Nacionales

9 junio, 2016

CABA: 20 familias se organizan mientras esperan fecha de desalojo

La Justicia confirmó el desalojo del hotel de Brasil 1517, desoyendo el pedido de postergación de las 20 familias que lo ocupan. Piden tiempo para avanzar en una solución habitacional definitiva, mientras avanza la organización en cooperativa y posibles líneas de crédito. Asambleas, difusión y una vigilia están planteadas para resistir el desalojo.

La Justicia confirmó el desalojo del hotel ubicado en la calle Brasil 1517 en la Ciudad de Buenos Aires, desoyendo el pedido de postergación de las 20 familias que lo ocupan. Piden tiempo para avanzar en una solución habitacional definitiva, mientras avanza la organización en cooperativa y posibles líneas de crédito. Asambleas, difusión y una vigilia están planteadas para resistir.

El juez interviniente en la causa decidió este miércoles no hacer lugar al pedido de suspensión del desalojo del hotel familiar en el barrio de Constitución. Entre las familias hay niños y personas discapacitadas que reclaman una extensión de plazos que les permita avanzar con procesos de relocalización a partir de la conformación de cooperativas de vivienda y la negociación de líneas de crédito en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Desde Notas dialogamos con Augusto Spinelli, militante de Patria Grande, una de las organizaciones que viene apoyando el reclamo de los inquilinos, quien comentó: “Es un lugar que funcionaba como hotel, que fue subalquilado durante muchos años hasta que el que lo regenteaba desapareció de un día para el otro. Ahí las familias le ofrecieron a la propietaria seguir pagando la cuota de alquiler, pero ella se negó y les inició un juicio de desalojo. De esto hace aproximadamente siete años”.

Spinelli plantea la necesidad de “encuadrar la situación, que parece específica y aislada del desalojo, en las políticas públicas excluyentes del macrismo” y explica que “la gente ni siquiera pretende quedarse ahí, y mucho menos sin pagar, sino que está trabajando para exigirle al gobierno una solución habitacional definitiva”. En ese sentido se han tenido reuniones con el IVC para gestionar líneas de crédito específicas, mientras avanza la conformación en cooperativa de los inquilinos en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Durante los dos primeros años del juicio, la defensa de los inquilinos estuvo a cargo de un abogado particular y luego continuó sin ningún defensor fijo, con intervenciones esporádicas de la Defensoría del Menor (ya que hay 17 niños viviendo en el hotel, además de tres personas discapacitadas) que obtuvieron una serie de dilaciones ante los pedidos de desalojo de la dueña del inmueble.

En los últimos meses, ante el agravamiento de la situación judicial, las familias avanzaron en su proceso de organización, realizando asambleas periódicas (algunas con la participación de más de cien personas, como la de la semana pasada), difundiendo la problemática en el barrio y sumando a la lucha a diversas organizaciones políticas y sociales, entre las que se cuentan, además de Patria Grande, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) y Seamos Libres.

También se conformó una coordinadora con otros colectivos de familias que enfrentan situaciones similares de desalojo (el edificio de la calle Pavón 4127 y el de Santa Cruz 140, conocido como “El toallero”), mientras el Movimiento de Profesionales para el Pueblo (MPP) se ocupa de brindar asesoramiento jurídico.

“Hace un par de semanas llegó el oficial de Justicia diciéndoles que iban a ser desalojados entre el 10 y el 12 de junio. Ahí nosotros presentamos un par de escritos, uno de ellos exigiendo la suspensión del desalojo, que pensamos que iba a tener un efecto suspensivo porque estaba en sintonía con la posición en contra del desalojo de la Defensoría de Menores. Pero el miércoels nos enteramos de que el juez sin embargo decidió confirmar el desalojo”, añadió Spinelli.

Ante esta decisión judicial se decidió junto a los inquilinos y presentar un nuevo escrito exigiendo a la Justicia que confirme una fecha concreta de desalojo “porque las familias tienen derecho a saber la fecha en que van a ser desalojadas”. En ese contexto los inquilinos decidieron convocar a una “choripaneada” para la noche de este jueves, mientras que sigue planteada una vigilia de resistencia para la noche previa a la fecha definitiva del desalojo, cuando sea confirmada por la Justicia.

 

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