Nacionales

7 julio, 2016

La Justicia frenó el aumento de gas en todo el país

La sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso este jueves por la tarde que el aumento en las tarifas de gas aplicado por el ministro Juan José Aranguren quedará sin efecto.

La sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso este jueves por la tarde que el aumento en las tarifas de gas aplicado por el ministro Juan José Aranguren quedará sin efecto. La decisión judicial responde a un recurso presentado por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones ministeriales 28 y 31.

Así, deberá retrotraerse «la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas». En el fallo, los magistrados declararon nulas las resoluciones «por no haber sido precedidas de audiencias públicas».

Varias decisiones judiciales en los últimos dos meses ya habían suspendido los aumentos de gas en Jujuy, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Salta, San Luis y el norte de Mendoza. También en Chubut un tribunal de Rawson declaró en mayo inconstitucional el aumento del gas. Pero es la primera vez que la decisión es de alcance nacional.

Las empresas deberían de esta forma acreditar los montos de aumentos ya cobrados como pago a cuenta en próximas facturas. Aranguren declaró en conferencia de prensa que están analizando los alcances del fallo y que darán «todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados».

El gobierno presentó dos recursos ante la Corte Suprema en las últimas semanas, para que se pronuncie per saltum (es decir salteando las demás instancias judiciales previas) sobre la constitucionalidad o no del aumento de tarifas. Uno de ellos fue presentado por el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, ante un amparo resuelto por la Justicia federal de Rawson; el segundo, por el ministerio a cargo de Juan José Aranguren, cerebro del “sinceramiento” de las tarifas de los servicios públicos.

De esa forma el gobierno intenta frenar la catarata de amparos que se está dando en distintos puntos del país contra el «tarifazo». Si la Corte resuelve de manera contraria a los intereses del Ejecutivo, será un duro golpe para una de las principales medidas económicas de la gestión.

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