Economía

13 junio, 2016

«El usuario tiene que romper la factura de luz con aumento porque no tiene validez»

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, falló a favor de la presentación realizada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) para frenar los aumentos de tarifa de luz en la Provincia de Buenos Aires.

El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, falló a favor de la presentación realizada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) para frenar los aumentos de tarifa de luz en la Provincia de Buenos Aires.

En consonancia con otras sentencias del resto del país, el magistrado ordenó dar marcha atrás con los aumentos del servicio obligando a las empresas prestadoras a emitir nuevas facturas con los montos previos al incremento aprobado por el gobierno.

Caídos del catre, programa de Radio Estación Sur, dialogó con Arias para comprender los motivos de su decisión.

– ¿Por qué la Justicia tuvo que intervenir contra el aumento de tarifas?

– Fundamentalmente porque, en el supuesto mío y de la mayoría de los jueces que han fallado en el interior del país, hubo una falta de audiencia pública. Es a partir de allí donde el usuario obtiene la información de por qué se aumenta.

Aquí se habla de sinceramiento pero ¿qué significa eso? Parece una palabra mágica que viene a ordenar las cosas pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué estamos pagando con este aumento? ¿Estamos pagando la quita de subsidios? ¿Un ajuste por inflación? ¿Futuras inversiones? Nadie lo sabe explicar y esto pasa porque no hubo audiencia pública.

Las tarifas, uno de los requisitos que tienen que cumplir es la razonabilidad. Pero no se puede saber si es razonable o no si no se conoce por qué. Entonces la Audiencia Pública no es una mera formalidad.

Esa es la cuestión que yo creo tiene que ver con la democratización de los servicios públicos, lo que se debiera debatir en este tiempo. El sistema tiene tres actores fundamentales: la empresa que presta el servicio, el Estado que regula y los usuarios que pagan. Pero se reúnen siempre la empresa con el Estado para resolver a espaldas del usuario. Al usuario le llega el hecho consumado sin saber por qué o cuestionarlo. Y encima tiene que ir rápido a pagarlo porque si no le cortan el servicio.

Por eso la Constitución establece el derecho a que el usuario tenga la información. La mayoría de los fallos que se han dictado tienen que ver con eso. Mi fallo alcanza toda la Provincia de Buenos Aires a excepción de las concesiones de Edesur y Edenor que son otorgadas por el gobierno Nacional. Todas las demás empresas y cooperativas tienen la obligación de adaptarse al cuadro tarifario anterior.

Tienen que emitir nuevas facturas que deberían aparecer esta semana. Las facturas emitidas con aumento quedaron sin efecto. El usuario tiene que tirarla al tacho de la basura porque ya no tienen validez. Hay que esperar la nueva factura para pagar sin los aumentos.

– ¿Qué pasa en los casos en que un usuario no es el titular del lugar donde habita? ¿Por ejemplo si alguien alquila?

– La cuestión no cambia. Hay que romper la factura y esperar la próxima.

– ¿Cómo tomaste las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, llamando a pagar la factura y en todo caso después esperar notas de crédito?

– No es una recomendación u opinión. Este es el gran juego de la prensa. No importa si la gobernadora Vidal dice que hay que pagar. No hay una opinión contra otra, acá hay una sentencia. Si no se cumple hay un delito.

El ministro y la gobernadora saben que, lo que deben hacer si son portadores de un republicanismo auténtico, es acatar las decisiones judiciales. Decirle a la gente que pague es ir contra la Justicia. Pero creo que es parte de este estado de confusión que se quiso crear por parte de los medios dominantes que no analizaron lo más mínimo. Y me ponen a mí en un lugar como si estuviera llamando a una rebelión, diciéndole a la gente que no pague. Como un irresponsable. Es el viejo truco de usar el miedo para obligar a alguien a hacer algo que no tiene que hacer.

– Considerando este intento de confundir y el antecedente del gobierno de haber ignorado otros fallos judiciales donde luego no pasó nada ¿cómo ves esta situación institucional?

– Es cierto que hay cosas que no han respetado. Pero una cuestión es lo que pasó con el AFSCA que a la gente le afecta de un modo indirecto y otra las tarifas. Creo que la fuerza de la realidad también determina que la medida judicial, más allá de que no quieran cumplirla, lo tengan que hacer.

Acá hay que tener presente que el servicio de energía eléctrica es toda una cadena desde el generador, pasando por el distribuidor mayorista, el minorista y los usuarios. Cada eslabón son distintas empresas que van queriendo sumar ganancias. Algunas son multinacionales que quieren poner las facturas al precio internacional y todo lo termina pagando el usuario.

Tengamos en cuenta que la energía eléctrica de la provincia y el país dependen además del gas y el fuel oil por lo que hay que sumarle todo lo que viene detrás de eso. Entonces el Estado se tiene que poner en una situación de árbitro tratando de proteger a los ciudadanos que los eligieron, no a las empresas.

Escucho los distintos discursos que se dan del oficialismo y me da la sensación que no cumplen ese rol de protección de los usuarios. Pero el usuario tiene una capacidad de pago y esto es un principio jurídico. Muchos no van a poder pagar aunque quieran incumplir la orden judicial.

 

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