Primer semestre de despidos, represión y ajuste

El Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma publicó un informe en el que analiza las numerosas prácticas antisindicales llevadas adelante por el sector privado y el Estado durante el primer semestre de 2016. La represión y el encarcelamiento de los dirigentes sindicales, principales acciones del Estado para llevar adelante los despidos masivos.

El informe sintetiza sesenta hechos ocurridos entre enero y junio de 2016 en los que se llevaron adelante prácticas antisindicales. Entre estas acciones, predomina la represión del Estado contra manifestaciones de trabajadores, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la restricción de la huelga por parte de la Justicia y los despidos y sanciones contra trabajadores por motivos sindicales.

Comprendidos como «la continuidad del ajuste por otros medios», estos hechos se analizan en el marco de un contexto laboral en el que predominaron los despidos masivos y la caída del salario real. El paro se constituyó en la principal herramienta de protesta contra los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado.

Sin embargo, los más afectados fueron los trabajadores del sector público, cuya caída del salario real desde mayo de 2015 fue de 11,72%. Este sector, además, fue quien sufrió la mayor cantidad de prácticas antisindicales, principalmente represiones a las manifestaciones públicas y cortes de calle.

Criminalización de la protesta y judicialización de trabajadores

Durante el primer semestre de 2016 fueron detenidos 35 trabajadores. De acuerdo al informe, “todas estas detenciones se realizaron en el marco de acciones gremiales y tuvieron como objetivo desarticular dichas protestas”. Las causas penales y sumarios administrativos se han incrementado aún más, incluyendo autoridades gremiales.

El documento destaca el caso de Tierra del Fuego, donde el uso de la violencia por parte de las fuerzas institucionales fue aplicada en reiteradas ocasiones. Además, se produjeron varias detenciones de trabajadores mediante procedimientos ilegales en sus propios domicilios, en operativos nocturnos y sin orden de allanamiento.

Represión de la protesta sindical

En cuanto a la represión de las manifestaciones, el informe presenta 12 casos, aunque no agotan los registrados. De estos casos, la mayoría se han efectuado en el mes de mayo y se concentraron mayormente en el AMBA, la Patagonia (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y Santiago del Estero. Las denuncias por abuso en el uso de la fuerza se extiende a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta.

Incremento de la restricción del derecho a huelga

En cuanto al derecho al huelga, destaca que este constituye uno de los principales reclamos y señalamientos en términos de su restricción, tanto dentro como fuera del país. El informe se centra en el reciente fallo “Orellano c. Correo Oficial” de la Corte Suprema de Justicia en el que limitó el derecho a huelga, estableciendo que “esta medida sólo puede ser convocada por una organización sindical que cuente con reconocimiento por parte del Estado”.

Esta medida excluye a los trabajadores que no están agremiados o que se encuentran en vías de hacerlo, a los trabajadores precarizados y a quienes formen parte de las oposiciones internas. El informe concluye en este punto: “Negarles a estos colectivos la posibilidad de recurrir a la huelga como un mecanismo de reclamo y de autotutela constituye un fuerte retroceso en materia del desarrollo de los derechos laborales. La Corte ha dado así un paso atrás muy significativo, que apunta a debilitar la capacidad de acción colectiva de aquellos trabajadores que más necesitan de la protección normativa”.

En esta misma línea se destacan las normas que habilitan a contratar personal para sustituir a los trabajadores en huelga, de manera transitoria. Estos casos se plantearon en la provincia de Buenos Aires y de Tierra del Fuego, en ambas situaciones para reemplazar trabajadores de la educación, tanto docentes como no docentes.

Persecución sindical, despidos y sanciones

El último punto que analiza el documento del Observatorio de Derecho Social de la CTA-A se vincula a la persecución sindical y los despidos a referentes gremiales. Tomando 15 casos como ejemplo, esta práctica se ha extendido dentro del sector privado para desarticular procesos organizativos, incluyendo incluso a delegados sindicales. De la misma manera, se ha registrado la aplicación de sanciones contra trabajadores que participan de acciones colectivas y la intervención judicial a sindicatos, como el caso de SITECH Federación, principal sindicato de trabajadores de la educación en la provincia del Chaco.

El informe concluye: “Las características del ajuste que vivimos actualmente y la necesidad por parte del poder económico y político de cargar los costos de la crisis sobre los trabajadores, nos hace suponer que estas prácticas estarían profundizándose en la etapa actual”.

De la misma manera, aclara que los casos relevados no son exhaustivos y que las categorías relevadas no agotan la totalidad de las prácticas antisindicales. Sin embargo, los casos seleccionados se caracterizan por su repetición, su intensidad o su relevancia.

Agregan que, por tratarse de un informe de prácticas antisindicales, no han considerado la represión de la protesta, la criminalización y el encarcelamiento de dirigentes sociales, como el caso de Miagro Sala en Jujuy y Nelson Salazar en Salta.

Este es el primer informe de coyuntura sobre el accionar estatal y empresarial contra la organización de los trabajadores elaborado por la CTA-A durante el 2016, y apunta a brindar algunos elementos que ejemplifican la situación de ajuste económico por la cual atraviesan los trabajadores. No obstante, las denuncias e información sistematizada excede ampliamente lo publicado.