Fútbol por TV: que lo pague quien pueda

Por Federico Dalponte. Que se privatice todo, pedía José Saramago, irónico. Que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley. Y pedía también, para rematar, que se privatice a la madre que los parió. Y esa en efecto es la consigna. Conceder la explotación de los negocios al sector privado. Todos los negocios, sobre todo los más rentables. Todo muy PRO.

En plena campaña electoral, la televisación pública y gratuita del fútbol profesional fue parte de los ejes del debate. Y casi todos –incluyendo al actual presidente– prometían mantenerlo así, tal cual está, pero con publicidad privada. La promesa no duró ni un año.

En rigor, no hay dudas de que los millones que le cuesta al Estado su transmisión son el centro de la polémica. Que el sector público pierda plata siempre es noticia interesada. Es decir: si el Estado ganara dinero con su transmisión, la mayoría de las críticas perderían sentido. Lógica empresarial. «Ramal que para, ramal que cierra.»

Lo público y gratuito logra serlo porque existe una decisión política de dividir su costo entre todos. Se asume que el servicio incumbe a tantos, y son tantos los que reclaman acceder a él, que el Estado finalmente interviene y lo aleja del lucro privado.

Así, el cuestionamiento básico se reduce a pensar por qué el gobierno destina plata al fútbol si los hospitales están desfinanciados. Y es cierto. Aunque el argumento es absurdo. Pensar que el monto que hoy se transfiere al fútbol es el quantum exacto que le falta al Garraham no soporta el más mínimo análisis.

En todo caso, habría que pensar cómo se financia la totalidad del Estado y si los millones hoy eximidos al campo o a las mineras no podrían también destinarse al sistema público de salud. O si, por ejemplo, las subvenciones a las escuelas privadas no son en definitiva recursos que se le niegan a la educación estatal.

Dicen que nada es gratis

Casi con la misma línea argumental con la que se pretendió justificar el tarifazo en marzo, hoy se cuestiona la gratuidad del fútbol televisado. Nos hicieron creer que podíamos pagar el gas y ver fútbol gratis, y ahora hay que asumir el costo.

Juan Sebastián Verón dice que “hay que analizar si en algún momento el fútbol fue gratis”, y esconde así ese otro apotegma en boga: nada es gratis, todo tiene un costo.

Sí, va de suyo. Aunque el debate no es ése, sino quién paga ese costo. Evidentemente alguien corta el pasto en las plazas y ese costo también alguien lo afronta. Pero está claro que no todo es lo mismo: una cosa es que el Estado pague el servicio con fondos de la recaudación general de impuestos y otra es que se cobre un canon individual para acceder a las plazas.

Lo público puede pensarse en términos sociales o en términos económicos. En estos meses, Cambiemos tuvo que intervenir varias veces en este debate, y siempre lo hizo partiendo del cálculo financiero: destruyó la aerolínea Sol dejando a sus trabajadores en la calle, incrementó los servicios públicos a precios impagables y eliminó las tarifas máximas para vuelos de cabotaje.

¿En qué otro servicio se pretenderá ahorrar ahora? ¿Por qué no cobrar un arancel por estudiar en la universidad? ¿Por qué no hacerlo por ir a un parque, a una playa?

En este caso, se dirá que el fútbol no es prioridad; que playas, parques y museos sí, pero fútbol no. Que hay, en definitiva, mejores formas de gastar la plata de todos. Y ese, posiblemente, sea el argumento más interesante.

Porque entonces sí, abierto el debate en todo su ancho, cabría preguntarse en qué, cómo y en quién se gastan los fondos públicos. Preguntarse por qué, por ejemplo, Mauricio Macri destinó 20 millones de pesos a la empresa de Fernando Niembro en concepto de publicidad, 14 millones a la productora de Luis Majul para la organización de eventos y 18 para remodelar la quinta de Olivos.

Lo público, según quién

La renuncia voluntaria a la gratuidad funciona tanto como el síndrome de Estocolmo. Existe un extraño apoyo en los últimos tiempos a las políticas de aumentos, de arancelamientos, de restricción. Sinceramientos, que le dicen.

Y así, convencida una porción de la sociedad de que no merece lo que tiene, aparecen los que siempre lucran: los cableoperadores, los canales de televisión, los grandes medios.

Porque en definitiva nadie discute la otra posibilidad, que bien valdría como solución: que sea el propio Estado el que implemente el cobro. Si el problema es la pérdida de dinero, pues que entonces el gobierno genere ingresos y haga de la televisación su negocio.

Pero no. La alternativa más fuerte en cambio es la cesión de las transmisiones al sector privado. Una privatización en el sentido más tradicional del término: el Estado concede a una empresa la explotación de un negocio redondo bajo la excusa de que no es rentable.

En el fondo, y aunque se niegue, se trata siempre de ideología. Por un lado, los que creen que un servicio sólo puede ser sustentable y de calidad en manos privadas. Por el otro, los que quieren que el Estado tome las riendas.

A los fines prácticos, la mayor diferencia la hace la construcción del costo operativo. Antes del Fútbol para Todos, sólo podían ver los partidos los que pagaban el precio impuesto. No había exenciones ni tarifas sociales. Ganancia pura. El que no podía pagar miraba el resumen el domingo por la noche.

Hoy, los millones que miran fútbol lo hacen gratis. ¿Deberían pagar para participar del costo? Es una posibilidad. En cualquier caso, podría segmentarse para que el peso recaiga en los más pudientes. O venderlo al costo. O incorporar mayor publicidad. En definitiva, hacer lo que hace un Estado cuando tiene voluntad de brindar un servicio verdaderamente para todos.

@fdalponte