen a los productores que no construyan casas de material en los terrenos para no pagar más impuesto inmobiliario. En el Estudio Mattioli, sin embargo, simplificaron la problemática de acceso a la vivienda: “El tema de la casa precaria es la cultura de ellos”.

“No tenemos todos los gustos, vivimos con barro cuando llueve y tomamos frío en las casitas de madera. No tenemos gas natural y andamos con estufa, si no te morís de frio. Además no podemos hacer casas porque no somos dueños de la tierra”, detalló Armín Eizaguirre, quintero de Abasto y oriundo de Tarija, Bolivia.

Esta especulación inmobiliaria se genera a partir de la complicidad del Estado, que no proyecta políticas públicas para defender a los pequeños productores, ni tiene voluntad de llamar a una mesa de diálogo conjunta entre productores, Estado e inmobiliarias.

“Si reunimos a los productores, a las inmobiliarias, y nosotros como Estado, nos cagamos a piñas”, expresó en tono burlón el director de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Lima. El funcionario explicó a Notas que la primera tarea era llamar a las inmobiliarias para ver en qué se puede avanzar y en qué no, y luego hablar con los quinteros. Con que “se mejore en dos o tres puntitos, a los productores les va a venir bien”, aclaró.

En los terrenos rurales hay menos inmobiliarias, por lo tanto el negocio es más concentrado y pueden manejar los precios según sus intereses. “Es una cuestión especulativa con las tierras, que comienzan a adquirir un valor urbano, que es mucho más alto que el valor rural”, detalló Laura Camera, abogada y docente de la UNLP.

También existen problemas al momento de firmar los contratos, ya que las inmobiliarias aumentan los costos según la cantidad de familias inquilinas. “Cuando entre tres o cuatro familias alquilan un terreno, las inmobiliarias quieren firmar con una sola persona ya que, amparadas en los certificados necesarios para establecer el contrato, elevan los costos administrativos y generan precios que son insostenibles para los productores”, afirmó Camera.

Caras y caretas

A pesar de que Estudio Mattioli y J. Cattoni Propiedades están casi en la misma cuadra de la avenida 44, en la localidad de Lisandro Olmos, las mentiras y los sincericidios los diferencian. Cattoni especificó que el precio de alquiler de una hectárea cuesta “entre setecientos y ochocientos pesos”, cifra fácil de desmentir sabiendo que su firma hoy cobra alquileres a precios que superan los tres mil pesos.

Por ejemplo, Eizaguirre, que alquiló seis hectáreas de tierra virgen y construyó sobre ella los invernaderos, le paga actualmente a J. Cattoni Propiedades, en su segundo año de alquiler, la cifra de 19.500 pesos, poco más de tres mil pesos por hectárea, mientras que el próximo año esa cifra aumentará, según estipula su contrato, a 25.350 pesos por mes, es decir, más de cuatro mil pesos por hectárea.

Por otra parte la mayoría de los quinteros alquilan sin poner ningún tipo de garantía, ya que lo único que poseen es la producción final de los cultivos. En el área hortícola platense, el 85% y el 74% de los productores y los trabajadores respectivamente residen en la quinta, según el Censo Hortiflorícola de Buenos Aires 2005.

El sincericidio lo cometió Juan Pablo Mattioli, cuando explicó: “Los bolivianos vienen y si les pido la garantía me limito a alquilar la tierra, entonces ellos la alquilan igual”. Acostumbrado, al parecer, a pedir órdenes de desalojos en tierras que administra su estudio, expresó sin tapujos que “a lo sumo corrés el riesgo de que si no pagan tener que iniciar una orden de desalojo”.

El abogado González explicó que “lo que hace falta es una legislación y un ordenamiento territorial adecuado a la provincia y al municipio, porque el Código de Ordenamiento Urbano (COU) fue hecho siempre por los intereses económicos más concentrados”, en referencia a la Cámara de la Construcción, las inmobiliarias más importantes y los medios de comunicación locales.

Marcos Lede Mendoza – @pichulede1 y Juan Manuel García Vieira – @juanmagarciavie