Colombia: sembrar la tierra para cosechar un futuro mejor

Por Daniel Pérez Quintana*. El pasado 30 de mayo más de cien mil personas salieron de sus tierras rumbo a las principales arterias de comunicación vial del país con el objetivo de hacerse visibles ante el Estado, el gobierno y la sociedad civil (urbana) que insisten en negarles el derecho de llevar una vida digna de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, cosmovisiones y relación con el territorio.

Todos ellos y ellas, campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes convocados bajo las banderas de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular iniciaron un paro agrario para exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento de los acuerdos que desde el 2013 estaban pendientes en materia de tierras, recursos económicos y técnicos, seguridad, Derechos Humanos, entre otros.

Quince días de protestas, bloqueos, desabastecimientos y de una parálisis de la economía de proporciones importantes le permitieron al movimiento agrario y popular sentar nuevamente al gobierno para exigirle solución a las problemáticas del campo, demostrando que la participación política, en estas democracias, se efectiviza en las calles y no en las urnas

Y sin embargo, el tratamiento militarista a la protesta social dejó tres muertos, 181 heridos, detenciones ilegales, hostigamientos a la población civil y la certeza de que el movimiento social sigue siendo el enemigo interno, para el imaginario de las élites colombianas y para el establecimiento que no cesa en sus objetivos de entregar los recursos estratégicos del país a los intereses extranjeros.

No obstante el pueblo entiende que es protagonista histórico de esta etapa de transformaciones tácticas de la lucha por el poder, y en ese sentido ha estado y estará dispuesto a acompañar el fin del conflicto armado, no desde la posición de espectador pasivo, sino como actor de primera línea: incisivo, propositivo y transformativo de las estructuras arcaicas y anquilosadas de la desigualdad, el despojo, la concentración y la inequidad social y económica

La paz no se hace solo con las insurgencias

Evidentemente el conflicto en Colombia no solo es armado, por el cual se establecieron dos mesas de conversación con la insurgencia de las FARC-EP, desde el 2012, y con el ELN, desde abril de 2016; También es un conflicto social y político que llevó a los trabajadores rurales a protestar y al establecimiento de una tercera mesa de conversaciones entre las 13 organizaciones que conforman la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, y el gobierno de Santos. Esta última tiene como hoja de ruta temas tan trascendentales como garantías para la protesta social, justicia, protección individual, paz, participación política, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes, medio ambiente, relación campo ciudad, entre otros.

La estrategia del gobierno de llevar las conversaciones fuera del territorio nacional con el fin de evitar la interferencia de terceros actores en los diálogos, se vio con el tiempo debilitada, toda vez que es imposible desligar la historia de las insurgencias con la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injustica social, que fue el detonante de ellas, y que son las condiciones que aún hoy persisten y por las cuales los movimientos y las organizaciones sociales y populares han insistido en hacerse partícipes de los debates, pero trascendiendo la forma y los límites (inamovibles) impuestos en la Habana por el gobierno, proponiendo verdaderos cambios estructurales que cierren la puerta a las causas que generaron la violencia hace más de 70 años.

Sin embargo no hay que subestimar el Acuerdo Para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, así como la dejación de armas y las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones paramilitares y criminales responsables de homicidios y masacres, firmado el pasado 23 de junio entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, ya que representa, no solo un hecho histórico, sino la posibilidad real, concertada y verificada de darle trámite al silencio de los fusiles y la apertura de las garantías para el ejercicio político de la oposición.

A pesar de esto nos encontramos con las contradicciones entre los acuerdos y la realidad social y política del país, pues la cercana entrega de armas de la insurgencia y su posterior nacimiento como partido político legal, aún no suponen el desmonte del aparato represivo del Estado ni en lo militar ni en lo policial.

Frente al primero el gobierno quiere aumentar de 12 a 18 meses el servicio militar obligatorio lo que supone más fuerza armada y con mayor permanencia en filas; frente al segundo, el mismo Santos planteó la necesidad de fortalecer al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) para contener el aumento de la protesta social, por un lado, y la aprobación del nuevo Código de Policía que es totalmente regresivo y violatorio de derechos básicos de la población pues le da mayores potestades a éste organismo y elimina la mediación de la orden judicial para procedimientos que interfieren con el derecho a la privacidad.

Todo lo anterior nos muestra que la Paz a secas no sirve como camino para un mejor vivir de la sociedad colombiana. Esa paz de Santos en la que se silencian los fusiles mientras los privilegios siguen estando en las manos de unos pocos quedará solamente en los recuerdos de las élites. Pues los históricamente excluidos, los pobres, campesinos, indígenas, negros, los de pensamiento crítico, las organizaciones y movimientos políticos y sociales estamos en marcha de construir una Paz con Justicia Social a la altura de nuestros sueños, y estamos decididos a seguir transformando y creando esa nueva Colombia que sirva y potencie las construcción de la Patria Grande nuestramericana.

*Marcha Patriótica – Capítulo Argentina