8 junio, 2016
La inacción de la Justicia ante el embarazo de la niña wichi violada
La situación de la niña que sufrió violación colectiva dejó al descubierto la inoperancia de la Justicia salteña que no sólo retrasó su intervención sino que evitó aplicar los protocolos correspondientes. La niña de 12 años fue sometida a cesárea por tratarse de un caso de gestación de feto anencefálico.
El pasado 3 de junio, mientras en más de 200 puntos del país se desarrollaba la masiva manifestación exigiendo ni una mujer asesinada más y reclamando por derechos de las mujeres, a una niña de la comunidad wichi le realizaron una operación cesárea en el Hospital Materno Infantil de Salta capital. Esto sucedió tras haberse comprobado que se trataba de un caso de gestación de un feto anencefálico.
Esta práctica se podría haber evitado si la familia y la niña hubiesen sido informados sobre el derecho a realizarse un aborto no punible y hubiesen tenido así la posibilidad de elegir. Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito esto constituye “un caso de violencia obstétrica e institucional (Ley 26.485 y 25.929 de parto humanizado), vulnerando los derechos humanos de la niña a ser oída y en desconocimiento de las leyes que protegen sus derechos como paciente (Ley 26.529)”.
El caso tomó visibilidad en los medios en estos últimos días aunque ya van siete meses de una sucesión de vulneración de derechos tras otra. La niña, cuyo nombre no fue revelado para resguardar su intimidad, vive en Lhaka Honha (Nuestra Tierra) en Alto la Sierra de Salta. Tiene 12 años y en noviembre de 2015 fue víctima de una violación colectiva por hombres que no pertenecen a su comunidad.
Su padre hizo la denuncia y un médico boliviano brindó atención médica. En la consulta comprobó que la niña había sido abusada pero no pudo firmar el acta ya que su título no está revalidado en Argentina. En su lugar, un bioquímico prestó la firma y este detalle fue utilizado por la defensa para favorecer a los acusados.
La Justicia salteña actuó ante la denuncia pero dilató los tiempos y, aunque pudo haber aplicado el protocolo de aborto no punible, no lo hizo. La reglamentación indica justamente que, en casos de violación, la víctima tiene el amparo legal de abortar de manera segura. Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron: “A pesar de encuadrar su caso en los contemplados como legales en el Código Penal argentino (Art 86) y ratificado esto en el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la niña no tuvo acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, viéndose obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante siete meses”.
Los acusados en libertad
El juez de la causa decidió dejar en libertad a los cinco acusados de la violación a pesar del pedido del fiscal Arman Cazón. Tanto Omar Arias de 19 años, Javier Mansilla y Sebastián Salvatierra de la misma edad, como Luis Lamas de 22 años fueron detenidos hasta el 4 de marzo. A principios de junio, el juez Fernando Mariscal Astigueta decidió que no hay pruebas que los incriminen y tampoco riesgo de fuga.
El mismo día en que la niña fue sometida a la cesárea de urgencia, uno de los cinco responsables de la violación colectiva quedó detenido. Pero la detención se realizó por no haberse presentado a declarar y no por los hechos por los cuales se lo acusa.
Una amiga de la víctima se presentó esta semana ante la justicia y declaró que estuvo presente en el momento en el que el grupo de hombres las interceptó y se llevó por la fuerza a la menor. Dijo nombre por nombre quiénes fueron los culpables del secuestro y la posterior violación.
El reclamo de los organismos de derechos humanos
La delegación provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó una denuncia por discriminación contra cuatro ministerios: Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos y Justicia. La razón fue la inacción que mantuvieron al conocer la denuncia de violación. Todos ellos debieron intervenir en ese momento y no siete meses después.
También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) expresaron su “profunda preocupación por un gravísimo caso de violencia de género ocurrido en el territorio de las comunidades”.
El documento denuncia “un serio desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia”, al no aplicar “el Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales”.
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