Explotación laboral: la otra cara del mercado hortícola

Los quinteros y pequeños productores de la localidad de Abasto, La Plata, realizan un trabajo invisibilizado por la sociedad y el Estado. Sus condiciones de vida son precarias y sufren a diario la explotación laboral, principalmente a raíz de la competitividad que existe en el cinturón hortícola más grande del país, en el que trabajan y conviven más de seis mil productores, en su mayoría de nacionalidad boliviana, según el último censo hortiflorícola de la provincia de Buenos Aires del año 2005.

El trabajo en el sector hortícola se caracteriza por su invisibilidad ante el Estado y la sociedad, lo que permite la explotación laboral. La demanda de trabajo en el sector es de un nivel alto, ya que es difícil conseguir trabajadores que acepten las condiciones de explotación en la actividad. Por eso, el trabajo es mayormente realizado por migrantes, ya que estos aceptan condiciones laborales rechazadas por el resto de la población por la necesidad imperiosa de trabajar.

“En el verano no hay límite, trabajamos entre quince y diecisiete horas. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana para aprovechar la frezca. A partir de las nueve de la mañana adentro de los invernaderos ya no se puede trabajar, seguir es arriesgar nuestra vida, uno se puede desmayar ahí adentro”, explicó Armín Eizaguirre, quintero de 27 años, oriundo de Tarija, Bolivia, que actualmente vive y trabaja en su quinta de Abasto. “Cuando no hay época de cosecha tenemos que sacar de donde no tenemos para pagar el alquiler, porque ganamos cada dos o tres meses, es decir, por cultivo. El recurso es el ahorro, ahorrar en el verano, cuando más vendemos, para pagar en invierno. El quintero tiene que tener ahorros, si no tenés el Estado no te va a dar”, agregó.

La mano de obra predominante en la horticultura platense es el trabajo familiar, realizado principalmente por migrantes de origen boliviano, que padecen un estado de autoexplotación, es decir, se utiliza la fuerza de trabajo familiar sin ser remunerada como debería, ni tampoco provista de algún tipo de ley o reglamentación fija para los trabajadores. “Se da en muchas quintas que están a manos de bolivianos que traen hermanos bolivianos, familiares y paisanos, y están en condiciones de explotación. No pueden salir, no tienen documentos y no reciben un salario justo por su trabajo”, explicó el vicecónsul de Bolivia Ramiro Leonel Argandoña.

Los trabajadores no están inscriptos ni siquiera como productores. Carecen también de los beneficios de obra social, y no hacen aportes jubilatorios. “En La Plata casi el 80% de la actividad está a cargo de bolivianos, y hay muchos problemas que resolver todavía como el trabajo en negro”, detalló Argandoña.

Competitividad y explotación

El cinturón hortícola de la ciudad de La Plata es el más grande, exitoso y competitivo de todo el país, producto del bajo precio de las hortalizas. Este bajo precio se logra principalmente a través de la explotación laboral de las familias quinteras, como así también por el incremento de nuevas tecnologías -invernaderos- que cubren aproximadamente 2500 hectáreas en la capital bonaerense, lo que representa un 50% de los invernaderos de todo el país. Este sistema de producción genera que se puedan producir frutas y verduras en cualquier época del año, a partir de una fuerte dependencia de agroquímicos.

Para entender la complejidad del sistema de producción de hortalizas y la explotación laboral a la que son sometidos los trabajadores rurales, es necesario saber que la gran mayoría de los productores de la zona no tienen patrón, sino que son explotados por la misma cadena comercial. “Hay mucha competencia entre las mismas quintas, y como todos sembramos y cosechamos lo mismo, no podemos vender la verdura al precio que queramos”, explicó Daniel Sánchez, quintero de Abasto. “Nos va bien un año y tratamos de alquilar más hectáreas, y así aumentamos la competencia”, agregó.

El sistema de comercialización de frutas y verduras es la “culata de camión”, que -al no tener ningún tipo de control por parte del Estado- permite que la compra y venta del producto se realice en negro. Los intermediarios -transportistas particulares-, son los primeros compradores de las frutas y verduras y en el trayecto hasta los puntos de venta generan un aumento de precios que supera el 500%.

“El tomate te lo quieren comprar a 20 o 30 pesos el cajón de 20 kilos, dependiendo la oferta y la demanda. Para que nosotros cobremos bien y podamos cubrir todos los gastos eso tiene que valer mínimo 100 pesos, pero lo tenemos que vender a 20 o 30 pesos por la competencia, porque si no nadie te lo compra y perdemos más aún”, cuestionó Sánchez. Entre noviembre y abril, temporada de cosecha generalizada de tomate, el precio por kilo en las verdulerías de La Plata no baja los 15 pesos, poco menos de lo que se le paga por 20 kilos a un productor de la zona.

No hay políticas públicas para regular el trabajo de los productores, ni la actividad intermediaria, ni los excesivos precios de alquileres de tierra, tema que trataremos en la próxima entrega. La actividad sindical de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) brilla por su ausencia, sólo existe un incipiente trabajo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El propio Sánchez dijo que su actividad es similar a la del peón del yerbal, o el trabajador del tambo: aún se mantienen las categorías de jornaleros, el trabajo en negro, los bajos precios, y el trabajo infantil en la actividad.

En este mercado no hay buenos ni malos, sino que la falla está en el sistema de producción y posterior comercialización, que hace que el trabajador de la tierra sea explotado y obligado a aceptar precios de compra insignificantes que el intermediario ofrece, y que finalmente las personas vayan a una verdulería y se sorprendan por el alto precio de las verduras de consumo habitual. La realidad golpea la puerta: a mayor pobreza, mayor explotación.

Marcos Lede Mendoza – @pichulede1 y Juan Manuel García Vieira – @juanmagarciavie