AMIA: del memorándum a Nisman en tiempos de Cambiemos

La victoria electoral y posterior asunción de la alianza Cambiemos al frente del Ejecutivo nacional trajo consigo una modificación de la relación entre el gobierno y las entidades de la comunidad judía, DAIA y AMIA, así como en torno a la mirada sobre determinadas cuestiones (caso Nisman y Memorándum de entendimiento con Irán).

Esta situación fue acompañada del sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de las escuchas telefónicas a fines de 2015, dictado por el juez Sebastián Casanello. El sobreseimiento fue ratificado posteriormente por los camaristas de la Sala Federal I, Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

La causa se había iniciado por una denuncia de Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado de la AMIA, debido a que tenía el teléfono intervenido. Su derrotero marcó uno de los procesamientos que tuvo que enfrentar Mauricio Macri, en este caso a cargo del juez Norberto Oyarbide en el año 2010. Quien sí ira a juicio oral por ello es el ex policía, Jorge “Fino” Palacios, acusado también por entorpecer la investigación del atentado a la AMIA.

Palacios, Nisman y Timerman

Uno de los impulsores de la denuncia contra Palacios fue el ex titular de la Unidad Fiscal de Investigación – AMIA, Natalio Alberto Nisman. La causa sobre la muerte del fiscal encontrado sin vida en su domicilio el 18 de enero de 2015, también acusó recibo del recambio gubernamental a partir de los intentos para que la misma pasara al fuero federal, en una ofensiva liderada por su madre, Sara Garfunkel y su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Finalmente esto dio como resultado que la jueza que llevaba la causa, Fabiana Palmaghini, se declarara incompetente. Sin embargo, esta estrategia terminó por no dar resultado ya que, en junio pasado, la Cámara de Casación Nacional aseguró que “de momento, no es posible aseverar, con fundamentación razonable, que la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman haya sido consecuencia de la conducta de un tercero”, fundamento central para que el hecho sea tratado en la justicia federal, por lo que la causa volvió a Palmaghini.

La muerte del fiscal de la causa AMIA se produjo días antes de su presentación ante el Congreso nacional, donde debía dar respuesta acerca de la denuncia que había realizado contra la ex presidenta, Cristina Fernández, el ex canciller, Héctor Timerman y algunos dirigentes políticos por ser parte de un supuesto plan para encubrir la responsabilidad de los iraníes en la causa AMIA, en el marco del memorándum que la Argentina y la República Islámica de Irán habían suscripto.

Tras la muerte del fiscal la denuncia fue desestimada en diferentes instancias hasta llegar a la Cámara Federal, que decidió no impulsar la investigación por inexistencia de delito. Sin embargo, en marzo de este año el juez federal, Claudio Bonadío, le solicitó a su par Daniel Rafecas que le enviara el expediente.

Bonadío está al frente de otra investigación que también lo tiene como eje central a Timerman y donde se investiga un presunto diálogo entre éste y el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger. En el marco de la discusión sobre el memorándum con Irán, Timerman le habría dicho a Borger: “Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar, qué vivo que sos. ¿Con quién querés que negocie entonces?”.

Sin memorándum

La firma del memorándum entre Argentina e Irán durante el año 2013 en Etiopía fue el quiebre definitivo de la relación entre el gobierno de la entonces presidenta, Cristina Fernández, y las organizaciones de la comunidad judía DAIA y AMIA.

El acuerdo, que proponía la conformación de una comisión de la verdad y el viaje del juez y el fiscal a la república islámica para tomarle declaración a los iraníes con alertas rojas de Interpol, contó con el rechazo de gran parte del arco opositor, así de como de las ya señaladas organizaciones de la comunidad. Tras un raid judicial fue declarado inconstitucional de manera definitiva por la Cámara Federal de Casación Penal el 21 de diciembre de 2015 y posteriormente derogado por el gobierno nacional.

El que sí continúa su curso es el juicio por encubrimiento del atentado, aunque ya sin el juez Ariel Lijo, quien fue apartado en mayo pasado por la Cámara Federal. Esta sostuvo que “se advierte que el juez evita efectuar una completa merituación de los hechos imputados y una racional comprobación de su existencia a través del análisis conjunto de la prueba aunada al expediente”.

Esta decisión afecta sin embargo a un solo tramo de la investigación, ya que Lijo había enviado la otra parte a juicio oral, quedando a cargo del Tribunal Oral Federal nro. 2. Entre quienes pasaron y deberán pasar por el banquillo de los acusados están: el ex presidente, Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el ex juez, Juan José Galeano, el reducidor de autos, Carlos Telleldín, los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el ex jefe de la Policía Metropolitana mencionado anteriormente, Jorge «Fino» Palacios.

El cambio de signo político tras el 10 de diciembre trajo una modificación en la relación entre el gobierno nacional y las autoridades de la AMIA y la DAIA, cuyos dirigentes fueron recibidos a fines de junio por Mauricio Macri y sus funcionarios.

El discurso oficial traza una continuidad entre el atentado a la mutual judía, el memorándum con Irán y la muerte de Nisman, pese a que hasta ahora las pruebas existentes nada digan de esto. A 22 años del atentando, la causa AMIA se sigue jugando en el tablero de la geopolítica global, enfrentando los avatares de estar construida casi exclusivamente por informes de inteligencia de la CIA y el Mossad de nulo valor judicial.