Renunció el comité asesor del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos

Hace unos pocos días presentaron su renuncia la totalidad de los asesores y asesoras del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos (CNB), creado en 2011 por el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Plantearon que su rol de asesoría resulta incompatible con el modelo de país que propone el gobierno de Cambiemos y que resulta “imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos”.

En la reciente carta abierta, firmada por Claudio Capuano, Juan Carlos Celhay, Ignacio Maglio, Ricardo Martínez, Víctor Penchaszadeh y María Luisa Pfeiffer, todos científicos reconocidos, se explica que en el contexto del nuevo gobierno “será imposible cumplir con la misión del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos de resguardar, promover y garantizar el derecho a una vida sana de los argentinos y que permanecer en su Comité Asesor contribuiría a convalidar las políticas contrarias al bienestar de los argentinos que promueve el Ejecutivo”.

Las primeras legislaciones nacionales sobre bioética aparecieron a fines de los años 70 y en principio se encontraban vinculadas a la regulación de prácticas médicas como transplantes o la procreación asistida. Con el correr del tiempo el campo se fueron ampliando a una variedad de temas vinculados con la integridad física y psíquica de los pacientes y, más en general, con salvaguardar los valores de la dignidad humana como principio fundamental de la bioética.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO en 2005 (nuestro país aportó en el proceso de discusión y elaboración del documento), establece que la bioética “trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales”.

El CNB encuentra sus antecedentes en la decisión de Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina que a partir de 2003 decidió “tomar a la Bioética como una prioridad de sus líneas de trabajo por su indisoluble relación con la garantía de los derechos humanos de las personas”, según se plantea en la web de la Red de América Latina y el Caribe de Comités Nacionales de Bioética. Luego, en 2004, se creó el Consejo de Ética y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas, siempre en el ámbito de la misma Secretaría.

Algunas de las actividades del CNB han sido la elaboración de un informe relativo al Plan integral para tratar a violadores reincidentes que la Provincia de Mendoza, la presentación de un Amicus Curiae sobre un caso de aborto terapéutico a una niña de 15 años que había sido violada. También elaborar un dictamen sobre casos de derecho a una muerte digna, realizar un análisis de problemáticas vinculadas con el Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, entre otras.

En la carta pública de renuncia, el consejo asesor explica: “La función de un Consejo Nacional de Bioética es fundamentalmente velar por la defensa del derecho humano a una vida sana. Este derecho supone básicamente el reconocimiento de la dignidad humana como derecho fundamental». «Esto implica mucho más que la atención a la enfermedad, tiene que ver con el control ético de las investigaciones biomédicas que se lleven a cabo a nivel nacional y provincial, con la promoción de la salud custodiando el derecho a una alimentación sana y a agua potable, con la vigilancia respecto de la igualdad del derecho a los medicamentos, a un ambiente sano, a condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de niños, adultos y ancianos, con la promoción del reconocimiento de la diferencia en la igualdad de derechos”, desarrolla.

Luego, aclara que el gobierno actual, al que deberían asesorar en cuestiones de salud y bienestar, es el mismo que «pone en riesgo el futuro de los habitantes» al volver a endeudarse, que «ha generado desigualdades evidentes al transferir riqueza de sectores pobres y medios a los más adinerados», y que «avala con su política económica el desempleo y la disminución de la producción industrial”.

Además, la carta sostiene que el gobierno de Macri también “desconcierta con marchas y contramarchas respecto de cuestiones tan importantes como pretender nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, que gobierna mediante decretos, que le quita a la sociedad el poder sobre las fuerzas armadas, que aumenta las tarifas de servicios públicos indispensables para la vida, en proporciones insostenibles para los hogares, que desconoce la necesidad de mantener activas fuentes de trabajo de producción nacional como base de una economía sustentable y al mismo tiempo criminaliza la protesta social”.

Por todo ello, los firmantes consideran que es “imposible” cumplir con la misión del CNB de “resguardar, promover y garantizar el derecho a una vida sana de los argentinos” y que “permanecer en su Comité Asesor contribuiría a convalidar las políticas contrarias al bienestar de los argentinos que promueve el Ejecutivo”.

Concluyen el documento afirmando: “Consideramos que en el ambiente de corrupción institucional que evidencian las medidas implementadas por el ejecutivo, es imposible desarrollar ninguna tarea de defensa de los derechos humanos sin que de algún modo sea desvirtuada por el contexto». «Ninguna buena voluntad individual, pretendiendo dar cabida a derechos humanos, puede imponerse a un sistema que de por sí los ignora. Sería una ingenuidad pensar que desde el Consejo podría revertirse cualquiera de las medidas mencionadas, y también creer que la política futura de este gobierno tendrá otro signo”, argumentan.

Quiénes firman la carta

Claudio Capuano es médico, docente de Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina y Director del Centro de Documentacion Pedro de Sarasqueta (UBA).

Juan Carlos Celhay fue miembro titular del Comité Central de Ética de la Investigación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y hace más de una década coordina las misiones médicas de asistencia a la comunidad toba del Chaco del hospital Narciso López.

Ignacio Maglio es abogado, investigador especializado en derecho médico y coordinador del Servicio Jurídico de la Fundación Huésped. Ricardo Martínez es médico y ex interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología.

Víctor Penchaszadeh es médico especializado en pediatría, genética médica, salud pública y bioética, además de asesor de Abuelas de Plaza de Mayo en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

María Luisa Pfeiffer es doctora en Filosofía, investigadora CONICET y miembro del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la UBA.