El debate sobre el aborto pone en jaque al gobierno irlandés

El debate sobre el aborto en la República de Irlanda ha puesto en jaque la gobernabilidad del partido conservador Fina Gael. Con la creciente denuncia internacional y la movilización de organizaciones locales a favor de la despenalización del aborto, el gobierno de Enda Kenny se debate entre avanzar en la reforma constitucional o perder los apoyos políticos que le permiten gobernar.

Durante los últimos meses ha crecido la preocupación de organismos internacionales sobre la legislación irlandesa que prohíbe el aborto. En el marco de un debate que ha dividido al gobierno de Irlanda, el pasado jueves 14 de julio se aprobó la realización de una Asamblea Ciudadana para discutir la reforma de la Octava Enmienda constitucional.

Tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda el aborto está prohibido. Aunque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido, debido a su descentralización no aplica la Ley de Aborto de 1967. La legislación de este país contempla además la pena más severa tanto para las mujeres que se practiquen un aborto como para quiénes las asistan: cadena perpetua.

En el caso de la República de Irlanda, la vida del feto está por encima de la vida de la madre, según lo establece la Octava Enmienda a la Constitución Irlandesa, introducida en 1983. Sin embargo, ante la presión social, el debate por la despenalización del aborto ha avanzado un poco más. En el 2013, debieron modificar la legislación habilitando el aborto para mujeres cuyos embarazos ponían en riesgo su vida. Las penas para una mujer que es hallada culpable por abortar es de hasta 14 años de prisión.

No obstante, si esta práctica es realizada fuera del territorio irlandés, no hay inconvenientes legales. Esto genera que unas 4 mil mujeres irlandesas viajen anualmente a Inglaterra para acceder a un aborto, según informa Amnistía Internacional.

El rechazo a esta legislación por parte de organizaciones de mujeres y derechos humanos ha ido en crecimiento. En este marco se acentuó una campaña impulsada por diferentes organizaciones de mujeres y derechos humanos irlandesas. Bajo las consignas #SheIsNotACriminal (#EllaNoEsUnaCriminal) y #RepealThe8th (#RechazaLa8va), las organizaciones convocan a rechazar la Octava Enmienda constitucional.

Asimismo, organizaciones como Termination for Medical Reasons (TMFR Ireland, Irrupción por Razones Médicas por sus siglas en inglés), un grupo de mujeres y parejas que exigen la legislación sobre estos casos, impulsó una recolección de firmas en todo el país. Hasta el momento, más de 270 mil personas a nivel internacional firmaron una petición impulsada por Amnistía Internacional Irlanda que exige la despenalización del aborto en ese país. La campaña que se lleva adelante incluye festivales culturales y charlas de concientización sobre la problemática, mientras se denuncian casos de mujeres criminalizadas, como el de la irlandesa Amanda Mellet e incluso el que tuvo lugar en Argentina con el encarcelamiento de Belén.

Day 3:@longitudefest our activists collected 10,010 petitions help us to reach 12,000 -Free Belén#SheIsNotaCriminal pic.twitter.com/yCTp7tVKqZ

— Amnesty Ireland (@AmnestyIreland) July 17, 2016

En este marco, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe, a principios del mes de junio, en el que califica a la ley que prohíbe el aborto en Irlanda de “cruel, inhumana y degradante”.

Semanas después, el diputado independiente Mick Wallace presentó un proyecto de ley que proponía convocar a un referéndum para decidir sobre la legalización del aborto en casos en que el feto presenta «anomalías mortales». Sin embargo, esta ley fue rechazada el 7 de julio por 95 votos en contra y 45 a favor de los diputados del Dáli (Cámara Baja).

Irlanda es gobernada por el partido conservador Fina Gael, que tiene la primera minoría parlamentaria junto a los votos de independientes que, en el caso de esta ley, tres de ellos votaron a favor de la reforma legislativa. La posición de este partido en el gobierno está en contra de avanzar en este debate, aunque fue el primer ministro Enda Kenny quien promulgó en 2014 la primera legislación sobre este tema, cuando gobernaba con el apoyo de los laboristas. La legislación despenalizó el aborto para mujeres con riesgo de vida durante el embarazo.

Luego del rechazo al referéndum a principios de julio, Kenny manifestó ante la prensa que la despenalización es «mala para las mujeres», mientras que la Procuraduría General advirtió que, de ser aprobada la ley, ésta sería inconstitucional. Las reacciones dentro y fuera del gobierno provocaron divisiones profundas, que incluso pusieron en jaque el apoyo a Kenny. En este contexto, el pasado 14 de julio el Dáil aprobó una moción para instalar una Asamblea Ciudadana que discuta sobre la necesidad de reformar la Octava Enmienda constitucional.

Esta Asamblea, que se instalará en octubre, tiene la posibilidad de convocar a un referéndum para derogar la Octava Enmienda. Estará conformada por cien ciudadanos y ciudadanas elegidos «al azar», según informó el secretario de Estado, Damien English.

Sin embargo, sectores de la izquierda y progresistas rechazaron la instalación de la Asamblea Ciudadana, ya que mediante esta maniobra se busca bloquear la realización de un referéndum. Ruth Coppinger, diputada del grupo Anti-Austerity Alliance-PBP, (Alianza Anti-Austeridad -Pueblo Sobre Ganancia, por sus siglas en inglés), describió a la Asamblea Ciudadana como una «farsa que el gobierno creyó que debía instalar». «El gobierno está luchando para encontrar una fórmula que le permita no tener que debatir con lo que se convirtió en la esencia de la lucha por los derechos civiles de esta generación», manifestó en su discurso parlamentario.

Diputadas laboristas e independientes también rechazaron la Asamblea Ciudadana, ya que con esta instancia se busca evitar el debate nacional y sólo apunta a resolver el gran problema que el gobierno tiene hacia adentro, con posturas irreconciliables en la materia.

En todo caso, la división más preocupante para los conservadores en el poder es con la Alianza Independiente, quienes le brindan el apoyo necesario para conformar gobierno. Los debates en torno al aborto han incrementado el enfrentamiento con los independientes, quienes apoyan la reforma. La alianza que sustenta el gobierno irlandés pende de un hilo, y los conservadores deberán asumir el debate sobre la despenalización del aborto si pretenden mantener su gobernabilidad.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan