Un informe del gobierno contra la huelga y con sesgo empresarial

Por Federico Dalponte. En su documento “El estado del Estado”, el Ejecutivo realizó una crítica sobre la situación laboral heredada que no se condice con la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Además, falseó datos, obvió leyes y hasta cuestionó el ejercicio del derecho a huelga.

“En diciembre de 2015, el mercado formal de trabajo arrastraba cuatro años de estancamiento”. Así empieza el informe del gobierno, simulando cierta amnesia, alejándose de lo que en realidad hizo el mismísimo PRO en la ciudad de Buenos Aires (CABA).

Allí, al igual que en los índices nacionales, el empleo formal se mantuvo estable durante los últimos años. Entre 2012 y 2014 (último dato disponible), el crecimiento fue de apenas el 0,2%, mientras que a nivel nacional la reducción rondó el 0,3%. Nada tan distinto.

Respecto al índice de informalidad, la hipocresía es bastante más burda. Según la administración macrista, el número “permaneció prácticamente inmóvil” durante la década pasada. Mentira. Aciertan quienes señalan que la estrategia de Néstor y Cristina Kirchner fue insuficiente, pero hasta la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que el índice disminuyó más de 15 puntos desde 2003 a la fecha.

Pero además, conforme a la Ley 25.212, los gobiernos locales tienen facultades de inspección, por lo que en CABA las explicaciones las debería dar también Mauricio Macri: siempre según datos oficiales, desde que asumió como jefe de gobierno porteño, el trabajo no registrado pasó del 25% (2007) al 27% (2014).

Aun así, no tan autocrítico, el informe denuncia que las empresas se niegan a registrar a sus trabajadores debido a los “pobres incentivos que ofrece el sistema a la formalización de los contratos”. Ello, por supuesto, porque no recuerda que las leyes 26.476 (2008) y 26.940 (2014) crearon facilidades para la registración laboral, disminuyendo incluso las contribuciones patronales. Para el actual gobierno, sin embargo, “los costos laborales argentinos son más altos” que en otros países de la región y ello supuestamente justificaría la evasión patronal. Como si la seguridad social, dicho sea de paso, fuese un «costo laboral» y no un derecho.

Ingresos

“Los ingresos laborales medidos en términos reales tampoco crecieron desde 2011 hasta 2015”, dice el informe y es verdad. Durante buena parte de los últimos años, la recomposición salarial sólo servía para recuperar lo perdido por la inflación. Pero esta vez ha sido peor. Con tarifazo y devaluación mediante, prácticamente ningún gremio logró recuperar el poder adquisitivo perdido.

En abril pasado, mes en el que el gremio bancario, tal vez hoy uno de los más fuertes del país, acordó un aumento del 33%, la inflación interanual alcanzaba el 40%. A diferencia de los últimos tiempos, y pese al aumento salarial, los trabajadores terminarán el primer año de gestión macrista siendo más pobres que el anterior.

La litigiosidad

Naturalmente, el gobierno de los empresarios se queja en su informe de que en el último lustro “crecieron la conflictividad laboral y la litigiosidad”. Dicen, además, que “aumentó un 64% la cantidad de huelguistas” y cuentan las “millones” de jornadas perdidas como consecuencia de las protestas.

Y aunque pasional y fanática, la crítica no parece estar dirigida sin embargo al gobierno de Cristina Fernández. La administración actual, que deberá mediar en los conflictos futuros, avisa en cambio a los trabajadores, sin pudor ni disimulo, que la represión de la huelga forma parte de su declaración de principios.

En Argentina, señala el documento, “las relaciones laborales son más una relación de conflicto que una de cooperación”. A lo cual debe responderse que sí, que obviamente sí. En Argentina y en cualquier lugar del mundo son una relación de conflicto porque es conflictiva la naturaleza misma del vínculo. Por eso se crearon las leyes laborales, para frenar la violencia empresarial, sino seguiríamos todos siendo esclavos.

“Existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales”, dice con absoluta vigencia el preámbulo de la Constitución de la OIT.

Negociaciones

Al abordar el apartado sobre negociación colectiva, de nuevo la misma lógica. La queja es que durante los años anteriores “no se consideraba la conflictividad laboral como algo negativo”. Aun así, cuestiona el informe la intervención del Estado en las paritarias porque entiende –con razón– que el rol del gobierno impide que sean verdaderamente “libres”. Sin embargo, soslaya que ése es un problema sistémico: la ley que ordena al Ministerio de Trabajo controlar el contenido de las negociaciones no es nueva, sino de 1953.

Por lo demás, los techos salariales con los que presionaba el kirchnerismo no parecen diferenciarse mucho de la máxima macrista: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”.

Y como anuncio para el futuro, algo más que preocupante: según el informe, la negociación paritaria centralizada en los sindicatos nacionales resulta “coercitiva” para los empresarios. La contracara, por supuesto, es la propuesta clásica de la derecha argentina: la descentralización de las negociaciones, tal como decretara Carlos Menem en diciembre de 1996.

Estadísticas

Dice el gobierno que las estadísticas laborales no son confiables y apela a ello como un modo un tanto absurdo de justificar la discontinuación del índice de desempleo que se publicaba hasta diciembre pasado.

Arguye así que la estadística “fue desvirtuada desde la intervención del INDEC en 2007 y sus resultados empezaron a estar fuertemente cuestionados”. Otra vez una mentira. El problema del índice de desempleo es la fijación del umbral de horas semanales trabajadas necesarias para que alguien sea considerado ocupado. Y en Argentina, naturalmente, ese umbral data de bastante antes que apareciera el kirchnerismo.

Pero además, como si fuera poco, en mayo de este año el ministro Alfonso Prat-Gay sí pudo difundir estadísticas laborales. Aseguró, sin inmutarse, que había aumentado el empleo, basándose para ello en un informe de la AFIP. Sin embargo, ahora el documento del gobierno admite que el dato de la agencia de recaudación “sólo captura la situación del empleo formal”.

Trabajo infantil

Con ceño fruncido y cara de preocupación, el informe denuncia también que el gobierno anterior “estuvo lejos” de erradicar el trabajo infantil. Y ello es cierto. Lo llamativo, sin embargo, es que no se haya evidenciado la misma preocupación cuando la propia Juliana Awada fue denunciada por supuesta explotación de menores.

Pero aun así, la marca presidencial Cheeky no es la única que apela al costo negro. Según La Alameda, en Capital Federal funcionan desde hace años unos 3 mil talleres clandestinos. Sin embargo, la respuesta del gobierno porteño siempre fue nula. Sólo se mencionó el tema entre las preocupaciones oficiales luego de que desde el sótano de un taller en Floresta el fuego se cobrara la vida de dos chicos de 7 y 10 años a principios de 2015.

El REPRO

Lo halaga y lo celebra, pero el informe concluye que el programa de «Recuperación Productiva» (REPRO) de apoyo a las empresas en situación de crisis tenía un carácter “discrecional” durante la gestión anterior. Por tanto, la solución PRO fue directamente paralizar las ayudas: según datos del propio Ministerio de Trabajo, hacia principios de este mes sólo se concedieron el 12,5% de los pedidos de apoyo recibidos.

@fdalponte