Colombia: entre la paz y la continuidad de la guerra (1)

Por Daniel Pérez Quintana*. En primer lugar, el análisis del avance del paramilitarismo y las acciones de violencia que se han orquestado contra el movimiento social particularmente desde el mes de marzo no puede darse por fuera del contexto político que envuelve a las instituciones del Estado. Tras la captura de Santiago Uribe Vélez (hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez) sucedida el 29 de febrero de 2016, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declaró en una de sus intervenciones el 1 de marzo que «por menos de eso había comenzado la violencia política».

La relación de estas declaraciones violentas con lo que empezaba a suceder en el mes de marzo en las periferias campesinas a lo largo y ancho del país no son especulativas sino que están alarmantemente vinculadas con la oleada de asesinatos recientes. Tan solo de Marcha Patriótica fueron asesinados 16 de sus integrantes en diferentes zonas del país, así como miembros del Congreso de los Pueblos, de la Unión Patriótica, de la ONIC, entre otros, con lo cual se llegó a la cifra de 28 líderes y lideresas que cayeron por la acción criminal de estos grupos paramilitares.

El mes de marzo termina con el inicio de un paro armado decretado por las «Autodefensas Gaitanistas de Colombia» quienes amenazaron a las poblaciones de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre para que no se realizara ningún tipo de actividad comercial, educativa, de transporte so pena de atentar contra la vida y los bienes de quienes incumplieran la orden. En este mismo contexto el grupo paramilitar «Las Águilas Negras» invitaba a los colombianos a marchar el 2 de abril en contra de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana (Cuba), marcha convocada por Álvaro Uribe.

Este mismo grupo envía panfletos amenazantes a organizaciones del Cauca, entre las que se encuentran Marcha Patriótica, Ruta Pacífica de las Mujeres, ACIN, COCOCAUCA, periodistas y docentes de la Universidad del Cauca, a los cuales se les cataloga como “guerrilleros camuflados” y “candidatos del narcoterrorismo”, calificativos típicamente usados por senadores y representantes del partido Centro Democrático y por el uribismo en general contra todos aquellos que trabajan por la Paz con Justicia Social. Inclusive, el viernes 1 de abril paramilitares intentaron atentar contra la vida de la ex senadora Piedad Córdoba en Quibdó (Chocó), y el 6 de mayo contra Imelda Daza, de la Unión Patriótica, en Cartagena, hechos que demuestran la intolerancia de los sectores guerreristas en contra de quienes trabajan por un país mejor.

Un segundo escenario  a tener en cuenta es el Proceso de Paz, donde no fue posible firmar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto en la Mesa de Diálogos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, anunciada para el 23 de marzo, dadas diferencias sobre temas cardinales para la dejación de armas e implementación de los acuerdos.

Sin embargo pudimos presenciar quizás uno de los acontecimientos más destacados desde el punto de vista político en la actual coyuntura: la reunión entre el secretario de Estado de los Estados Unidos y las Delegaciones de Paz tanto del Gobierno como de la insurgencia, en la que la potencia del norte expresó su apoyo a la Mesa de Diálogos. Este hecho, que no se superpone a las desconfianzas históricas, es un logro de la insurgencia por haber sido invitada a dialogar con un alto funcionario, pues se reafirma su centralidad como actor político en el plano nacional e internacional en el devenir del presente y el futuro de Colombia.

Marzo también se convirtió en un escenario de movilización donde las organizaciones sociales, populares y rurales le demostraron al gobierno y a las fuerzas de derecha opositoras a la paz, que están presentes para defender un modelo de país distinto al que nos han impuesto. Sectores sociales altamente politizados salieron a las calles el 17 de marzo para protestar contra el modelo económico, pero también para defender el Proceso de Paz y para exigirle al gobierno el desmonte del paramilitarismo. Este ha sido parte de la combinación de todas las formas de represión del Estado colombiano contra la oposición política, el pensamiento crítico, las y los defensores de la tierra y el territorio, la juventud inconforme, los pueblos originarios y en general contra quienes no encajan en la cerrada estructura político económica e ideológica de su régimen de dominación de clase.

El 18 de marzo, las mujeres patriotas se tomaron la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá para iniciar una vigilia permanente en la cual denunciaron los 118 asesinatos de integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en cuatro años, visibilizando estos crímenes aún en la impunidad y logrando el pronunciamiento del Ministerio del Interior para la constitución de una comisión que estudie los casos  que no son portada de los medios de comunicación hegemónicos. Ello demuestra una vez más que es necesaria la presión a las instituciones estatales y gubernamentales responsables de la protección, prevención e investigación de hechos ocurridos contra el movimiento social y popular y reafirmar que la organización y la acción son la fortaleza de las bases sociales en nuestro país y en el continente.

Bajo este contexto vemos la alineación cada vez más clara de sectores políticos de la derecha colombiana con las organizaciones paramilitares que con la estrategia de «a sangre y fuego» buscan recuperar un poder político, territorial e ideológico que se ha ido diezmando de manera progresiva a medida que aumenta la legitimidad del Proceso de Paz.

Un Estado cuyas instituciones están ampliamente deslegitimadas por decisiones que van en contravía de las mayorías del pueblo colombiano, por la corrupción de funcionarios vinculados al paramilitarismo y por las omisiones frente al tratamiento igualitario en relación al plano económico y jurídico de los sectores sociales, lo cual ha profundizado las contradicciones de clase y visibilizado la función del actual régimen político en favor de las élites nacionales.

Un gobierno que cada vez está más contra las cuerdas, pues la decisión de las insurgencias de cerrar el conflicto armado por la vía política ha cercenado el argumento militarista del gobierno y de congresistas de la derecha, quienes veían en esa lógica la posibilidad de perpetuar el estado de alteración del orden público y de mantener la guerra.

Unas insurgencias que en el nivel internacional han venido ganando mayor legitimidad ante los Estados Latinoamericanos y Caribeños, Europeos e incluso norteamericanos que cada vez menos tienen argumentos para darles el calificativo de organizaciones terroristas y que muchos reconocen como organizaciones políticas alzadas en armas.

Un movimiento social y popular que viene avanzando tanto cuantitativa como cualitativamente y que le apuesta a la unidad de acción como potenciadora de la estrategia política ante el escenario nacional e internacional.

*Marcha Patriótica – Capítulo Argentina