La ONU pide libertad para Belén, la joven tucumana presa por un supuesto aborto

Belén es una joven de 27 años que hace más de dos se encuentra presa en Tucumán, acusada de haber abortado. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió su excarcelación, la descriminalización del aborto y también alertó sobre otras situaciones preocupantes en la Argentina en la materia.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó hace unos días su informe periódico sobre nuestro país. Allí, entre otros temas se aborda la problemática del aborto ilegal y, particularmente, se recomienda «revisar» el caso de Belén.

«El Estado debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación criminal», comienza el informe. Y señala que se debe «asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo».

Sobre el caso de la joven tucumana, el Comité indica que el mismo debe ser inspeccionado «a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto».

Además, la ONU sostiene que el Estado «debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva».

Por otro lado, la semana pasada también diez organizaciones comprometidas con los derechos humanos se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La figura de amicus representa a personas ajenas a la causa, pero que con su opinión experta y legítima pueden aportar información y fundamentos a un litigio. Las organizaciones que intercedieron por Belén son: Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Pensamiento Penal, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales , el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Innocence Project Argentina y la diputada nacional Soledad Sosa del Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos.

«Como Defensa Técnica en la causa, es muy importante el posicionamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU», afirmó a Notas Soledad Deza. «No sólo porque llega en un momento justo -la causa está esperando que la Corte Provincial revise la sentencia- sino también porque el pedido de inmediata liberación en base a violaciones de los estándares internacionales vigentes es una recomendación expresa», sostuvo.

La abogada también indicó que «por la convencionalidad de los tratados internacionales, nuestros Tribunales no pueden desoir a los organismos internacionales así que estamos muy esperanzadas en que la justicia llegue pronto para Belén y ella recupere su libertad».

Por último, subrayó que el hecho de que se hayan presentado como amicus curiae organizaciones reconocidas en derechos humanos y de las mujeres en particular, «también visibiliza el caso y fortalece la denuncia de violaciones de derechos que venimos haciendo en esta causa». «Urge que se haga justicia para Belén, el mensaje disciplinador que se consolidó con su condena se proyecta para todas las mujeres tucumanas», concluyó Deza.

Más preocupaciones de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la Argentina

Si bien el Comité destacó varios derechos adquiridos en los últimos tiempos en el país y procesos judiciales como el enjuiciamiento a responsables de delitos de lesa humanidad, no son menores los temas que resaltó como negativos.

Además del ya mencionado tema de los derechos sexuales y reproductivos, la ONU expresó «preocupación» por los despidos y «cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia».

Por otro lado, lamentó «la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio de 25%» y que «la violencia contra la mujer continúa representando un serio problema en el Estado». En este sentido instó a incrementar los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia de género.

El Comité observó también con preocupación «la violencia institucional penitenciaria que se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos contra personas privadas de libertad». Aunque destacó positivamente la creación del Registro Nacional contra la Tortura en 2014, lamentaron «que todavía no se pudo consolidar un sistema unificado de registro de hechos y víctimas de tortura en el ámbito federal».

Detenciones arbitrarias, la larga duración de la prisión preventiva, violación de derechos humanos a personas discapacitadas, especialmente en neuropsiquiátricos, protección de testigos, fueron otros de los elementos sobre los que la ONU llamó la atención, citando casos específicos como la situación del Melchor Romero o el caso de Julio López.

Como viene realizando hace años, también instó a «intensificar esfuerzos» en la investigación y enjuiciamiento de los responsables del atentado a la AMIA.

Por otra parte, el Comité dedicó unos párrafos a las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual «que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión».

El informe concluye pidiendo al Estado argentino que en el plazo de un año facilite información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones en materia de interrupción voluntaria del embarazo, tortura y malos tratos y condiciones de detención.

Julia de Titto – @julitadt